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El Gobierno español entra en contradicciones a través de las expresiones de sus funcionarios y voceros, en este caso respecto a la modificación de la reglamentación sobre la información. Afirman los socialistas que lo que quieren llevar a cabo es recoger las inquietudes de los diputados del Congreso... ¿De todos los diputados? Por favor, eso es de risa...
No resulta una novedad que los medios no voceros del Gobierno discrepen públicamente de esta estafa mediática de la izquierda. Tampoco es una novedad que el Gobierno se reafirme en su posición frente a una catarata de críticas a una medida que, más allá del periodismo, afecta a distintos actores de la sociedad, incluso al mundo empresarial.
Lo que pretende aplicar el poder ilegítimo de este Gobierno izquierdista verá limitado el acceso a la información veraz, una información vital para la toma de decisiones en el ámbito social, laboral y económico de nuestro país.
Hemos de tener en cuenta que ante la falta de información oficial de calidad se incentiva el mercado ilegal de las filtraciones, que pueden ser de fuentes dudosas y poco fiables, o administradas de manera arbitraria por los medios voceros.
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