Derecho a una vivienda

La vivienda es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, la realidad en España muestra una brecha creciente entre este derecho y la capacidad real de acceso a una vivienda digna, tanto en alquiler como en propiedad. Esta problemática se agrava por el desajuste de los salarios y el coste de la vida, haciendo que cada vez más personas se enfrenten a dificultades insuperables para tener un hogar adecuado.

En los últimos años, España ha experimentado un aumento significativo en el precio de la vivienda, según datos del Banco de España, desde 2015 los precios de compra han aumentado un 47% y los alquileres un 58%, este incremento desproporcionado contrasta con el crecimiento de los ingresos de los hogares, que no han seguido el mismo ritmo, esto ha llevado a una situación donde muchas familias y jóvenes se encuentren excluidos del mercado de la vivienda.

La falta de viviendas asequibles es un problema crítico, la oferta de vivienda social es muy insuficiente y la construcción de nuevas no ha logrado satisfacer ni la mitad de la demanda.

La compra de viviendas por parte de inversores, tanto nacionales como extranjeros, ha inflado los precios. La especulación inmobiliaria convierte a la vivienda en un bien de inversión más que en un derecho básico. El auge de plataformas ha reducido la disponibilidad de viviendas para alquiler de larga duración, aumentando los precios y dificultando aún más su acceso.

La brecha entre los ingresos de los ciudadanos y el coste de la vida, especialmente en áreas urbanas, sigue creciendo, los salarios no han aumentado al mismo ritmo, creando una presión insostenible sobre las finanzas de las familias.

Los jóvenes y no tan jóvenes son los más afectados, su imposibilidad para acceder a una vivienda propia, les obliga a permanecer en el hogar familiar durante más años, retrasando su independencia y afectando su desarrollo personal y profesional, si es que lo consiguen, debido a los salarios que cobran.

La lucha constante por encontrar y mantener una vivienda adecuada genera altos niveles de estrés y ansiedad, ya que no ven vías de futuro para salir adelante.

Aumentar considerablemente la construcción de viviendas sociales y asequibles es crucial, esto requiere un compromiso político y una inversión significativa para crear un stock de viviendas que pueda satisfacer la demanda, algo que se ha prometido y no se ha cumplido.

Es necesario regular el mercado para evitar la especulación y garantizar que la vivienda no sea un bien puramente de inversión, esto incluye imponer límites a los alquileres vacacionales y fomentar el alquiler de larga duración.

Los salarios deben incrementarse de manera que reflejen el coste real de la vida, que puedan cubrir todas las necesidades básicas.

Hacer valer el derecho a la vivienda y políticas públicas que lo respalden, que no tengan que tener dos trabajos porque no llegan a fin de mes, esto denota que en ninguno de ellos se está cobrando lo suficiente para llevar una vida digna.

España enfrenta una escasez significativa de viviendas, según el Banco de España se necesitan alrededor de 600.000 viviendas adicionales para 2025.

Aunque se suele culpar a los fondos buitre de acaparar cantidad de viviendas para explotarlas, en realidad poseen solo el 8% de ellas, la mayoría está en manos de pequeños propietarios y particulares.

Implementar programas de apoyo, como avales ICO, para ayudar a los ciudadanos con menores ingresos, para acceder a la vivienda, es muy importante y fundamental que el gobierno, las comunidades autónomas y los agentes privados trabajen juntos y que tomen soluciones urgentes, porque las palabras se las llevó el viento, se necesitan hechos probados y reales.