La ONU pide proteger más la privacidad ante las nuevas tecnologías

El derecho a la privacidad debe quedar a resguardo en medio del desarrollo de nuevas tecnologías en todo el mundo, plantea experta de la ONU. La seguridad y protección de los datos, especialmente los de los niños, debe estar entre las prioridades cuando se adapten las leyes nacionales a la nueva realidad tecnológica. Imagen: Resonancia Científica

NACIONES UNIDAS – Una experta en derechos humanos de las Naciones Unidas planteó, ante la Asamblea General de la organización, que las instituciones y los países actualicen las medidas para proteger ante las nuevas tecnologías los datos personales y la privacidad, en un informe divulgado este jueves 24.

Las nuevas tecnologías “siempre han sido grandes compañeras en nuestra búsqueda de desarrollo y progreso, pero también generan una serie de riesgos inherentes a su uso y evolución”, advirtió Ana Brian Nougrères, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad.

La jurista uruguaya dijo que el eje de la propuesta es actualizar los “Principios rectores sobre la reglamentación de los ficheros computadorizados de datos personales”, propuestos por la Asamblea General en su resolución 45/95 del 14 de diciembre de 1990.

Brian Nougrères expuso que internet, las redes sociales digitales, la recopilación internacional de datos (big data), la computación en la nube, la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes, la realidad virtual y las neurotecnologías plantean nuevos desafíos para proteger los datos personales y la privacidad.

Una decena de avances tecnológicos de la mayor importancia no se habían producido cuando la Asamblea General aprobó su resolución de 1990, señaló la experta, que actúa en el conjunto de relatores independientes bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Entre ellos mencionó el surgimiento y la popularización de Internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales digitales, la computación en la nube, y los macrodatos que permiten realizar análisis sofisticados y adoptar decisiones sobre la base del procesamiento de grandes cantidades de datos.

También señaló a la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la realidad virtual, los vehículos autónomos, y las neurotecnologías que permiten conocer minuciosamente el cerebro y obtener información neuronal de las personas, datos extremadamente sensibles según destacó Brian Nougrères.

Se refirió al ciberespacio como “el escenario en que convivimos millones de personas en el mundo”, para subrayar que “la realidad socio-tecnológica actual no era la que existía cuando se emitieron las primeras regulaciones sobre la protección de datos personales”.

Por ello, los Estados y las instituciones deben revisar las leyes nacionales que toquen esas materias sensibles, armonizar los documentos de procesamiento de datos, modernizar conceptos e incorporar un enfoque de derechos humanos, para salvaguardar el derecho a la privacidad y proteger los datos de las personas.

Debe atenderse un conjunto de principios, según la especialista, tales como legalidad, proporcionalidad, no discriminación, la protección especial de datos sensibles y de los niños, la confidencialidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Por ejemplo, quienes desarrollan inteligencia artificial deben ser transparentes con relación a cómo se tratan los datos (cómo se recopilan, almacenan y utilizan), y con relación a la forma en que se toman las decisiones basadas en la inteligencia artificial, su confiabilidad, y la información.

Las personas afectadas por las decisiones tomadas a partir de la inteligencia artificial “merecen una explicación clara, sencilla, completa, veraz y comprensible de la motivación de esa decisión y, en ese sentido, el principio de explicabilidad es de cardinal importancia”, según Brian Nougrères.

Finalmente, la relatora pidió la inclusión de una cláusula humanitaria.

Los Estados deberán “adoptarán medidas especiales sobre el procesamiento de datos personales para facilitar y apoyar la acción humanitaria destinada a proteger y ayudar a las personas vulnerables en el contexto de conflictos armados, violencia, desastres naturales o situaciones de emergencia”, propuso la responsable.

A-E/HM - Fuente: IPS