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El ministerio de Sanidad anunció hace aproximadamente un mes un protocolo para elaborar listados de médicos objetores de conciencia del aborto y garantizar que ninguna comunidad autónoma pueda ampararse en “ese vacío legal”. Su titular justificó la iniciativa en la consideración del aborto “libre y seguro” como un derecho fundamental, así como en la necesidad de que esta práctica se consagre en la sanidad pública. Durante su intervención, aseveró también que “muchas voces quieren retraer a España a tiempos pretéritos”.
Arremeter contra el aborto puede parecer inútil porque ya se han ofrecido muchas veces argumentos biológicos, jurídicos y éticos y, aun así, difícilmente va a tener marcha atrás, como ocurre con otros supuestos derechos de nueva creación. Ahora bien, apremia recordar al Gobierno que un amplio sector social no va a comulgar con su naturalización ahora ni nunca. Toca volver, por tanto, a este tema; claro que sí. No hay que ceder ni un milímetro.
Para ello, hay una premisa de cajón: un grupo de seres humanos no puede decidir eliminar a otro grupo de seres humanos. Amparar esa decisión como un derecho, además, es un delirio. Es cierto que sus defensores suelen alegar que no está claro que los fetos lo sean. ¿Y por qué no?, cabría preguntar, ¿por un reloj? ¿Se puede resolver la naturaleza humana en función de que la manecilla haga ‘tic’ y el embrión haya alcanzado equis semanas y un segundo? No tiene peso. La organización del tiempo la hemos hecho los hombres. Sin embargo, se es persona por haber sido concebido dentro de nuestra especie. Punto final.
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