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En el asunto de Telefónica no es cuestión menor que el gobierno de Sánchez, acechado por alargadas sombras de corrupción, sabe que el desarrollo judicial de esos casos puede depender de datos clave que están en poder de Telefónica. En su día, Sánchez ya dejó claro de quién dependía la Fiscalía; parece claro qué es lo que pretende con la denominada popularmente como “Ley Begoña”, con efectos retroactivos que llevan nombres y apellidos de imputados cercanos al presidente; y también el sentido de cambiar los mecanismos para elegir a los consejeros del ente público Radio Televisión Española.
Todo este despliegue de un gobierno, parlamentariamente tan débil, socava el equilibrio de poderes esencial en una democracia, y sólo se explica por la intención de poner las bases para que al sanchismo le resulte más fácil mantenerse en el poder contra viento y marea.
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