En mayo del 2024, leía en la prensa lo siguiente: "la democratización de la justicia pasa por quitarle al CGPJ la competencia de elegir a su voluntad a los jueces del Supremo y por establecer un procedimiento objetivo de ascensos basado exclusivamente en los méritos de los candidatos".
Por entonces, y más tarde, escuché cosas sobre la “Acusación Popular” y sobre la “Guerra Judicial”. Esa acusación que ejercen tan abundantemente ciertas organizaciones de la derecha extrema. Esa guerra que supuestamente practican ciertos jueces contra sus adversarios.
Y el pasado martes, 18 de febrero, en Barcelona asistí a una conferencia o discurso sobre la justicia: “Reformar la Justicia. ¿Cómo? ¿Para qué?” (...). Para que entren los mejores, para aligerar la cosa, para que sea más, si cabe, un servicio publico.
Entré con muchas dudas sobre la democracia, sobre esos que acusan sin verificar, y sobre esos que “acosan” o guerrean.
Entré con dudas y salí con un par de certezas. Una: para que todo el espectro ideológico esté representado, y también las clases bajas, el sistema de ingreso y progreso dentro de la estructura, necesita cambios. Dos: el fundamento del caso contra el FGE es, por lo menos, discutible.
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