​Qué implica ser aforado y quiénes lo son en España

El término "aforado" puede no ser familiar para todos, pero en España, este estatus jurídico especial es crucial en el contexto del sistema legal y político del país. Ser aforado significa que una persona tiene un fuero especial en cuanto a dónde y cómo puede ser juzgada. Tradicionalmente, este privilegio se ha reservado para altos cargos de la política y la judicatura, con el objetivo de proteger la independencia de sus funciones y decisiones frente a posibles acusaciones o influencias indebidas.

Hemiciclo del Congreso - Foto de Ricardo Rubio - Europa Press

¿Quiénes son aforados?

En 2025, se estima que existen unos 18.000 aforados en España, incluyendo a miembros del Gobierno, diputados y senadores, así como jueces y fiscales. Este número también abarca a cargos políticos autonómicos, como los presidentes de comunidades y los parlamentarios regionales, aunque autonomías como Cantabria, Murcia, Canarias, Baleares, La Rioja y Aragón han eliminado los aforamientos para sus diputados y miembros del gobierno regional.

Por lo que respecta al rey de España, su figura ocupa una posición única en términos legales, estando por encima del aforamiento tradicional. Según la Constitución Española de 1978, el rey no solo está aforado, sino que es inviolable y no sujeto a responsabilidad. Esto significa que no puede ser acusado ni juzgado por ningún tribunal; su figura está completamente exenta de acciones legales. Este estatus refleja la función constitucional del monarca como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, diseñado para garantizar la neutralidad política del jefe de Estado y proteger la estabilidad institucional del país.

Protección legal especial

El principal beneficio del aforamiento es la protección legal que ofrece. Un aforado no puede ser procesado o investigado por un tribunal ordinario. En lugar de eso, sus casos son elevados a tribunales superiores, como el Tribunal Supremo para los miembros del Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia en el caso de los cargos autonómicos. Esta medida busca evitar que las instancias judiciales inferiores puedan ser utilizadas para maniobras políticas o acoso judicial, proporcionando un nivel adicional de seriedad y rigor en el proceso.

Fachada del Tribunal Supremo - Foto de Carlos Luján - Europa Press

Controversias y críticas

Aunque la intención del aforamiento es proteger la integridad de las funciones públicas, no está exento de críticas y controversias. Muchos consideran que este fuero especial puede conducir a una justicia de dos velocidades, donde los aforados disfrutan de una impunidad relativa frente a delitos comunes. Además, el proceso para desaforar a alguien es complicado y requiere de un procedimiento específico en el Congreso o el Senado, lo que añade una capa de protección que algunos críticos consideran excesiva.

En respuesta a estas preocupaciones, ha habido movimientos y propuestas legislativas para reducir el número de aforados en España. Partidos políticos de diversas ideologías han planteado la necesidad de limitar este estatus solo a aquellos cargos cuyas funciones justifiquen claramente una protección especial, como el Presidente del Gobierno y los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

El debate actual

El debate sobre el aforamiento sigue siendo un tema caliente en la política española en 2025. Los defensores argumentan que es esencial para proteger la independencia del poder judicial y político, mientras que los detractores abogan por una reforma profunda que acerque a los políticos y jueces al régimen común de responsabilidades.

Con el aforamiento profundamente arraigado en la estructura política y judicial de España, cualquier cambio significativo requerirá un consenso amplio y un debate riguroso. Lo que está claro es que la opinión pública está cada vez más informada y preocupada por asegurar que nadie, sin importar su posición, esté por encima de la ley.