
Minas antipersonales halladas y desactivadas por efectivos militares de Colombia en el oriental departamento del Meta, escenario de confrontación con fuerzas irregulares. En todo el mundo estos dispositivos activados o abandonados afectan no solo a los combatientes sino sobre todo a los civiles que habitan las zonas rurales donde se desarrollan los conflictos. Imagen: Armada de Colombia
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó este viernes 4 a sostener las campañas para la proscripción de las minas antipersonales, justo cuando países de Europa oriental se han propuesto incorporarlas o reincorporarlas a sus arsenales.
“En todo el mundo, más de 100 millones de personas corren el riesgo de sufrir por minas terrestres y restos explosivos de guerra. Incluso cuando las armas de fuego se silencias, siguen matando civiles indiscriminadamente y obstaculizando los esfuerzos de desarrollo”, escribió Guterres en sus redes sociales.
Agregó un pedido para que “en el Día de Concienciación Sobre Minas -cada 4 de abril-, comprometámonos a construir un futuro más seguro”.
La ONU advirtió que el uso de estas armas se está expandiendo, lo que coloca en un alto riesgo a los civiles, a los trabajadores humanitarios y al personal de la organización dedicado a las operaciones de desminado.
El gobierno de Finlandia ha confirmado oficialmente su decisión de salirse de la Convención de Ottawa, el tratado internacional que desde 1999 prohíbe la fabricación, uso, almacenamiento y transferencia de minas antipersonales.
La medida, que se ha presentado como una estrategia de defensa nacional, busca reforzar la seguridad en la extensa frontera oriental del país, que limita con Rusia.
Ese movimiento sigue al anuncio de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, conocido el 18 de marzo, de su intención de retirarse de la Convención, también con el motivo de fortalecer su capacidad defensiva ante un posible conflicto terrestre.
El año pasado Estados Unidos autorizó a Ucrania para que use minas antipersonales de fabricación estadounidense en la guerra contra Rusia, desatada con la invasión de fuerzas rusas en febrero de 2022.
Desde su aprobación en 1997, la Convención de Ottawa ha obtenido la ratificación o adhesión de 164 países.
Guterres también llamó a ratificar e implementar la Convención sobre Municiones en Racimo y la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales.
“Insto a los Estados a que cumplan los compromisos globales incluidos en el Pacto para el Futuro recientemente aprobado, a que no utilicen armas explosivas en zonas pobladas o limiten su uso, y a que apoyen todos los esfuerzos para poner fin a la amenaza de las municiones explosivas”, expresó Guterres.
En América Latina el caso más destacado de minas antipersonales es el de Colombia, cuyo conflicto de más de medio siglo entre guerrillas, el Estado y paramilitares castigó y aún afecta tanto a los contendientes como a la población civil en las zonas rurales.
Desde 2006 se registraron en Colombia 12 540 víctimas por minas antipersonales y municiones sin explosionar. El año más crítico fue precisamente 2006, con 1.224 casos reportados, y en lo que va de 2005 se han sumado ocho nuevas víctimas.
Durante esos 19 años cubiertos por un programa de desminado, perecieron 2361 personas por la explosión de esos artefactos, y 10 179 quedaron heridas o mutiladas.
En conflictos en Asia, como los vividos en Afganistán, Myanmar, Siria, Yemen y territorios palestinos, y en los de África como los de la República Democrática del Congo y Sudán, las minas terrestres y los artefactos explosivos improvisados siguen afectando de forma desproporcionada a la población civil.
Solo en Somalia el año pasado la explosión de 597 artefactos causaron más de 1400 víctimas. Entre los Estados que no son miembros de la convención antiminas figuran China, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Irán, Israel, Myanmar y Rusia.
En 2023 hubo al menos 5757 nuevas víctimas de minas terrestres y restos explosivos de guerra en 53 países y en otras dos áreas, con 1983 muertes. Fueron civiles 84 % de las víctimas, y 37 % niños y niñas.
A-E/HM - Fuente: IPS
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