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Trump firma un nuevo veto migratorio que busca evitar la oposición judicial | |||
| Busca paliar la suspensión de su anterior decreto | |||
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En esta ocasión Irak queda fuera de la lista negra de países, en la que siguen Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y se excluye a las personas que ya tuvieran un visado concedido. La prohibición durará 90 días, el plazo que se da la Administración para estudiar las medidas para mejorar los exámenes de seguridad. Irak ha sido retirado de la lista debido al papel ejercido por el Ejército iraquí en la lucha contra los milicianos del grupo terrorista Estado Islámico y a la decisión de las autoridades del país de poner en marcha una serie de medidas para frenar el flujo de emigrantes. "Tras las negociaciones que han tenido lugar entre el Gobierno de Irak y el Departamento de Estado durante el mes pasado, Irak va a incrementar la cooperación con el Gobierno estadounidense sobre el proceso de escrutinio de los ciudadanos que soliciten un visado para viajar a Estados Unidos", ha informado el Departamento de Seguridad Interior. A cambio, la orden ejecutiva ordena la creación de una lista de países que no aporten información suficiente de los ciudadanos que quieran entrar en Estados Unidos. Los ciudadanos de estos países también tendrán prohibida la entrada. La orden ejecutiva se aplicará en fases durante las dos próximas semanas para evitar el caos generado con la aplicación de la orden del 27 de enero, con personas a las que la medida sorprendió en pleno vuelo, han explicado responsables del Departamento de Seguridad Interior. También se modifica la prohibición de entrada para refugiados de Siria, indefinida en la primera versión de la orden y de 120 días en la nueva redacción. En cambio, se mantiene la reducción de 110.000 a 50.000 del máximo de refugiados que puede acoger Estados Unidos durante el año fiscal 2017. MENOS POMPA También contrasta la presentación de la orden ejecutiva. Mientras que en enero Trump compareció con toda la pompa ante la prensa para firmar el texto, ahora el presidente la ha firmado en privado para mantener un "perfil bajo", según fuentes de la Casa Blanca. De hecho, la firma de la nueva orden se ha retrasado una semana para facilitar la coordinación con las agencias federales y maximizar el impacto en la opinión pública. Sin embargo, la Administración defiende la necesidad de restringir estos viajes para mejorar la seguridad. "La basta mayoría de individuos condenados por terrorismo y delitos relacionados con el terrorismo desde el 11-S provienen de fuera del país", recordaba el martes Trump en su comparecencia ante el Congreso. Este lunes, los portavoces del Gobierno han recordado que las agencias de seguridad están investigando a 300 "refugiados" por sus relaciones con grupos "terroristas islámicos radicales" o afines al Estado Islámico. Algunos de ellos habrían logrado incluso el permiso de residencia permanente. Sin embargo, los portavoces no han querido dar más detalles al respecto ni han concretado cuántos de estos 300 investigados proceden de los países incluidos en la lista negra de Trump. "EL MISMO ODIO CON DISTINTO ENVOLTORIO" Grupos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han expresado ya su rechazo a la nueva orden ejecutiva de Trump, que consideran "el mismo odio, el mismo miedo con distinto envoltorio". "Esta orden supone el mismo odio y miedo con un nuevo envoltorio. Causará un miedo e incertidumbre extremos a miles de familias al convertir el odio antimusulmán en práctica política", ha afiramdo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, Margaret Huang. Para Huang, "por mucho que se cambie no se puede evitar que sea lo que es: intolerancia flagrante". "Hay amenazas reales a la seguridad, pero esta orden intolerante no hará que el país sea más seguro", ha apostillado. Amnistía considera que cerrar las fronteras a la gente que huye de la violencia, "ya sea de Siria o de Honduras", solo "intensifica la crisis de los derechos humanos en todo el mundo". "Es inhumano, tiene poca visión de futuro y va contra nuestros valores compartidos. El Congreso tiene que intervenir de inmediato para bloquear esta orden", ha sentenciado Huang. Para HRW, la renovada orden ejecutiva sigue perjudicando a los refugiados y a los ciudadanos estadounidenses. "Aunque la nueva orden repara los problemas legales que impidieron la aplicación de la orden del 27 de enero, debilita gravemente el programa de refugiados estadounidense e impone vetos nacionales sin demostrar amenaza alguna a la seguridad", ha argumentado el grupo. |
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