El PSOE y Ciudadanos han sumado fuerzas para que el Congreso repruebe tanto al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, por sus "maniobras" para "obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales" frente a determinados casos de corrupción, como al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por su "respaldo" a esas "inaceptables actuaciones", y para exigir al Gobierno que destituya a ambos.
En una proposición no de ley registrada conjuntamente en el Congreso para su debate en el Pleno, PSOE y Cs plantean que la Cámara Baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones". Asimismo, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites necesarios para hacer efectiva su destitución.
Concretamente, el texto registrado este miércoles se refiere a la 'operación Lezo', en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su actuación presuntamente delictiva en el Canal de Isabel II, a la investigación que afecta al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y al 'caso del tres por ciento' en Cataluña.
El acceso a una vivienda, sobre todo en propiedad, sigue siendo uno de los principales problemas en nuestro país. Actualmente, en España hay de media tan solo 14,83 viviendas a la venta por cada 1.000 habitantes, una cifra que se ha reducido en solo seis meses un 4,43% (en julio de 2024 ese dato ascendía hasta las 15,52 viviendas por cada 1.000 habitantes) y que apenas cubre la demanda existente.
La próxima Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en Madrid, España, en 2026, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en una rueda de prensa con el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand. De cara a esta cita, España quiere promover una etapa de reflexión de los métodos de trabajo del sistema iberoamericano para ganar en eficacia y en la mejora de calidad de vida de las personas.
Después de casi 11 meses de negociación entre ministerio y sindicatos sin haber llegado a acuerdo alguno con la patronal, el Consejo de Ministros celebrado ayer martes ha dado luz verde al anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, que beneficiaría a 12 millones de trabajadores, aproximadamente.
