Más de 30 imputados, aunque no están todos los que fueron y sólo habamos de una de las muchas entidades llevadas a la ruina por nuestros políticos. Es la decisión adoptada, después de estudiada la denuncia interpuesta por UPyD, por el juez Andreu de la Audiencia Nacional en relación con los responsables de la quiebra de la cuarta entidad financiera española; banca pública que muestra al respetable, sin pudor ni vergüenza, los siempre nefastos resultados de la intervención del Estado en la economía. Y, ojo, que no se trata en este caso de las acciones preferentes, escándalo que salpica a la mayoría de entidades financieras de nuestro país y sinvergonzada sólo posible en un país completamente carcomido por la corrupción propia de un sistema de economía mixto, en donde no funcionan las instituciones y la ausencia de controles es galáctica, que diría Leire Pajín . Como testigos tendrán que declarar ante Su Señoría Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias MAFO, (Gobernador del Banco de España por la gracia de ZP) y Segura (Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores). No las deberían de tener todas consigo por eso de la culpa in vigilando. Falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida son los tipos penales en que presuntamente se subsumirían el comportamiento de los administradores de Bankia.
La Fiscalía aduce que el mero hecho de pertenecer a un consejo de administración no es suficiente para ser “genéricamente” imputado. El mismo argumento ha sido utilizado hace escasas horas por el ministro Arias Cañete para criticar al magistrado. Por cierto, el sindibanquero también tendrá que comparecer ante la Justicia. UGT y CCOO callan. Los del PSOE, como el de IU, que se sentaban (y cobraban) en Bankia han presentado petición de suspensión voluntaria de militancia. Ni qué decir tiene que la fiscalía, ese órgano absolutamente dependiente del gobierno, de todos los gobiernos, se opone también a la intervención judicial de Bankia, solicitada por los denunciantes, que supondría la salida inmediata de la presidencia de Goirigolzarri, ese señor que llega y pide miles de millones a boleo. ¡Ahora que nos hemos aprendido su nombre! Qué mala uva.
Se trata de evitar, piensa mal y acertarás, que alguno de los imputados decida cantar y contarle al juez qué criterios se seguía, por ejemplo, a la hora de conceder créditos millonarios a constructores, medios de comunicación –Cebrián, ven y cuéntalo, le podría decir Rosa Díez- o incluso a partidos políticos.
Porque, todos lo sabemos, las cajas de ahorros, que en sus orígenes cumplían una gran función social, devinieron con el tiempo y el intervencionismo socialdemócrata en bancos públicos gestionados por políticos con criterios políticos. Y eso, junto con una estructura territorial inviable política y económicamente, es lo que ha provocado que España esté como está. Ahí tienen el bosón.
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