La imagen más patética, mezquina y abominable de nuestra realidad actual se produjo ayer en el congreso, cuando la totalidad de los diputados del PP, puestos en pie, regalaron una cerrada y pelotillera ovación al presidente del gobierno, tras anunciar éste que condenaba a la miseria al grueso de la ciudadanía española con el decreto de un ignominioso conjunto de medidas que sólo –sólo, repito- serán aplicables contra las clases medias y bajas, y de las que quedarán exentos, e incluso se beneficiarán ostensiblemente, todos los ricos, además, por supuesto, de la infame y vergonzante clase política. Un repugnante y falaz discurso que concluyó el presidente asegurando que al final de todo este sacrificio –como si lo fuera para él, los suyos o quienes estaban tan encantados aplaudiendo la miseria de los españoles-, se recogerán los frutos, debiéndose referir, sin duda alguna, a sus propios beneficios personales, los de los miembros de su partido o los de los que se benefician tanto con estas medidas, pues que la ciudadanía siempre ha perdido, incluso cuando las situaciones económicas nacionales fueron particularmente bollantes, tal y como sucedió en los años de opulencia en que los ricos ganaban los millones a paletadas y los políticos derrochaban como nuevos ricos, mientras los ciudadanos se pudrían en el desempleo (más del 16%), los jóvenes no tenían trabajo (más del 40%), los jóvenes titulados carecían de expectativas (más del 50%) e imperaba el subempleo y el contrato-basura. Cuando los tiempos fueron buenos para España, fueron malos para los trabajadores, y ahora que son malos para España (excepto para ricos y políticos), son horribles para ellos. Los ciudadanos, en fin, siempre han perdido desde que estos denigrantes políticos están ahí corrompiéndolo todo y mirando por sus propios intereses -¡y colocando a todas sus camadas en la Administración-. Cuestión de corrupción moral, política y económica.
Sólo quien es rehén de poderes ajenos o está sirviendo a intereses espurios puede considerar que esas medidas son adecuadas, posibles o capaces de conseguir otra cosa que multiplicar la miseria e incendiar la sociedad, empujándola a callejones sin salida. Reducir tan seviciosamente las posibilidades de supervivencia de las clases menos favorecidas no sólo es cruel y miserable, sino que no puede reportar sino problemas generales a la población, incluida la que se cree que está a salvo. Los que parece que van a tener trabajo de sobra, son los antidisturbios, porque a las capas más nutridas de la sociedad las han empujado con esto a la reclamación continua por distintas vías, siendo más que previsible un aumento considerable de la violencia generalizada, ya como consecuencia de que se disparará la delincuencia, ya como efecto de los previsibles roces que se producirán entre vindicantes y pastores. Todo esto, unido a una disminución galopante del consumo a todos los niveles y de un aumento considerable de la desconfianza ciudadana hacia el gobierno y sus instituciones –incluidas las bancarias-, va a disparar la desesperación social, el desempleo y el extremismo hasta cotas que no veíamos desde tiempos previos al advenimiento de la II República. La sociedad, con las aberrantes medidas que ha ido tomando incesantemente el PP, tal y como quedó evidenciado con el vergonzoso aplauso de sus deplorables diputados –además de con las chulescas e inaceptables declaraciones de la inepta Esperanza Aguirre sobre la Marcha Negra-, han dividido a la sociedad en probablemente dos segmentos irreconciliables.
Nadie en su sano juicio, que no saque estupendos beneficios de estas medidas que han orillado a la mayor parte de la población en la ribera de la supervivencia extrema, puede considerar que hay en ellas nada positivo o factible de generar ninguna clase de ventaja. Fuera del PP, el gobierno con minúscula y esas insaciables alimañas de la infame Europa, la mayoría de los medios internacionales independientes (que son de las bestias del NO), vaticinan una consecuencia lógica de más recesión, desempleo y conflictos sociales, previniéndose una suerte de Primavera Española. Y su razón no les falta, porque no lo que no soluciona, complica, y todo hace pensar que estas medidas tomadas por el gobierno, unidas a todas las demás anteriores que multiplicaron los daños sociales, están urdidas para generar un conflicto social profundo y muy probablemente de consecuencias catastróficas. Conflicto que, en el caso de haber una sola víctima en cualquiera de las incontables manifestaciones y algaradas que se van a producir con toda seguridad en toda la geografía española, pudiera ser el detonante de una situación semejante en gran medida a las que hemos visto en Túnez, Egipto, Libia, Yemen o estamos viendo en Siria. Por la salud de España y por evitar que la sangre llegue al río, lo más saludable es derribar cuanto antes a este gobierno, porque no hay nada peor en una organización que un idiota con iniciativa.
La cuestión de la agitación extrema social, tal y como están las cosas, no es ninguna exageración, sino una probabilidad más que factible. En las situaciones de tensión social –y pocas como ésta-, el incremento del descontento no es lineal, sino exponencial, y el descontento, cuando quienes lo reprimen son violentos, puede derivar en lo que todos quisiéramos evitar a todo trance, pero que será incontrolable llegados a esa instancia. El PP no quiere oírlo ni saberlo, pero cada vez más gentes de toda condición les han retirado su legitimidad como gobierno y como partido vencedor de las elecciones, puesto que lo han hecho en base a un programa que en absoluto han respetado, haciendo todo lo contrario a los intereses generales y verificándose desde su arribo al poder un hundimiento general de la situación y las expectativas. Es considerado, en fin, por cada una vez una mayor masa de la población, como una estafa global o un pucherazo. Pero es que tampoco quieren oír o saber que cada vez hay más gentes de toda condición que se niegan a que hagan cesión alguna de la soberanía española, cosa que ya se reconoce abiertamente en el parlamento y que cualquiera con un dedito de frente únicamente puede comprender por sí mismo, no sólo porque es inconstitucional, sino porque la misma Constitución exige al Ejército que sea garante de esa soberanía, según el Art. 8, no faltando ni tanto así para que sea un clamor en buena parte de la sociedad para exigirles que cumplan con esa misión que tienen encomendada.
La conclusión de las medidas tomadas por el gobierno, a la luz de todas las evidencias, es que sólo pueden haber sido llevadas a cabo por quienes no tienen capacidad alguna de decisión y desean una inestabilidad social incontrolable en España. Tal vez por esto se han tomado en los últimos meses todas esas otras medidas menos publicitadas respecto a ciertas unidades del Ejército. La situación que se avecina, en consecuencia, no es precisamente halagüeña, y bueno sería que los telediarios le den mayor cobertura a lo de Siria para que aquí sepamos la que puede liar y estemos más o menos advertidos de cómo actuar llegado el caso. Vamos, que con los calores y todo, lo que se nos viene encima es una Primavera Española en toda regla.
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