Cuando una doctrina se coloca en la cabecera social, la libertad en términos generales palidece, y, en concreto, la libertad de expresión enfila el camino de la agonía, hasta desaparecer. Hoy, la doctrina, ese conjunto de creencias que se muestran como verdades absolutas, está demasiado presente en la existencia colectiva, por lo que la libertad tiene un oscuro presente y peor futuro.

Declarar la condición de vulnerable económico en la sociedad española sigue un proceso formal en el que interviene directamente la burocracia local, limitándose a cumplir con la normativa establecida por la inteligencia mandante. Con lo que en la práctica resulta que se le atribuyen nuevas competencias, se crea empleo en su ámbito laboral, aumenta el poder del sector y se demoran o eternizan los procedimientos judiciales.

En la práctica, el constitucionalismo es un producto jurídico ideado por los antiguos representantes del gran capital para ilusionar a las gentes y manejar entre bastidores su destino. Sirvió de fundamento a lo que se bautizó como Estado de Derecho. Atento al principio del imperio de la ley, esta pasó a ser el alma del sistema, un producto maleable que atendía, en teoría, al interés general, pero venía afectada por intereses particulares.

Lo que se observa es una nueva sociedad construida desde el mercado, bajo la protección de la política y la colaboración de los medios, asumida pacíficamente por las gentes de buena parte del mundo, donde se respira un cargado ambiente de falsas libertades. Auspiciada por los intereses del mercado y la política, hay que señalar que la doctrina capitalista ha trabajado de forma eficiente para transformar la sociedad, sin levantar sospechas.

Los tradicionales inconvenientes que surgían al acudir a los servicios públicos, destacando en este punto las colas y esperas de los usuarios, tienden a ser superados, dado que empieza a ser, según dice la propaganda, una exigencia de la sociedad actual. No hay que pasar por alto que este país se ha embarcado en la nave del progreso —entiéndase progreso mercantil, y no social—, que se empeña en vender, al que escucha el discurso progresista, que todo va a mejor.

Se ha venido considerando que las leyes en general son el medio idóneo para mantener el orden y la estabilidad en la sociedad. Generalmente surgen como respuesta a una exigencia social o eso es lo que invocan a manera de justificación sus promotores. Esta realidad, este principio se alimenta con la debida dosis de apariencia, considerando que políticamente nada llega a buen puerto salvo que cuente con el patrocinio de algún interés de peso.

Parece, a la vista de lo que se pone en escena, que la sinarquía que conduce la marcha del sistema —llamada por algunos el poder en las sombras—, para asegurar el negocio base —el mercado—, ha mudado en parte su estrategia política. Tímidamente empieza a colocar nuevamente en el teatro de operaciones visibles, haciendo uso del voto controlado, a los que, en otro tiempo, fueron fieles servidores del orden capitalista en el marco conservador.

Toda doctrina que cuenta con una fuerza soporte, en su papel de aleccionar a las masas, excluye la libertad individual, en todo lo que se contrapone a sus intereses, y manipula la información en lo que puede resultar inapropiado para sus propósitos, sencillamente la convierte en desinformación.