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Ahora mismo, a la hora de sentarme delante del ordenador para escribir este artículo estoy sumido en un mar de dudas. Son diversos los temas que merecen mi atención: el debate de investidura de la semana próxima, el aniversario de los primeros pasos del hombre sobre la superficie lunar y las informaciones sobre la posible chapuza de los servicios de espionaje del gobierno español ante el atentado terrorista de hace dos veranos en las Ramblas de Barcelona.
Finalmente he escogido escribir de este último tema, que viví directamente gracias a los estupendos servicios informativos de la televisión pública de Catalunya. TV3, como en tantas otras ocasiones, fue el ejemplo de lo que tiene que ser una televisión pública al servicio de un país, pese a ser Agosto, un mes vacacional, movilizó a todos sus efectivos para que a los televidentes no nos faltara el más mínimo detalle de lo que estaba ocurriendo en el territorio catalán.
Esta semana nos hemos enterado que, por desgracia, hubo quien, al parecer, nos ocultó toda una información necesaria para entender el porqué de los muertos y heridos en el atentado ocurrido el 17 de Agosto en el paseo más importante de Catalunya, conocido en el mundo entero, y por ello, seguramente, elegido por los terroristas para que así su acción tuviera un enorme eco informativo en los medios de comunicación de todo el mundo. Esta semana, gracias a una información de el diario Público, hemos sabido que el principal responsable de aquel atentado, el imán de Ripoll, Ed Satty, en el momento del atentado estaba en la nómina del CNI, los servicios de inteligencia del Gobierno del Reino de España.
Una vez más ante los luctuosos hechos de un atentado terrorista el Estado español intenta que los ciudadanos y los medios informativos, especialmente los que están a sueldo y son afines, desvíen la mirada, miren hacia otro lado, y hagan que la ciudadanía también dirija sus miradas hacia el lado equivocado. Ya pasó con el luctuoso atentado del 11-M a Atocha donde el Gobierno de Aznar desde el primer momento, e incluso con llamadas personales de Aznar a los directores de los medios, intentó colgar en la mochila de ETA los muertos y heridos de aquel atentado. Les salió mal y lo pagaron con la pérdida del Gobierno de España.
Después del 17-A una amplia nube de sospechas se escampó entre la ciudadanía, Garcia Margallo meses antes había hecho unas declaraciones en las que decía, “Un ataque terrorista se supera, la disolución de España es irreversible”, con lo que algunos entendimos que la unión de España, al precio que sea, es más importante que un ataque terrorista. Ocurrido el ataque terrorista la cúpula del cuerpo de Mossos d’Esquadra, al mando del Mayor Trapero, en menos de 48 horas había dado con los terroristas y los había neutralizado mientras el CNI y la policía española contiuaba en el limbo de la ignorancia. Y todo este trabajo de la policía catalana se llevó a cabo a pesar de las trabas del Estado que, considerándola una policía de segunda división nunca le facilitó estar en la Europol ni tener en sus archivos los datos de posibles atentados terroristas. Hoy el Mayor Trapero y su cúpula policial están acusados de rebelión por la Justicia del Estado español, nunca les perdonaran haber sido más efectivos que la policía española y el CNI, un cuerpo de inteligencia al que, o bien les falta la inteligencia, o le sobra mala praxis cuando de de Catalunya se trata.
El periódico Público, el mismo que destapó los trapos sucios de Villarejo, policía corrupto al servicio de las cloacas del Estado dirigidas por un innoble Ministro del Interior como Fernandez Díaz, el que afirmaba que “esto la fiscalía te lo afina”, ha destapado las conexiones entre el CNI, los “mortadelos” del servicio de espionaje e inteligencia del Estado español, y el imán responsable de los atentados del 17-A en las Ramblas de Barcelona.
La respuesta de España a estas informaciones ha sido el silencio absoluto, la prensa, la Brunete Mediática, del nacionalismo español ha callado como puta por rastrojo, y con ella también una parte de la prensa catalana como La Vanguardia y el Periódico. La primera calla porqué, seguramente, no quiere que el zumo de naranja del desayuno se agrie en los tiernos estómagos de la burguesía españolista que la sigue, ni tampoco molestar a la Casa Real de la que esta casa, su director, periodistas y muchos colaboradores son fieles seguidores, y mandan a su agradecida reportera de sucesos publicar twists intentado desprestigiar lo publicado por Público, El Periódico tiene que hacer bueno aquello de “defendedla y no enmendadla” ya que su anterior director <b>Enric Hernández</b>, intentó desprestigiar , inmediatamente después del atentado, al cuerpo de Mossos con una noticia falsa y chapucera en la que implicaba hasta a la misma CIA.
Público lleva varios días publicando informaciones a la vista de las cuales, y si son ciertas, de momento nadie las ha desmentido, el CNI debía saber, no digo que lo supiera, lo que el imán de Ripoll y unos jóvenes a los que había adoctrinado estaban tramando. El CNI controlaba al imán, le había salvado de la deportación y lo tenía a sueldo hasta el mismo día del atentado. El CNI conocía las conversaciones telefónicas y los viajes y movimientos de los terroristas y, al parecer, no hizo nada para impedir el atentado. Todo, todo, muy extraño y con un cierto olor a podrido. Faltaban unos meses para el referéndum del 1-O, y el Estado español estaba dispuesto a todo, como hemos visto después, para impedirlo.
No seré yo quien hable de atentado de falsa bandera, ni quien acuse al CNI de haber montado la trama que produjo muertos y heridos en las Ramblas, pero si que como ciudadano y periodista estoy en todo mi derecho, en mi nombre y en el de quienes no tienen acceso a los medios de comunicación, de exigir, si, exigir, nada ya de pedir ni solicitar, exigir a los políticos responsables que expliquen que pasó aquel 17-A, por qué el jefe de la trama terrorista cobraba, si es que es cierto, del CNI, un organismo del Estado español, y por qué si se pudo evitar el atentado, como dice el periodista que ha sacado a la luz este tema, no se evitó. En democracia es mi derecho, y el de todos, pedir explicaciones, y si alguien fue negligente en sus responsabilidades deberá ser sancionado. Recuerdo que en aquellos días el CNI dependía de Soraya Sáenz de Santamaría, y también recuerdo que hubo en el Congreso de Diputados una Comisión de
Investigación en la que se prohibió la presencia de los diputados catalanes independentistas, ¿por qué? ¿Quién, o qué ordenes han hecho callar a la prensa española? Simplemente queremos saber.
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