El PP con su mayoría absoluta acaba de dar curso a una nueva ley del sistema educativo en España (la LOMCE), que viene a ser la fórmula conservadora para el arreglo de los males de la educación –de los que se dice son también causantes del alto nivel de paro (¿?).
El problema es que al no haber consenso político, como no lo hubo anteriormente cuando gobernaba el PSOE, también se dio la fórmula para la educación –según la izquierda- y así nos llegan a la memoria siglas diversas de diverso tipo de leyes de educación (LOGSE, LOE), que han durado mientras el signo político del gobierno que las creó mantuvo su mayoría parlamentaria.
Tal hecho nos lleva a pensar, que de igual manera, cuando cambie el signo político del Gobierno volveremos a tener otra ley para la educación no universitaria en España, como viene siendo habitual.
Sin embargo, los ciudadanos contemplamos atónitos los vaivenes de las diferentes políticas educativas (tanto de derechas como de izquierdas), con los consiguientes cambios de contenidos programáticos, de itinerarios curriculares, y de condiciones para el desarrollo y evolución de los estudiantes en los niveles de la enseñanza básica y media.
Ni que decir tiene que si nos atenemos a la “venta política” de cada una de las respectivas leyes, se nos dirá por sus postuladores que va a resolver todos los problemas de la enseñanza en nuestro país, y en algún caso –como ha llegado a decir el ministro Wert va a contribuir a solucionar hasta el paro-. Entre tanto, estudiantes, profesorado y padres de familia son traídos y llevados como mercancía al logro de unos objetivos electoralistas de uno y otro bando.
Tal hecho, por tanto, pone de manifiesto el nivel de ideologización que tiene la enseñanza en nuestro país, y la batalla política que se disputa sobre el control de los contenidos y formas de la enseñanza, pues según el sesgo que se le otorgue a la instrucción de las nuevas generaciones serán más o menos críticos con la realidad social, y por ende más o menos moldeables a las sugerencias y consignas del poder.
Hasta tal punto esto es así, que la pretensión manipuladora no sólo se orienta sobre contenidos filosófico, sociales, antropológicos, que generan una determinada cosmovisión de la realidad en que se vive, y que varía ostensiblemente según se enfoque desde uno u otro prisma; sino que también entra en juego de forma habitual el hecho religioso que hace que se incluya o no, según el perfil político que gobierne el Estado, la asignatura de religión (que ha generado una extraña contratación de profesorado –elegido por la jerarquía episcopal y retribuido por la correspondiente Comunidad Autónoma.
Ante tal situación, con el fin de dar una estabilidad política a la educación, que debía considerarse como una cuestión de Estado, ¿no sería más justo y conveniente que se consensuara unos contenidos e itinerarios entre las fuerzas políticas más representativas, que dotaran de estabilidad y coherencia a la educación ante este continuo bamboleo político?.
De hecho, la oposición ya anunciado que cuando lleguen al poder cambiarán la ley nuevamente, e incluso el PSOE ha llegado a decir que tal situación les da pie a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede cuando lleguen al poder, para eliminar la religión de la escuela, en un gesto “neoiconoclasta” de retomar el anticlericalismo tradicional de la izquierda española, que parecía superado, pues tiempo de haber denunciado los acuerdos con la Santa Sede ha tenido precisamente Rubalcaba en todos los prolongados años de gobierno que ha desempeñado. ¿Quién se cree ya estas cosas….?.
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