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Por simple ley natural todos los padres son los responsables de la educación y formación de sus hijos, así como de las acciones que estos lleven a cabo. Es un derecho y una obligación insustituible e inalienable que los progenitores deben de llevar realizar con todas sus consecuencias.
La patria potestad es irrenunciable e intransferible, y nadie puede privar de ella a los padres, pues la familia, primera célula de la Sociedad, es anterior al Estado y éste no puede existir si no se da primero aquella, así lo formuló Aristóteles.
La misión del Estado es proporcionar los instrumentos necesarios para que los padres elijan la educación que consideren conveniente y necesaria para sus hijos, no como ocurría en Esparta, sustituirlos y crear unos ciudadanos según las premisas que los poderes públicos crean convenientes.
En la ciudad estado mencionada los padres, cuando sus hijos cumplían los siete años, estaban obligados a entregarlos a poderes públicos que se hacían cargo de su formación intelectual y militar, de forma que los padres perdían todo derecho sobre sus vástagos.
Lo concerniente a la enseñanza se recoge en el apartado tres del Artículo 27 de nuestra Constitución con estas palabras textuales:
“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”
El único papel que ha de desempeñar el Estado es garantizar el derecho de los padres, no intervenir en cómo han de recibir esa educación.
Nuestra Ministra en funciones de Educación y Formación Profesional, además de catedrática de Enseñanza Secundaria, no ha tenido empacho o rubor alguno alguno, ni le ha temblado la voz al decir que la libertad de los padres para escoger una educación religiosa o elegir un centro de enseñanza para sus hijos no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Se me ocurre que quizá desconozca el referido artículo, cosa improbable por su calidad de miembro (¿o deberé de decir miembra?, menudo palabro) del Gobierno, o posiblemente esté siguiendo las huellas del inenarrable Pedro Sánchez, su jefe de filas, que miente más que habla, y tarda en desdecirse el tiempo que dura la palabra que acaba de pronunciar.
También ha manifestado: “De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo podrán ser parte de la libertad de enseñanza”.
O sea que, al igual que en Esparta, los padres pierden el derecho de educar a sus hijos.
Estas manifestaciones las ha expresado durante la inauguración del XV Congreso Escuelas Católicas, que suponen el 15% del total del sistema y el 58% de la enseñanza privada concertada. A este Congreso han asistido más de 2.000 directores, profesores y titulares de centros educativos católicos.
¿Ha sido falta de tacto, de respeto, o propósito deliberado de provocación?
De cualquiera de las dos formas ha abierto un enfrentamiento entre los docentes y el Gobierno.
Mire señora Celaá, desde los tiempos más remotos de la historia los padres han sido los únicos que han tenido la exclusiva preferencia de educar a sus hijos en las materias que ellos considerasen prioritarias y necesarias.
En la Ley de las XII Tablas romana, el padre de familia era el único responsable de la educación de los hijos y tenía la patria potestas que le confería el derecho, hoy nos parece inhumano, de la vida y muerte sobre sus hijos, o sea, en latín vitae necisque potestas.
Es más era de tal manera el responsable de la educación de sus hijos que él mismo le confeccionaba lo que hoy podemos decir los rudimentos de los primeros conocimientos que habría de tener, antes de que fuese al pedagogo.
Tanto es así que la cartilla con los más simples conocimientos de las primeras letras que muchos españoles han usado, denominada Catón, parece ser que se basa en los principios del librito que confeccionó Catón de Útica para que sus hijos aprendiesen a leer.
Si este Gobierno que tenemos en funciones se decanta por un totalitarismo feroz e intolerante, entonces sí puede decir que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían no ser parte de la libertad de enseñanza. Pero los residuos del totalitarismo los hemos de dejar para países como Cuba, China o Corea del Norte. En España, mientras no se demuestre lo contrario estamos en una democracia.
Le recuerdo, espero que lo sepa, aunque no quiera practicarlo, que la palabra antedicha proviene la griega δημοκρατία (democracia), está formada por dos vocablos también helenos, δῆμος, (demos) pueblo, y κράτος (krátos), poder, que es lo mismo que decir que el poder reside en el pueblo, según hace siglos lo concibieron los griegos, y más recientemente, allá por el siglo XVIII, la definió Abraham Lincolm como “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, así que entérese Vd. de que el poder emana del pueblo, compuesto por ciudadanos y familias que son quienes tienen la nuda potestas sobre la educación que han de recibir sus hijos.
La única y exclusiva misión de cualquier estado democrático es facilitar a las familias todos los mayores y mejores medios para que éstas eduquen a sus hijos, no intervenir en su formación como Vd. pretende.
Sigue el camino de la animadversión que tienen todos los socialistas y que recurrentemente aflora a la superficie. Hace algunos años su compañero de filas el Sr. Fernández Vara dijo: “…quien quiera que sus hijos tengan Religión que lo financien, porque no debe ser financiada con el dinero de todos los ciudadanos”.
Es una de las falacias con las que quieren Vdes. embaucar a los ciudadanos. Los españoles satisfacemos nuestros impuestos con los que se hace frente a la multiplicidad de gastos que tiene el Estado, entre ellos el de la Enseñanza, de forma que quienes no tienen sus hijos en edad escolar o no los tienen, soportan el coste de la misma. En justicia distributiva se les debería de reintegrar el dinero que se emplea en un menester del que no hacen uso.
Mire por donde me he enterado de que Vd. estudió en un colegio católico, el del Sagrado Corazón de Bilbao, y por más señas de enseñanza concertada. ¿Tan mal le fue en él? No le digo más.
Además ¿se ha parado a pensar en el enorme problema que le supondría a cualquier Gobierno, el que por una semana, solo siete días, cerraran sus puertas todos los centros concertados de España?
Una de dos: o no piensa lo que dice o no dice lo que piensa, y así nos va a los españoles.
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