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El nuevo gobierno “interino” boliviano ha decretado una orden de arresto al ex presidente Eco Morales por los cargos de “sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo”. Hace todo esto después de haber nombrado como su portavoz en el exterior a “Tuto” Quiroga, quien fuera el número dos del general Hugo Bánzer, quien en 1971-18 estableció una feroz dictadura militar que sentaría el precedente para la de Pinochet en Chile y Videla en Argentina para generar un terrorismo contra las masas y masacrar a los sindicatos y las izquierdas.
Cuando el 12 de noviembre Jeanine Añez se juramentó como nueva presidente sostuvo que su naturaleza iba a ser transitoria. Su cargo de senadora fenece la tercera semana de enero y según la constitución un gobierno interino debe convocar a elecciones generales en un lapso de no más de 3 meses. Ella ya lleva casi un mes y medio en su cargo y aún no ha establecido la fecha para esos comicios, los cuales han de darse luego que expire su mandato como legisladora o como gobierno provisional.
Cuando Carlos Mesa renunció a la presidencia boliviana en 2005 le reemplazó en el cargo el jefe de la corte suprema de justicia Eduardo Rodríguez, el cual mantuvo plenas garantías y las mismas políticas internas y externas de sus predecesores y se encargó de organizar un proceso electoral sin muchos cuestionamientos.
Sin embargo, Añez inició su mandato autorizando a la policía y al ejército a disparar balas impunemente contra manifestantes, asesinando a una treintena de civiles. Ella llegó a palacio pasando por encima el carácter secular y tolerante para demandar la sujeción a una sola religión. Mientras sus partidarios quemaban la bandera indígena co-oficial (la wiphala) ella juramentó a un gabinete 100% blancoide (en un estado que se reclama plurinacional y donde el 70% de sus habitantes son indígenas), aunque luego puso a una chola de polleras en un ministerio de relativa poca importancia.
Una de las primeras medidas del nuevo gobierno ha sido revocar todas las relaciones exteriores. Expulsó a cientos de profesionales de la salud y funcionarios de Cuba y Venezuela, decidió reconocer al presidente paralelo en Caracas designado por Washington, restableció vínculos diplomáticos con Benjamín Netanyahu, rompió con la Alianza Bolivariana de Nuestra América y llama a desintegrar la Unión de Naciones Suramericanas pese a que su sede estaba en Bolivia, el último país que detentó la presidencia de dicho bloque continental.
El gobierno de Añez no es uno “neutral” ni provisional. Es uno transitorio pero no para organizar nuevas elecciones sino para hacer que Bolivia transite del modelo nacionalista indígena a uno de corte neo-liberal y pro-occidental.
Añez, por su parte, no tiene ninguna legitimidad. Ella no estaba en la línea de sucesión constitucional para sustituir a Morales, la cual no llega a los vicepresidentes de las cámaras de los senadores o diputados, y menos aún al de segunda vicepresidente del senado que era ella. Ella se posesionó como presidenta sin quorum en la asamblea legislativa (pues un 70% de ésta no fue por temores o por otras razones) y sin que este parlamento haya discutido o aceptado la carta de renuncia presidencial, por lo cual esta no es válida.
Ella nunca ha sido una lideresa popular y ni siquiera fue reelecta para ninguna plaza titular o suplente en las elecciones generales del 20 de octubre. Su partido (que además toma su nombre del más derechista que tuvo la dictadura militar brasileña de 1964-85) apenas sacó el 4% de los votos emitidos y menos del 3% de los parlamentarios.
Morales reclama que Añez es una impostora racista que le ha hecho un golpe cívico-policial-militar y que ella ahora quiere prohibir que gente con indumentaria indígena preste servicios diplomáticos. Sin embargo, todos los que estaban en la línea de sucesión presidencial y al menos dos tercios del actual parlamento son militantes de su Movimiento Al Socialismo (MAS).
El MAS bien pudiese aprovechar ello para desaforar a Añez, cuyos comentarios racistas anti-indios, su brutal represión y su naturaleza anticonstitucional sobran y bastan para lograr ello. Un partido que reclama haber sacado casi 3 millones de votos y el 47% de los votos debería sacar a las masas a las calles para defender su victoria electoral y la soberanía del parlamento contra quien acusa de haber hecho un cuartelazo.
No obstante, la estrategia del MAS ha sido la de buscar hacer componendas con el nuevo régimen a fin de querer ablandarlo y que se les permita un clima de cierta paz social para poder mantener su legalidad y volver a competir en nuevos comicios.
Este camino es una trampa pues lo que tenemos ahora no es un gobierno provisional para pasar de un gobierno a otro, sino uno para pasar de un tipo de modelo a otro. Y el eje de esta nueva administración de facto es erradicar todas las medidas nacionalistas y populistas para restablecer el neoliberalismo que rigió Bolivia en 1984-2005, el cual se impuso con mucha represión y estados de emergencia.
De esta nueva dictadura no saldrá ninguna clase de elecciones limpias y trasparentes. El hombre más votado en la historia nacional y el jefe de campaña del principal partido (el MAS) está con orden de arresto mientras que el ministro del interior demanda que él pase cárcel hasta que se muera. Numerosos dirigentes sociales y sindicales también vienen siendo acusados de sedición y de terrorismo.
Paradójicamente ninguno de esos cargos son lanzados contra los grupos paramilitares que quemaron las casas de gobernadores, el presidente de los diputados y de la familia presidencial, que ultrajaron a varias autoridades del MAS y sus familiares, que organizaron la quema de wiphalas o la sedición de la policía contra el orden constitucional.
Al margen de si Morales hizo bien o no en reelegirse o si cometió o no fraude, lo que hoy vemos en Bolivia no es un movimiento para democratizar la sociedad, sino para hacer que ésta retroceda y que vuelva el antiguo sistema de los blancoides que abría de par en par la economía a las grandes corporaciones privadas y que metía bala para justificar tales políticas.
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