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Puede que se trate de una nueva táctica para confundir al personal, un medio para facilitar esta política del actual Gobierno para ir eliminando cuantos estorbos legales e institucionales le impidan poner en práctica sus proyectos de ir vaciando de contenido la actual Constitución mediante el truco de ir promulgando leyes, modificarlas o puentearlas, de modo que la ciudadanía apenas se percate que lo que se está intentando hacer y, por desgracia, consiguiéndolo, dándole cambiazo a nuestra Carta Magna de modo que, los tres poderes independientes de un Estado de derecho, acaben estando en manos de quienes lo que están buscando es sustituir la democracia parlamentaria por una suerte de régimen totalitario en el que el Estado se constituye en acaparador de todas las competencias cuando reúne en una sola mano el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Y, si no, que alguien nos explique lo que está ocurriendo con la monarquía, ¿qué clase de combinación o intríngulis se llevan entre manos el señor Sánchez y su equipo de ministros, con la influencia del Rasputín de Unidas Podemos, señor Pablo Iglesias, para convertir al monarca en una especie de “mandado”, con la evidente intención de doblegar a la institución, la del Jefe del Estado y sujetarla a la voluntad del Gobierno, que parece que puede manejarla a su antojo en la medida de lo que le convenga, en cada caso, al señor Pedro Sánchez? Y todo ello para que luego que salga el señor ministro de Justicia, señor Juan Carlos Campo, acusando a la oposición de “usar a la monarquía como ariete para la lucha política”. No aprenden de sus errores o van tan sobrados que ya no les importa saltarse a la torera las normas democráticas que, incluso, se sienten cómodos tomando el pelo a sus adversarios políticos. Apenas hace unos días (dos semanas), no meses ni años, que el mismo ministro de Justicia intentaba justificar la prohibición de la Moncloa de que SM el Rey asistiera, como era costumbre inveterada, a la entrega de los diplomas a la última promoción de jueces. Alegaba el ministro que existían problemas para garantizar la seguridad en Cataluña de la persona del monarca, luego, ante las críticas que tan endeble explicación provocaron entre todos los medios de comunicación, se vieron obligados a reconocer que el verdadero motivo era que no querían incomodar a los separatistas catalanes.
La visita del Rey a una parte de España vetada para que, aquellos que intentan independizarse de la nación española, no se disgustaran! y pusieran obstáculos a la aprobación de los PGE que, por cierto, ya nos parece que estarán fuera de plazo para presentarlos, como es preceptivo, a la aprobación de la UE. Este mismo Gobierno que ya está estudiando los medios para conceder un posible indulto a aquellos que fueron condenados por delito de secesión, si es que su propuesta de modificar la Ley penal reduciendo la pena del delito de secesión no les facilita que antes, los culpables y condenados por los sucesos del 1.O del 2017, puedan salir de la cárcel por haber cumplido la condena que, ahora, se consideraría excesiva en virtud de la reforma pretendida.
Sin embargo, cuando apenas se han apaciguado las críticas por haber impedido al Rey realizar el acto protocolario de la entrega de diplomas a la nueva generación de jueces, va el señor Pedro Sánchez y nos anuncia una visita de el mismo y Felipe V a Barcelona, el próximo viernes, a la entrega de premios de New Economy Week, un encuentro impulsado y organizado por el Consorcio de la Zona Franca para relanzar la economía catalana, dañada por el coronavirus. ¿Sólo la catalana? El monarca no ha visitado la Ciudad Condal desde el 25 de febrero del 2019, cuando participó en una cena en la que fue menospreciado por Quim Torra y Anna Colau que se negaron a asistir. Pero si el hecho en sí ya resulta suficientemente llamativo, la explicación que ha dado el señor Campo para justificar este cambio de criterio de la Moncloa, todavía resulta más inverosímil, injustificada y sectaria cuando ha asegurado, en Onda Cero, que en esta ocasión “hay algunos elementos diferenciales” respecto al pasado 25 de septiembre porque “ya no es 1 de octubre” y, además, la sentencia de inhabilitación de Torra ya está dictada. Y todo esto en base a lo que parece ha pensado el Gobierno respecto a este escandaloso caso: “Creo que tenemos una obligación como gobernantes de intentar crispar menos la sociedad … creo que, cómo Gobierno, tenemos la obligación de fomentar una mejor convivencia y estoy convencido de que el Rey es el primero que lo quiere”.
¿Se le ha dado la oportunidad al Rey de decidir sobre esta cuestión o ha sido un trágala que se ha tenido que engullir le gustase o no? Resulta, desde todo punto de vista, algo inconcebible que el Gobierno de una nación soberana, una de las más importantes industrial, económicamente, culturalmente y socialmente de la UE, con una Constitución democrática, el que sea el propio ejecutivo el que se preocupe de no crispar a los separatistas catalanes y vascos, por temor a que les causen problemas. Y es que la palabra “crispar” los socialistas y los comunistas que nos gobiernan la saben usar en cada ocasión en que la oposición critica alguna de sus decisiones o pone en cuestión los métodos que se han venido usando para atajar la pandemia o para enfrentarse a la gran crisis económica que se nos va a echar encima, como consecuencia de los errores en los que han incurrido quienes no han sabido estar a la altura cuando la pandemia del Covid 19 ha caído sobre nosotros y ha sido la nación que peor se ha comportado en cuanto a disponer de los medios de prevención, los elementos sanitarios y la que se ha metido en un verdadero pandemónium motivado por la falta de un criterio adecuando en cuanto a los confinamientos y tratamientos de los ciudadanos, que se han organizado mal y a destiempo.
También la señora Calvo, la que mejor sabe crispar con sus salidas de tono, sus maneras autocráticas y su manifiesto desprecio hacia la oposición, la que en mayor número de ocasiones ha empleado el término cuando el PP o VOX le han recriminado respecto a sus evidentes fallos de organización de la lucha en contra de la pandemia. Confunden crispar con el legítimo derecho de cualquier partido, con representación parlamentaria a expresar, sin ambages, sus opiniones respecto a las actuaciones gubernamentales que, por cierto, no sólo se trata de un derecho sino que es la obligación de cualquier formación política pedir cuentas a quienes nos gobiernan de cualquier acción llevada a cabo en el ejercicio de sus competencias.
Y no queremos pasar la ocasión sin señalar que Europa está arriando velas con respecto a su posición ante la inmigración indiscriminada e incontrolada que sigue llegando desde el Este y, en el caso de España, además por Canarias y zonas del sur de la península. En ocasiones anteriores, a contra corriente, ya advertimos del peligro que representaba que fueran llegando personas desde el norte de África sin tener garantía de que, los que entraban, no estaban infectados del virus. No se ha hecho caso, se ha seguido recibiendo inmigrantes y ahora muchos de ellos han sido portadores del coronavirus y, es muy posible, que al tratarse de ilegales anden sueltos por las calles de las ciudades españolas con posibilidades de que vayan infectando a ciudadanos que pudieran relacionarse con ellos. Europa ya está estudiando medidas más severas para controlar a quienes vienen en busca de una vida mejor en los países de la CE pero que, en muchas ocasiones, no sólo nos traen ideas subversivas desde sus lejanos países, sino que también pueden ser trasmisores de enfermedades que pueden contribuir a que, la pandemia que nos viene azotando a los españoles, se agrave o pueda evolucionar hacia otras variedades que contribuyan a la prolongación de la grave situación en la que nos encontramos.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, contemplamos con estupefacción, incredulidad y gran preocupación, cómo el Gobierno socio-comunista que rige los destinos de nuestra nación, está dan claras muestras de haber entrado en una fase en la que ya ha dejado de ponerse la careta de demócrata para dejar abandonar cualquier disimulo y enseñarnos el puño cerrado, aferrando la hoz y el martillo, para amenazar a todos los españoles que no quieren que se les imponga la tiranía de las izquierdas, para advertirnos que son ellos los que están al mando y que la monarquía para ellos, se ha convertido en una marioneta que se deja tirar de los hilos en cada ocasión en la que, Sánchez y los suyos, deciden que se someta a sus deseos.
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