El gobierno desprecia lo privado y yerra en lo público

Bien, señores, las izquierdas siguen empeñadas en que se está fomentando lo que se ha dado en llamar “el discurso del odio” por parte de los partidos de la oposición y, como no podía ser de otra manera, el que se lleva el castañazo mayor de parte de todo el rojerío que se ha hecho dueño del gobierno y las instituciones, ha sido el partido del señor Abascal, Vox. Claro que esta gente, esta amalgama de enchufismo, progresismo, seudo representantes de la cultura, antirreligiosos, terroristas callejeros, políticos de tertulia de café y demás personajes de esta ralea, que no suelen leer más que la prensa deportiva, pero que se ven con fuerzas para opinar sobre lo divino y lo humano con la misma temeridad y desparpajo con que lo haría cualquiera de estos advenedizos a los que se les da un micrófono para que opinen y empiezan a desbarrar en su minuto de gloria hasta que un alma caritativa les arrebata el ingenio para que se callen y dejen de hacer el ridículo.

Y lo especialmente llamativo es que, quienes más hablan del odio; de la intolerancia de los partidos de la oposición; de la falta de colaboración de las derechas (para ellos todos lo que no secundan sus propuestas, contradicen sus ideas o se oponen a sus métodos deberían ser eliminados de la política), de la incompetencia de quienes dirigen comunidades que no están controladas por ellos y alaban y disculpan cualquier decisión del Gobierno o de aquellas instituciones o regiones en las que ellos disponen de todo el control; son precisamente los que se llevan la palma en cuanto a mantener rencores sobre sucesos de los que han transcurrido más de ochenta años; que reviven como si se tratara de hechos sucedidos ayer, viejos enfrentamiento entre españoles que tuvieron lugar en tiempos de la II República o de la Guerra Civil (¿Hasta cuándo los que la perdieron harán uso en su discurso rencoroso sobre lo ocurrido en aquella contienda?).

Y es que, en su cortedad o su intento de tergiversar los hechos, confunden con suma facilidad lo que es tener opiniones distintas, conceptos dispares sobre ideologías, juicios y criterios diferentes sobre ética o moralidad, incluso discrepancias sobre creencias religiosas o sistemas económicos etc. con intolerancia, totalitarismo, intentos de oprimir a la clase obrera, fascismo, nazismo y cualquier otro tipo de apelativos que hagan que el concepto que la ciudadanía se pueda hacer de la oposición se base en premisas absolutamente amañadas y deformadas sobre lo que es, en realidad, una nación y un tipo de gobierno basado en las libertades, la actividad privada, la competencia, la iniciativa y el emprendimiento, la propiedad, el orden, la verdadera democracia y, por supuesto, el respeto por las libertades fundamentales de cualquier ciudadano, para poder actuar con plena independencia respetando las libertades del resto de sus semejantes.

Y, hete aquí que nos encontramos ante una crisis brutal basada en la pandemia del Covid 19, con un Gobierno que decretó un “estado de alarma” (una situación que está específicamente limitada por ser algo extraordinario) que tiene que durar hasta el mes de mayo, supuestamente para que fuera el ejecutivo quien tomara el mando de todas las operaciones encargadas de dar una respuesta unificada a la epidemia en todas las autonomías españolas, fueran quienes fueran quienes las dirigieran. Pero, en realidad, haciendo un uso sectario de esta situación excepcional, lo que ha pretendido el señor Sánchez y su camarilla de colaboradores, ha sido que sean las propias comunidades, cada una de ellas según le plugiere, las que se las ingeniasen en aplicar aquellas medidas que, a cada uno de sus 17 gobiernos, les parecieran más adecuadas. Resultado: desconcierto total.

Pero, y aquí está el truco en lo que este Gobierno es verdadero maestro: con el sistema de delegar las responsabilidades en cada comunidad mientras el Gobierno se limita a criticar lo que sus dirigentes han decidido hacer ( naturalmente sólo en el caso de comunidades que no están gobernadas por separatistas o miembros de los partidos representados en el Gobierno) y bajo la óptica de poner la mira en todo aquello que más pueda perjudicar políticamente al gobernante del partido adversario, con el espurio objetivo de conseguir el mayor fruto político que, el Gobierno, pudiera sacar de ello; es obvio que siempre salva la cara porque nunca es culpable él de los fallos que puedan haber ya que siempre la culpable es la comunidad y su gobierno quienes se han equivocado.

Es tanta la inquina que, quienes dirigen la nación, le tienen a cualquier cosa que huela a privado que, solamente porque lo solicitaron algunas comunidades de derechas y para reforzar la idea de que sólo la sanidad pública es la fiable, el ministerio de Sanidad, con el señor Illa a la cabeza, se ha negado a aceptar la ayuda que le ofrecieron los hospitales privados de toda España para colaborar en la vacuna contra el coronavirus con el objeto de adelantar las vacunaciones y descargar a los hospitales y centros públicos, dónde se vacuna, de la enorme carga de vacunar a tantos millones de españoles ( hay que hacer constar que la medicina privada tiene en España más de 420 hospitales que podrían poner vacunas para adelantar el proceso). Lo mismo se podría argumentar en cuanto a las farmacias que llevan tiempo ofreciéndose, sin que el Gobierno se haya dignado tomarlo en consideración.

Y una noticia que por haber aparecido en el periódico catalán, del grupo Godó, de marcado carácter catalanista y evidente defensor del tema separatistas, La Vanguardia, se puede considerar que tiene un doble valor: “el apoyo a la independencia cae al 43% frente a casi el 50% que votaría en contra”. Según un encuesta del 20 de septiembre del 2020, a la pregunta “En un referéndum sobre la independencia de Cataluña, ¿qué votaría?” la respuesta sorprendente fue que votaron al “sí” un 42’6% y al “no” un 48’9%. No me puedo imaginar la reacción de personajes como la señora Rahola, que lleva años viviendo de defender al separatismo catalán y que está convencida de que una mayoría de catalanes lo prefiere, cuando se haya enterado de que en el mismo periódico en el que escribe sus catilinarias columnas en contra de España y de los españoles, se haya publicado que nada de lo dicho, que el “seny” se está imponiendo en Cataluña y que el pragmatismo y el sentido común de muchos catalanes sabe que esto de la independencia, aparte de ser imposible por pertenecer a España, es uno de los peores negocios en los que podrían embarcarse los catalanes desde el punto de vista económico, financiero y social. Una noticia que, para muchos españoles que vivimos en estas tierras catalanas, ha constituido un soplo de esperanza el que algún día podamos recuperar la libertad de mostrarnos como españoles en un lugar en el que, decirlo, significa poco menos que pronunciar una blasfemia. ¡Pobre Rahola, lo que estará sufriendo en estos momentos!

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos escuchar a la señora ministra de Defensa, señora Margarita Robles hablar de que, a partir de ahora, se va a poner un programa en el Ejercito de enseñanza de los valores constitucionales a la tropa. A mí se me ocurre que, antes de que se despilfarre el dinero público en enseñar a quienes probablemente saben más del tema, lo primero que debería hacer nuestro Gobierno es empezar por hacer un curso intensivo de lo que dice nuestra Carta Magna para los políticos parlamentarios de la izquierda y los separatistas, que tan necesitados están de ser instruidos sobre lo que manda nuestra Constitución y, en todo caso, recordarle al Ejército lo que dice el artículo 8º de la Constitución para los casos en que, como está sucediendo ahora en España, el peligro de involución y desmembración del país está más cerca que nunca en toda la historia de la democracia en nuestra nación. La señora Robles, que es una jurista avezada, debería saber que tiene mucha suerte el actual ejecutivo de que la cúpula militar esté al servicio del Gobierno, porque si estuviera más atenta al mandato constitucional, como debería ser, seguramente el actual Gobierno no actuaría de la forma temeraria, dictatorial y absolutista como lo está haciendo ahora. Y una frase, en este caso, de don Miguel Echegaray: “La gratitud es crimen cuando ataja el camino a la justicia.” Que tomen ejemplo los paniaguados que se aseguran los cargos apoyando a un gobierno que es una verdadera lacra para España y los españoles.