Sánchez está acabando con España y parece que a nadie le importa

El informe demoledor del TS deja al Gobierno desnudo de argumentos para avalar la necesidad del indulto de los 12 condenados por la rebelión del 1º de octubre del 2017.

Si uno no conociera a este atrabiliario personaje que ocupa la presidencia del gobierno español, no del soviético o el de Corea del Norte ni tan siquiera la de la Bolivia de Hugo Sánchez o la Venezuela del sátrapa Nicolás Maduro, seguramente consideraría que es imposible que una democracia que supo afrontar, con tanta entereza y sentido común, la transición desde el régimen militar del general Franco hacia lo que, en la Constitución de 1978, quedó reconocido como un régimen monárquico parlamentario, dirigido por la figura del rey Felipe VI en sustitución de su padre, don Juan Carlos I; pueda haber evolucionado, de la mano del actual presidente del Gobierno de la nación, señor Pedro Sánchez, hacia lo que, desde cualquier democracia sana, como las que existen en Europa o la América septentrional, sin duda alguna se consideraría como un intento de bolchevización de un país que sufrió en sus propias carnes las “delicias” de la horda roja y sus sangrientas actuaciones.

En una más de las piruetas políticas a las que es tan aficionado don Pedro, como aquella en la que traicionó a sus votantes diciéndoles que en sus peores sueños estaba la posibilidad de gobernar con el señor Pablo Iglesias y, apenas conseguido su triunfo en las urnas,  una victoria no suficiente para poder gobernar solo, en mayoría, ambos personajes se apresuraron a darse el abrazo del oso para sellar su pacto de gobierno conjunto; ha vuelto a rizar el rizo ante la imperiosa necesidad de demostrar que, lo de Madrid, su gran fracaso, no le ha afectado en absoluto, sin duda  asesorado por su edecán de confianza, señor Redondo, se ha lanzado en tromba, en un esfuerzo de rehabilitar su figura política, dañada por sus fracasos en Murcia, Madrid y Castilla-León, a presentarse como el gran hacedor en la campaña de vacunación en la que, por cierto, su papel ha sido nulo, pero, no contento con ello, ha empezado a actuar en varios frentes. El primero consiste en ir introduciendo en las empresas del Ibex a topos socialistas en sus órganos directivos, con el fin de asegurarse estar posicionados en el caso de que sus aspiraciones políticas decayeran, algo de ninguna manera descartable. Otra cuestión básica se refiere a las conversaciones entre el Gobierno socialista y los separatistas catalanes.

Estos nuevos gobernantes de la comunidad catalana, ERC y sus socios de gobierno JxCat, junto a sus díscolos colaboradores de la CUP, ya han dejado claro al gobierno de la nación española que, en la “mesa de diálogo” que demandan que se reúna de nuevo con urgencia, van a seguir pidiendo la celebración de un referéndum en Cataluña y de amnistía. Atención, no piden, y en esto coinciden con los presos de Lledoners, los indultos que, al parecer, puede que no los quisieran aceptar los presos, sino que insisten en una amnistía (en la que, evidentemente, entraría como beneficiado el señor Puigdemont) y que les permitiría demostrar al resto de Europa que ellos habían sido unos presos políticos, por sus ideas separatistas y no por sus actuaciones delictivas de intento de secesión y malversación de caudales públicos.

Claro que, el tema de los indultos a estos convictos, se ha convertido en la materia del día debido a que, según parece, el señor Sánchez se ha quitado definitivamente la careta y ya habla de ponerlos en práctica, aunque sus argumentos no pueden ser más peregrinos de lo que son. Frases como “En los valores constitucionales no está ni la revancha ni la venganza, y sí la concordia” pronunciadas con una solemnidad merecedora de mejor causa por el señor Sánchez, demuestran su absoluto desconocimiento de lo que es un estado de derecho, de lo que suponen las leyes penales, como sustento de la normativa constitucional y, al mismo tiempo, una ignorancia supina respecto a la necesidad de que, el ordenamiento jurídico que nos hemos dado los españoles, para asegurar la convivencia en paz y armonía entre todos. Ni en la Carta magna se habla de armonía ni de venganza y, mucho menos, de revancha que sí forman parte del vocabulario de los comunistas y anarquistas al que parece que se ha apuntado don Pedro. La Constitución no es un conglomerado de normas cualquiera, es el resultado de unos estudios jurídicos muy serios sobre la necesidad de una democracia, de su defensa, del orden, de la seguridad jurídica que garantice los derechos ciudadanos, de una libertad de acción, de una economía libre, de una justicia independiente del legislativo y del poder ejecutivo. Una norma muy por encima de las facultades del ejecutivo y cuya modificación, alteración o supresión total o parcial requiere los tres quintos de los votos de la sala. El señor Sánchez puede soñar con utopías como es la de pensar que puede prever lo que España necesitará allá por el 2050, puede soñar que su gobierno, ahora en graves dificultades y en uno de sus peores momentos en esta legislatura,  vaya a conseguir sobrevivir a las próximas legislativas, pero lo que no es capaz de hacer ahora, en estos momentos en los que nos encontramos y mediante la serie de decretos ley que se ha ido sacando de la manga para hurtar a los ciudadanos el que, en las Cámaras de representación popular, se produzcan los debates previos a la aprobación o rechazo que deberían convalidar el contenido de aquellos.

En realidad, este economista que falsificó su trabajo para obtener el doctorado ( sin que nadie de su partido se lo haya recriminado), lo que nos indica el grado de fanatismo y odio a la oposición que han conseguido crear, con su propaganda mediática, estos señores socialistas y comunistas que forman parte de este lumpen de progresismo, incapacitado para comprender que una nación en la que se desprecia el trabajo para vivir a costa de subvenciones, pocas posibilidades va a tener de prosperar, crear riqueza, mejorar el estatus de la ciudadanía y obtener un puesto digno entre la naciones, en un contexto internacional.

El simple hecho de que el actual Gobierno esté permitiendo que, en Cataluña, en contra de los informes de la fiscalía de Estado y del TS, se esté pidiendo que se rectifique una sentencia en la que, previo un juicio con todas las garantías para los inculpados, defendidos por los mejores abogados del colectivo penalista, disponiendo de la posibilidad de impugnar, replicar, recurrir y reclamar de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales, en el sentido de que se proceda a rebajar la calificación del delito de sedición para restarle importancia y rebajar la apena con la que actualmente está sancionado nunca, como es evidente, puede ser considerado, como la estulticia de Pedro Sánchez parece querer dar a entender que los tribunales actuaron movidos por la venganza y no, como en realidad sucedió, ateniéndose a la Ley, a una normativa recogida en el CP y apreciando, algo que parece que no entiende el señor Sánchez, que todos los que fueron condenados no han mostrado un ápice de arrepentimiento y, aún más, en cada caso en que han tenido ocasión de hacerlo, se han afirmado en su intención irrevocable de que, cuando recobren la libertad, seguirán actuando de la misma manera, en un nuevo intento de romper la unidad de España, algo que fue exactamente lo que los llevó a la prisión de Lledoners.

El TS se muestra especialmente duro en el informe que ha remitido al Gobierno, respecto a lo que piensan sus magistrados ante la intención del actual gobierno de conceder el indulto a los 12 presos que siguen en las cárceles catalanas. Se muestra rigurosamente en contra de la actuación, que califica de “contumaz” de la administración penitenciaria, especialmente sensible ante las presiones del gobierno catalán a la hora de facilitar permisos, reuniones, adelanto de la excarcelación y claras prevaricaciones cometidas por los funcionarios adscritos a dicho cuerpo de vigilancia penitenciaria de Cataluña. Dice el TS que el criterio institucional respecto al tratamiento y régimen de los “presos del procés”, sin atender a su evolución personal e individualizada, lo que demuestra que ha estado visiblemente distanciada de los requerimientos legales que, como consecuencia de ello, han tenido que ser corregidos, una y otra vez, por la Sala, entorpeciendo el cumplimiento de los fines de la pena.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos estar más en desacuerdo con aquella frase lapidaria del señor presidente, respecto a que “Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia”. En realidad el orden debería ser, primero se cumple el castigo impuesto, sin arreglos o artimañas por parte de los encargados de imponerlo, que no significa que se actúe sin respetar los derechos de los presos y, seguidamente, si la persona que ha recibido, por parte de los asistentes sociales, una saludable instrucción acerca de su reintegro a la sociedad y acepta, con arrepentimiento, el integrarse como un ciudadano más, a la vida civil, sería cuando se podría empezar a valorar si se le pudiera aplicar como persona individual, el indulto del que estamos hablando. Y un dato para que no nos dejemos ganar por la propaganda del Gobierno, que parece indicar que, en España, existe una mayoría favorable a que se concedan estos indultos a los que nos hemos referido: un 67% de los españoles se oponen rotundamente a que se aplique a los golpistas del 1.O el indulto y, de los votantes socialistas, un 63% opinan lo mismo. La frase de hoy se debe a Diógenes de Sinope: “A Aristóteles se le preguntó una vez qué ganan los que dicen mentiras. Dijo él: que cuando dicen la verdad, no se les cree.”  Supongo que, al avispado lector, no le cabrá duda alguna a quién nos referimos.