Felipe VI en la encrucijada

Existe una tendencia comprensible, dada la natural inclinación a la pereza del ser humano, a hacer coincidir vocablos sólo por mor de cómo suenan, por una cualidad acústica coincidente que poco o nada tiene que ver con lo que expresan como conceptos. Hay muchos ejemplos: ¿Qué tienen que ver “distinto” con “distante”, “resiliencia” con “resistencia”, “plausible” con “posible”? Un poco de etimología no viene mal para despejar las dudas y no confundir, como aquella famosilla de la farándula, “estar en el candelero” con “estar en el candelabro”.

Y por aquello de la pereza mental, continúo con mi argumento, aunque desviándolo por otro camino.

Hay muchas personas (me temo que hasta una mayoría) que creen que el Rey no tendrá más opción que la de firmar lo que le ponga delante el Gobierno de Pedro Sánchez cuando, en fecha muy próxima,  se apruebe el espurio decreto de indulto para los golpistas que atentaron contra la unidad nacional (uno de los pilares de la Constitución) en octubre de 2017. Para justificar esta aseveración, que no opinión, afirman que Su Majestad no puede negarse a firmar, que está obligado a ello por la Constitución; que reina pero no gobierna. Es decir, que si, pongamos por caso, el Ejecutivo decide convertir el Palacio Real de Madrid en un club de alterne o en un casino “por el bien del país”, aduciendo que su uso oficial es escaso y que salen carísimos los costes de mantenimiento, el Rey debería firmarlo igualmente. Sí, sé que son dos casos distintos, pero no tan distantes: uno terriblemente factible e inminente y el otro quiero pensar que improbable. Mas, por reducción al absurdo, coinciden en una cosa: el Rey ha de sancionar con su firma cualquier cosa que se le presente, con independencia de su justeza y legalidad, puesto que, en teoría, el Gobierno ha surgido de las Cortes y éstas representan al pueblo soberano. Sobre el papel todo muy lógico; aunque ese sea el correlato del candelero y el candelabro, de la ética y la estética, de lo distinto y lo distante; es decir, no existe aunque suene parecido.

Los puristas de la cosa parecen no darse cuenta de que aplicando ese axioma están convirtiendo al Rey en una suerte de autómata, sin voluntad ni criterio, al servicio de una causa ilegítima que, a la larga, pondrá en entredicho a la propia Corona.

El indulto, que es un anacronismo que nos remonta a la Edad Media o mucho más atrás, precisa de dos requisitos que aquí no se cumplen: el arrepentimiento expreso del reo y su promesa de no incurrir nuevamente en el delito por el que fue condenado.

¿Se cumplen en este caso esas dos condiciones? Y, por otra parte, ¿por qué no se ha exigido a aquellos que se beneficiarían de la “medida de gracia” que lo hagan?

La respuesta es obvia: ni están arrepentidos ni tienen la menor intención de no volver a cometer el delito del que fueron culpables.

¿Entonces?...

¿Es necesario repetir lo que todos conocemos?

El presidente Sánchez es un ególatra narcisista que por su deseo de perpetuarse al frente del Gobierno se ve obligado a ceder al chantaje de sus “socios”, que no son otros que los delincuentes que, si no se obra un milagro, serán liberados en fecha próxima. Y para ello, para sus planes lamentables, no tiene ningún reparo en violentar la figura del monarca, utilizándolo como un peón del que, más adelante, prescindirá. Y si esa firma se produce, pesará para siempre como una losa sobre su reinado.

Hay pocos políticos que se hayan referido expresamente a esta circunstancia. Muchos, sí, han condenado la decisión de indultar a personas que no lo merecen; pero han pasado de puntillas sobre la sanción real de semejante desafuero. Ha habido una excepción, Isabel Díaz Ayuso, pero los dirigentes de su propio partido no han tardado en lavarse las manos ante lo que manifestó en público hace pocos días, en relación al uso torticero (“hacer cómplice”, es la expresión que empleó) de la figura de Felipe VI.

Debería haber un equipo legal que asesorara a Su Majestad, para que, buscando algún escape legal, evitara estampar su firma en tan flagrante injusticia. Y si no lo hay, está claro que algo importante falla en nuestra democracia, cuando un grupo de forajidos es capaz de secuestrarla, sin más, ante la mirada atónita de los ciudadanos.

El Rey habló claro en su discurso posterior al golpe de Estado en Cataluña y Don Juan Carlos paró la intentona del 23F. Si Felipe VI firma (y me temo que lo hará) perderá credibilidad entre sus partidarios y hará el juego a un grupo amplio de malhechores: los que nos gobiernan y los que quieren quebrar la unidad nacional. Además pondrá su firma en algo que otro Poder, el Judicial, ha declarado completamente improcedente “por no apreciarse razones de justicia, equidad y utilidad pública que lo justifiquen”.

Un rey necesita consejeros leales que se esfuercen por ayudarlo.

Nicolás Fernández de Moratín escribió en su tragedia La Hormesinda:

“A los príncipes se debe advertir, cuando acaso se equivocan, lo que es bien cierto que saber quisieran”

¿Tiene el Rey alguien que lo aconseje… bien?

Felipe VI se halla en un dilema moral.

Ojalá acierte, ya que no habrá vuelta atrás.