Sánchez saca adelante los PGE, descuartizando los derechos constitucionales

“El totalitarismo será siempre una tentación, las decisiones se toman más rápido que en democracia”, Albert Jacquard.

No por esperado resulta menos sorprendente el hecho de que, para asegurarse el poder durante algún año más, nuestro presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, se deje arrastrar por los comunistas de Podemos y los separatistas, tanto catalanes como vascos, hacia un terreno peligroso, una deriva que lleva a España directamente hacia un totalitarismo estatal en el que las libertades ciudadanas cada vez quedan más restringidas, más fiscalizadas y, por supuesto, más alejadas del espíritu y las normas de nuestra Constitución de 1.978.

¿Cómo es posible que, como ya se puso en práctica en el caso del coronavirus, para un mismo país, se establezcan diversos grados de ciudadanía? Para una nación que no está federada ni confederada y que, por tanto, todos los ciudadanos, aunque residan en comunidades distintas, en temas de una importancia social, económica, financiera y tan ligada con los derechos de propiedad como es la vivienda, los alquileres como rédito de ella, el progreso de la actividad constructiva y, en consecuencia, el de las múltiples actividades directamente ligadas a ella, puedan estar sometidos a distintas normativas, según la comunidad en la que residan, en cuanto a unos límites de los alquileres, evidentemente arbitrarios si se dejan en manos de los diversos gobiernos comunitarios, de modo que se creen desigualdades que no estén establecidas de una manera natural por la oferta y la demanda de cada una de las autonomías?

¿Estamos en una democracia parlamentaria o se están utilizando los métodos propios del sistema dictatorial, de hacer tabula rasa de todos los derechos constitucionales y las garantías de un Estado abierto, donde se respecta la propiedad individual, se permite un mercado libre y la libertad de precios, amén del derecho de los ciudadanos a poder disponer de sus bienes, inversiones y negocios de una manera autónoma? Y todo ello, siempre que se les permita a los promotores el poder orientar sus negocios en orden a conseguir el máximo rendimiento posible, sin intervención ni potestad de ningún organismo administrativo público, que pudiera ponerle trabas a semejante derecho. Otra cosa sería que, sobre tales beneficios se deban aplicar los impuestos pertinentes, siempre que se atengan a unos porcentajes justos, que no afecten a la estabilidad y marcha de cada empresa.

A cambio de obtener el placet de aquellos partidos, con presencia parlamentaria, que le vienen apoyando en la labor de ir restando poder a la Constitución, siempre que ello venga satisfaciendo sus intereses espurios, relacionados con la utópica ilusión de conseguir una independencia de Cataluña y, con menor intensidad, aunque no con  menos ambición, de la llamada Patria Vasca; el señor Sánchez, pese a haber mareado la perdiz hasta el último momento, ha acabado por ceder en un punto, sobre el que todavía queda pendiente una sentencia del TC aclarando, como lo ha hecho en cuanto a el primer estado de alarma, que se produjo como consecuente del Covit 19, declarándolo ilegal, en lo relativo a una experiencia de este tipo que ha tenido lugar en Cataluña, respecto a un recurso que pone en cuestión, tanto la posible falta de competencias como el impacto en el derecho a la propiedad privada.

Claro que la jugada política es la que se repite en cada ocasión en la que, el ejecutivo del señor Sánchez, como hizo en el caso del Covid 19, se ve en peligro de que algo que decida como gobierno de España pueda, en un futuro no lejano, salpicarle, en el caso de que los tribunales o la misma inercia de las repercusiones económicas, demostrasen que la medida tomada era improcedente, contraria a derecho, o un error económico garrafal. Lo que pueda repercutir el hecho de que se limiten los alquileres en ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid o cualquier otra donde el precio del solar constituya ya, de por sí, una parte importante del coste total de la edificación, de modo que para conseguir un rendimiento adecuado que compense los riesgos de cualquier inversión, unido a los gastos financieros y a las cargas fiscales inherentes a este tipo de negocios, se constituyan en una barrera para la iniciación de proyectos nuevos a cargo de empresas inmobiliarias o de  constructores individuales.

Y puede que nos ayude a tomar con pesimismo el futuro, lo que viene ocurriendo estos días en España con el precio de la electricidad, los problemas a los que nos enfrentamos con el suministro del gas, unido al optimismo descarado de una señora Calviño para quién hay cosas que “no deben sorprendernos” y otras que se las dejamos a la CE para que sea ella la que nos saque las castañas del fuego, evidentemente, para todo aquello para lo que no tiene respuesta o para que acudir a lo que piensan en la UE, le permite esquivar lo que opina ella al respecto. Eso sí, ha sacado pecho de los buenos resultados en materia de desempleo, algo que como es sabido se ha convertido en un pim, pam, pum volátil, que varía de una manera constante y que lo mismo puede dar un salto en un sentido como en otro, en el caso de que, como es posible que ocurra, volvamos a tener una crisis como consecuencia de que el incremento de costes para las empresas en las que, el nuevo salario mínimo, repercuta de una manera negativa en la cotización a la Seguridad Social o el gran impacto del aumento incontenible del precio del megawatio/hora, haga que la factura energética mensual se constituya en algo imposible de sostener ante una competencia con sus rivales de otras naciones.

Y la pregunta que cualquier ciudadano se viene haciendo, respeto al hecho de que el Gobierno esté constantemente aumentando la presión fiscal sobre el pueblo. Si pagamos un IVA, un IBI sobre las viviendas, un IRPF, una serie de impuestos añadidos sobre la factura de la luz para financiar unas energías alternativas que no vemos que sean capaces de sustituir a las nucleares que, sin embargo, están destinadas a desaparecer; mientras el Estado español paga facturas diarias de 90.000 euros por la energía que importamos desde las nucleares de Francia que, como quien dice, las tenemos a las puertas de nuestras fronteras. Ajustes, nos anuncia la señora Calviño, una ministra que parecía la más sensata pero que, por desgracia, se abreva en la misma política que la ministra comunista Díaz, que sigue la senda de ir subvencionando ERTES de empresas sin futuro alguno, en lugar de tomar medidas de apoyo para aquellas que, a causa de la pandemia, tuvieron que bajar la persiana, aunque eran de las que tenían todas las probabilidades de tener éxito.

Y cambios en el Ejército, mediante los cuales el socialismo en el poder va retirando, paso a paso, a aquellos mandos que les resultaban sospechosos de ser de derechas o afectos a ella, para irlos sustituyendo por jefes militares adeptos al socialismo, así cualquier posible presión por parte del Ejército en cuanto a la entrega de España al filo-comunismo, quedaría alejada de toda posibilidad. El relevo es la sustitución, como Jefe del Estado Mayor de la Defensa, del general Miguel Ángel Villarroya (cesado a consecuencia de una polémica por las vacunas en la Fuerzas Armadas) por el almirante don Teodoro López Calderón parece indicar que se va en esta dirección.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos congratulamos de las últimas resoluciones del TC, la primera: “El Pleno del TC por unanimidad avala la vigencia de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales dictadas por el Tribunal Supremo contra Puigdemont” y la segunda: “El Pleno del TC estima el recurso de amparo de Vox contra la suspensión de los plazos en el Congreso de los Diputados y declara que se ha vulnerado su derecho fundamental de participación política”. Sigue, el poder judicial en todas sus vertientes de TS y el TC, siendo el que nos da la esperanza de que, de alguna manera, se vaya a manteniendo el espíritu constitucional, contra los esfuerzos de las izquierdas intentando llevarnos a un régimen autoritario, similar al de la Venezuela de Maduro.

Hoy, el canciller alemán Adenauer, es quien nos facilita la frase adecuada: “Caer no es peligroso ni vergonzoso, pero permanecer arrodillado es ambas cosas”.