La Generalitat catalana desafía el mandato constitucional en materia lingüística

Es cierto que, de momento, los separatistas catalanes cuentan con el apoyo incondicional del señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pero la duración en el cargo que ostenta este señor tiene fecha de caducidad, unos meses más o menos, pero lo que es cierto es que existen muchas posibilidades de que, en los próximos comicios, tenga que ceder el bastón de mando a otras formaciones políticas que, por supuesto, no van a transigir como lo viene haciendo el gobierno Frankestein que tenemos ahora, al chantaje continuo de los separatistas catalanes y vascos. 

Es por ello que los nacionalistas catalanes están dispuestos a aprovechar los últimos estertores del gobierno filocomunista que padecemos, para conseguir los mayores beneficios para su causa, de modo que, cuando el actual ejecutivo deba ceder su puesto a los vencedores de las elecciones, tengan una posición más sólida frente a quienes, por supuesto, no van a seguir regalándoles parcelas de la independencia de Cataluña.

Sin embargo, la precipitación, la urgencia en quemar etapas, el miedo a lo que les pueda deparar el futuro de un nuevo gobierno español, quizá no les ha permitido calibrar suficientemente la actitud, absurda, ilegal, precipitada, abiertamente inconstitucional y con todos los visos de tratarse de una operación solamente destinada a ganar un tiempo que la sentencia, del TSJC, les viene negando, cuando el cumplimiento de su contenido debe aplicarse, sin más demoras, desde el día de mañana en toda la comunidad de enseñantes de la autonomía catalana. El inventarse un Decreto que intente vaciar de contenido la resolución del indicado tribunal, no tiene por donde cogerse desde el punto de vista de la legalidad. Un intento baldío de evitar la aplicación de una norma clarísima de la Constitución, con parches legales tan obvios y carentes del más mínimo sentido, mediante los cuales se pretende que un derecho constitucional, como es el de recibir enseñanza en castellano, pueda quedar superado por un simple decreto, promulgado desde un organismo claramente incompetente, dirigido desde el separatismo más casposo de toda Cataluña.

Si bien es cierto que, en la desesperación de verse obligados a tragarse sus ideas separatistas, en gran parte apoyadas en su defensa a ultranza del idioma catalán, los integrantes del gobierno de la Generalitat catalana se han liado la manta a la cabeza, en esta aventura suicida de intentar enmendar la plana a un tribunal de justicia, como es el TSJC, en un tema que es evidente que no tiene discusión alguna, por gozar del amparo constitucional. Se podría decir que puede entenderse como el canto de los caracoles cuando mueren en el agua bullente de la perola del catalanismo excluyente, otra cosa muy distinta es la postura absolutamente incomprensible e inexplicable de un gobierno de una nación, que contempla impasible, inoperante, desentendido completamente de sus obligaciones para la patria, entregado atado de pies y manos a la voluntad de unos delincuentes a los que, primeramente indultó y a quienes sigue rindiendo pleitesía cada vez que levantan un poco la voz para ordenar, al señor Pedro Sánchez, lo que tiene que hacer o no hacer.

Y en esta situación de excepcionalidad política en la que estamos viviendo, resulta que quienes tendrían la obligación de reaccionar ante tales evidencias de descomposición democrática, no se dan por aludidos, no ponen en marcha los mecanismos de los que dispone el Estado de derecho, como es el caso de la abogacía del Estado, un cuerpo de abogados especializados de los que se podría valer el ejecutivo para iniciar procedimientos en contra de estas aventuras de tipo separatista. Lo mismo podríamos alegar en cuanto a las funciones de la fiscalía que, con toda seguridad, podría encontrar motivos para iniciar las correspondientes investigaciones y proceder a expedientar a quienes, desde su situación de ilegalidad, siguen intentando poner en cuestión la unidad de la nación española.

La cuestión es que, mientras siguen despotricando en contra de España y de sus organismos, estos señores separatistas, continúan reclamando que se les vaya dotando, cada vez con más insistencia, de ayudas económicas a cargo del dinero de todos los españoles. Su victimismo en ocasiones llega a ser odioso porque, mientras van mendigando al Gobierno de la nación que se les vaya suministrando más dotación económica, más se van gastando en la cuestión de su independencia, como es el caso de las 27 “embajadas” que tienen abiertas en toda Europa, sin otro fin que hacer propaganda de Cataluña, vendiéndola como una nación oprimida por España. Hoy mismo, en el panfleto catalanista La Vanguardia de Cataluña, aparece en su sección económica, con grandes caracteres, el siguiente titular: “La inversión real del Estado en Madrid casi triplica la de Cataluña”.  

Al respecto se me ocurren las siguientes reflexiones que, al parecer, no tienen en cuenta estos eternos pedigüeños y, a la vez, críticos inexorables con todo lo que tenga relación con España. Por ejemplo, parece que no toman en cuenta que Madrid es el mayor aportante de recursos a la Hacienda Pública; que esta ciudad reúne la condición especial de ser la capital de la nación española y que el número de habitantes supera, por ejemplo, al de Barcelona; que en Madrid es donde tienen lugar los encuentros, reuniones y congresos de tipo político nacional e internacional, como es el caso de la próxima reunión de la OTAN.

Díganme ustedes cuándo han visto en los balcones de las viviendas de Cataluña, la bandera española y compárenlo con las que exhiben la bandera separatista y verán que la proporción es de 1 a 100 en el mejor de los casos porque, por si alguien no lo sabe, el poner en una casa catalana la bandera nacional de España es como exponerse a recibir toda clase de amenazas e incluso ataques de parte de los más revolucionarios. En Madrid se puede hablar con toda tranquilidad el idioma que uno elija y, por supuesto, en todos sus centros educativos de enseña en castellano, algo que en Cataluña se considera una ofensa para la lengua catalana. Resulta infantil, para no darle otro calificativo peor, el pretender que dando bofetadas continuamente al resto de la nación española, todavía se pretenda que se equipare Cataluña con Madrid. Si tanto se desprecia a los españoles, que se las arreglen como puedan con sus gastos para conseguir la independencia de España que, evidentemente, nunca dejará de ser una utopía irrealizable. Claro que, después de protestar por el trato supuestamente “preferente” a Madrid, el periódico en cuestión, admite que, según informa Hacienda “la capital recibió casi el doble de lo consignado gracias, en parte, al rescate de las radiales”, algo que por supuesto no va a ocurrir cada año.

Y un comentario, breve, sobre la forma que tienen los señores del Gobierno, de presentar la situación económica de la nación, desde un punto de vista evidentemente irreal y adornado de un utopismo optimista con el que se pretende ocultar al pueblo llano la evidente situación de crisis en la que nos encontramos. Por ejemplo, el mes de mayo pasado generó una inflación del 8`7% y, lo que es más preocupante, la inflación subyacente, que es la que de verdad más preocupa a los economistas, aumento a la inusual cifra del 4´9%, la más elevada desde octubre del año 1995. Y siguen sin resolver, ya con un mes de retraso, el tema del precio del gas y su repercusión en el precio de las gasolinas que, así como se produce el aumento inflacionario, cualquier mejora que se hubiera planeado está quedando absorbida por el desfase espectacular del fenómeno que lleva influyendo en todos los precios de los artículos básicos, todo ello con las repercusiones lógicas derivas de la guerra de Ucrania y la amenaza de que su duración sea prolongada.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, observamos con la mayor inquietud que los esfuerzos de los miembros del Gobierno del señor Pedro Sánchez, cada vez con más ahínco, con menos convencimiento y con una reiteración que resulta sospechosa, si se compara con los informes que vamos recibiendo de los organismo económicos internacionales que, como ha sido el caso de Bruselas, están repetidamente insistiendo ante el gobierno español respecto a puntos débiles que se tienen que corregir cuanto antes, uno de ellos, el excesivo endeudamiento producido por el aumento desaforado del gasto público en España. La tempestad está a las puertas de este país y faltará saber si, los que pilotan la barca. están en condiciones de capearla o ya están pensando en abandonarla a la deriva.

Y una opinión de Sir Geoff Mulgan, economista y profesor del University College London, que nos habla de: “La responsabilidad de un buen gobierno se encuentra no solo en los propios gobiernos, sino también con todas las demás partes del sistema que operan, incluidos los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y el público”