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“Los pueblos que ya no tiene solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales….“ Hace dos mil años, Cicerón alertaba a sus contemporáneos; nuestra generación está sufriendo idéntica situación.
Si algo no se le puede achacar a Pedro Sánchez es su determinación en tirar a la basura los más de cuarenta años de bienestar y paz en los que hemos vivido los españoles desde que aprobamos las Carta Magna. Esta semana, Sánchez, ha consumado el definitivo asalto no solo al Estado, pervirtiendo todos los instrumentos que garantizan su unidad y continuidad, sino también a la propia sociedad española de quien se apropia inmoral e indecentemente con leyes que socaban derechos tan fundamentales comoel derecho a la vida, la protección del menor, la igualdad ante la ley o la misma división e independencia de los poderes del Estado.
Todo el propósito paranoico que demuestra este gobierno, en el que todos y cada uno de sus miembros son corresponsables de la peligrosa deriva totalitaria a la que España está siendo arrastrada, nos está conduciendo a una situación cada vez más desesperante: violadores a la calle, rehabilitación penal y política de sediciosos condenados, menores abortando sin límite y consentimiento, transexualismo a gogó, reversión de la familia y una cada vez mayor desigualdad entre los españoles según el territorio donde residamos.
Lo que me llama poderosamente la atención es que toda esta involución social y política a la que nos está sometiendo esta nueva casta dirigente, de color claramente marxista, cuente con el silencio cómplice de la propia sociedad: ¿dónde están los estudiantes y profesores de las Universidades públicas y privadas opinando y manifestándose por la crítica situación de España para su futuro?; ¿dónde está el Consejo General de la Abogacía pronunciándose por el constante atropello al Estado de Derecho?; ¿dónde están las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia pronunciándose ante las amenazas del Gobierno?; ¿dónde están los intelectuales, escritores y periodistas no apesedebrados del poder? y ¿dónde están incluso los Obispos españoles denunciando públicamente la inmoralidad de muchas de las leyes injustas y contra natura, aprobadas por nuestro Parlamento?
No niego la responsabilidad que también le incumbe a los partidos de la oposición. A ellos les corresponde trabajar sin descanso, aprovechar todas las herramientas de las que disponen en el Parlamento y movilizar a sus cargos públicos y a la sociedad. No es la hora de devaneos y cálculos electorales. Es la hora de evitar el colapso del Estado y alimentar una esperanza de salvación, peligros de los que también advertía el propio Cicerón.
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