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Hubo un tiempo en que Pedro Sánchez necesitó el apoyo del independentismo catalán para conseguir la Presidencia del Gobierno. Y consiguió el apoyo de ERC, prometiendo a los catalanes un mejor trato en sus relaciones con el Gobierno. Eran los tiempos en los que el PP de Rajoy había ido encendiendo hogueras entre España y Catalunya, todavía resonaba el grito de “a por ellos” a la puerta de los cuarteles, y más de dos millones de catalanes estimaban que ya no tenían rey después del discurso de Felipe VI pronunciado dos días después del 1-O. Para el PSOE tener buenas relaciones con el movimiento independentista era la llave para poder gobernar España, y prometió dialogo, se creó una Mesa de Negociación en la que, incluso llegaron a sentarse Pedro Sánchez y Quim Torra, por aquellos tiempos President de la Generalitat. Pero aquello duró poco. Fueron pocas las reuniones entre ambas partes, el PSOE no parecía tener muchas ganas de dialogar y ceder y el independentismo “no surrender” representado por JUNTS tampoco mostraba muchas ganas de dialogo.
Fueron pocas las reuniones entre el Gobierno de España y ERC, pero llegó un día en que se consiguió, no la amnistía pero si el indulto para quienes estaban en prisión condenados por el Supremo a largos años de cárcel. Y, prácticamente, hasta aquí lo único que se ha conseguido en la mesa de negociación, unos indultos en los que no se indultaron las largas penas de inhabilitación que, en una nueva concesión del PSOE a las peticiones de ERC, tenían que ser conmutadas con la reforma del Código Penal aprobada en las Cortes. Reforma que también eliminó el delito de sedición por el que habían sido condenados los políticos y líderes sociales catalanes.
Esta reforma fue una patada en la espinilla de Marchena y sus compañeros togados del Tribunal Supremo. Se lo tomaron malamente y, como niños enfadados con quien les quita la pelota, se alzaron con sus requisitorias, metafóricas armas, contra el Gobierno elegido en las urnas. Ahora estamos pagando lo que no hizo Felipe González cuando tenía 215 diputados y el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Por miedo, si por miedo, a los militares y a los estamentos del Estado se fue dejando que el franquismo sociológico reinase en la Justicia, las fuerzas del orden público y el Ejercito, siempre con la mirada aquiescente de la Monarquía y el gran capital representado en el IBEX-35. Y ahora estamos pagando las consecuencias con unos jueces revueltos contra el poder legislativo, un Ejército en el que algunos mandos todavía no han digerido la democracia, un poder económico donde los bancos se niegan a pagar un impuesto sobre sus enormes ganancias, y un pueblo entretenido en el pan y toros de burdos programas televisivos. Y todavía, desde el poder, se atreven a afirmar que España es una democracia plena.
Marchena hace unos días decidió interpretar la reforma del Código Penal a su libre albedrío, haciendo caso omiso del espíritu de la ley, de lo que los legisladores querían cuando aprobaron la nueva legislación, y decidió que había que aplicarles el delito de “malversación agravada” que conlleva largas penas de cárcel e inhabilitación. El viernes pasado la Fiscalía ha decido aplicar el mismo criterio a Josep María Jové, diputado de Esquerra Unida, y a Lluís Salvadó, presidente del Port de Barcelona, para quienes pide largas penas de cárcel e inhabilitación por considerarles organizadores del 1-O.
No es esto lo que se aprobó en las Cortes donde la “malversación agravada” era para quienes se lucraran con el desvió de fondos públicos. Una vez más los togados interpretan la ley a su medida en una forma que podríamos denominar de “patriotismo jurisdiccional”. Y el PSOE aún les ríe las gracias, a pesar que Marchena les ha propinado una patada en el culo.
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