Están acabando con la sanidad

En Asturias la situación de la sanidad pública es muy alarmante, porque faltan médicos de atención primaria. También es algo que es verificable, ya que existen pocos médicos especialistas para la cantidad de pacientes que tienen que ser atendidos, de forma eficiente y rápida. En la sanidad privada la atención médica es mucho más rápida y ofrece la realización de más pruebas diagnósticas de alto nivel, con lo que la calidad de la misma es superior. Es verdad que en la pública se realizan operaciones complicadas o complejas de una manera apropiada, pero esto no es suficiente.

La masificación en las consultas de los centros sanitarios públicos es una realidad en Asturias y en el resto de España. Que muchos pacientes, ante las listas de espera de más de 8 meses en diversas especialidades médicas, opten por ir a la sanidad privada es algo perfectamente entendible, porque si no lo hacen puede peligrar incluso su propia vida o empeorar grave o irreversiblemente su estado de salud. O, como mínimo, existe ese riesgo evidente.

El Gobierno central tiene que tomar cartas en el asunto, es lo debido y supone asumir que la ética forma parte de la política. Incluso diría que los centros sanitarios del sistema público de salud deben tener los mismos medios tecnológicos o más que los centros privados. Los impuestos que pagamos los ciudadanos deben emplearse para que se disponga de más médicos y personal sanitario, para atender de la mejor forma a todos los pacientes. No sirve de excusa decir que no hay más capacidad de financiación, porque no es cierto. Siempre se puede aumentar algo más los impuestos o distribuirlos de forma más racional, lo que supone atender a las necesidades prioritarias y la vida y la salud no tienen precio.

Y la cotización a la Seguridad Social también puede aumentarse, de forma proporcional y moderada, en función de las necesidades del sistema sanitario. En definitiva, son posibles distintas medidas que aumenten el presupuesto sanitario, en beneficio de todos los ciudadanos.Determinadas pruebas médicas no se realizan, con la misma frecuencia que en los centros médicos privados, porque son caras. Su precio o su coste está cerca de los 100 euros por cada prueba  y esto no quiere ser asumido por la sanidad pública, ya que si cientos de miles o millones de personas  las realizan con una cierta frecuencia, al Gobierno le parece probablemente que el sistema de salud colapsará, por los excesivos costes, pero eso está por demostrar. En realidad, todo depende del dinero destinado, en función de las necesidades reales, de una población española envejecida y con el problema de  una baja natalidad.Por ejemplo, los TAC son pruebas muy completas y profundas que para diversas enfermedades son absolutamente necesarias, para llegar a la curación completa o evitar recaídas o agravamientos en los padecimientos de las personas, aplicando mejores tratamientos facilitados por la extremada precisión y calidad de estas pruebas.

En el ámbito de los hospitales privados hacen esta prueba de forma prácticamente inmediata, si se considera necesaria, pero hay que pagarla y no todo el mundo está en disposición  de hacerlo, por razones económicas. Esto es muy injusto, ya que de ello depende la vida de las personas, no es algo secundario o poco importante, todo lo contrario.

Una parte de la población ya está contratando seguros privados sanitarios, ante la falta de medios de la sanidad pública y esto no es algo aceptable. El Gobierno actual insiste en la reafirmación del gran valor de la atención sanitaria universal, pero esto son palabras, si no van acompañadas de hechos, de un cambio de paradigma. No se trata de pagar más a los médicos. Lo crucial es pagar a más médicos, los que sean necesarios, en función de la cantidad de pacientes, con análisis realistas de la situación en España. De poco sirve, por ejemplo, ampliar hospitales en Gijón o en cualquier otra parte del territorio español, si no se contrata el suficiente  personal sanitario, con criterios objetivos,  en los que prime la calidad  asistencial, como es lógico.

No se debe privatizar la sanidad pública y, en cierta forma, ya se está haciendo de forma velada o disimulada, ya que muchos ciudadanos, si quieren mantener su salud se ven obligados a ir a centros médicos privados que les aseguran un buen diagnóstico y un tratamiento efectivo y de calidad, sin sorpresas.