El 90% de los españoles demanda saber qué tipo de agua le sirven en hostelería y lo que va a pagar por ella. Los restaurantes pueden ofrecer a sus clientes, además del agua mineral natural o el agua del grifo, agua del grifo filtrada en el propio local. Algunos establecimientos cobran por este tipo de agua, una práctica que puede llevar a confusión y que desde la OCU defienden que no debe hacerse.
Y es que sólo uno de cada 6 consumidores es consciente de que le están sirviendo agua del grifo filtrada y se la están cobrando, según un estudio realizado por Metroscopia para el Instituto de Investigación Agua y Salud. Además, al 82% de los encuestados les molesta que les cobren por este tipo agua.
Ocho de cada diez españoles reconocen la calidad y seguridad del agua mineral natural, así como su importancia en la salud y la hidratación.
Agua mineral, agua del grifo o agua del grifo filtrada. En ocasiones a los consumidores no les queda claro qué tipo le están sirviendo, pero demandan que se especifique.
Eliminar el IVA para los primeros 250.000 euros en la compra de la primera vivienda para menores de 40 años, implementar la construcción de 250.000 viviendas nuevas públicas de alquiler con carácter urgente para los próximos 5 años o incentivos fiscales para fomentar que los propietarios de pisos vacíos los saquen en alquiler. Estas son algunas de las medidas que la lanzadera del talento y liderazgo juvenil Lideremos ha hecho llegar al Ministerio de Vivienda.
Los efectos devastadores de la DANA a su paso por zonas inundables han puesto sobre la mesa la necesidad de activar medidas de protección más exigentes en edificios existentes. Una de las propuestas del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España es la elaboración de un informe técnico en la transmisión de una vivienda que recoja que el adquiriente está comprando o alquilando una casa en una zona inundable, para que pueda tomar una decisión consciente.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es una entidad pública que gestiona la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales de los funcionarios civiles del Estado. Creada en 1975, permite a sus afiliados elegir entre recibir atención sanitaria a través del sistema público de salud o mediante aseguradoras privadas concertadas. Ahora, el Gobierno ha propuesto su eliminación, argumentando que el modelo actual es insostenible.
