Mujeres vulnerables sufren la peor cara de la discriminación en Argentina

“La migración es un derecho”, destacan los pañuelos que sostienen dos mujeres en una manifestación en la capital argentina por los derechos de los migrantes. A la izquierda, Natividad Obeso, una peruana que llegó a Buenos Aires en 1994, huyendo de la violencia política de entonces en su país. Imagen: Camilo Flores / ACDH

Remi Cáceres conoció en primera persona la violencia de género. Luchó, salió y hoy ayuda a otras mujeres en Argentina a encontrar la válvula de escape. Pero por estar en silla de ruedas y ser extranjera, advierte que el proceso fue aún más doloroso y arduo: “Con una discapacidad y siendo migrante, cuesta el doble o el triple. Hay que empoderarse y resulta muy difícil”.

Cuando llegó a Buenos Aires desde Paraguay, ya estaba  casada y tenía las piernas amputadas debido a un tumor en la columna. Padeció violencia durante varios años, hasta que pudo denunciar al agresor, consiguió que la policía lo sacara de su casa y mantuvo a sus dos hijas cuidando autos estacionados por monedas, en un suburbio de la capital.

Fue en la calle donde conoció a militantes de las federaciones obreras de este país sudamericano, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), quienes la alentaron a unirse con otros trabajadores,  a crear cooperativas y a fortalecerse laboral y políticamente. Desde entonces recorrió un largo camino y hoy es la secretaria de Discapacidad de la CTA.

“Los lugares donde se asiste a las mujeres víctimas de violencia de género no son accesibles para quienes andan en silla de ruedas o están postradas en una cama. Y las instituciones de refugio no saben qué hacer con las discapacitadas. Hace poco, una mujer me contó que la enviaron de vuelta a su casa, con el agresor”, dice Remi a IPS.

Desde la CTA, Remi es una de las referentes de un proyecto orientado a buscar información  y a empoderar a mujeres migrantes, transgénero y con discapacidad víctimas de violencia de género  que residen distintos lugares de la Argentina, en el que fueron entrevistadas 300 mujeres, 100 de cada uno de esos colectivos.

Los datos obtenidos son impactantes, ya que ocho de cada 10 mujeres manifestó haber pasado o estar pasando situaciones de violencia o discriminación y, en el caso de la población trans, la relación llegó a 98%.

La mayoría de las situaciones, según contaron, se dan en el espacio público. Casi 85% dijo haber pasado por una situación de hostilidad en calles, plazas, transporte público y espacios comerciales. Y más de un cuarto de las menciones (26%) refirió a hospitales o centros de salud como focos en los que se presentan actitudes de violencia y discriminación.

Una de las capacitaciones desarrolladas en el contexto del proyecto «Maravilla de Violencia contra las Mujeres». A la izquierda, Remi Cáceres, quien superó una situación de violencia y hoy es secretaria de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos. Imagen: María Fernández / ACDH

Otro dato interesante fue que los varones son generalmente los agresores en el hogar u otro ámbito privado, pero en los ámbitos públicos y las instituciones, las mujeres son las agresoras en proporciones similares o hasta mayores.

El estudio fue realizado por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), una oenegé que trabaja en la prevención de violencia en la Argentina desde 2002, con la participación de distintas organizaciones que representan en este país sudamericano a los colectivos de mujeres discapacitadas, trans y migrantes.

Forma parte de una iniciativa más amplia, bautizada Maravilla de Mujeres contra la Violencia, que ha recibido el apoyo financiero para el período 2022-2025 del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Desde 1996, este fondo ha apoyado proyectos en 140 países por un total de 215 millones de dólares.

La iniciativa incluye capacitaciones orientadas a brindar herramientas para el acceso a la justicia a los colectivos más vulnerables, que comenzaron durante 2022 a través de distintas organizaciones y convocaron a más de 1000 mujeres.

También se han realizados cursos para funcionarios y personal de gobiernos nacional, provinciales y municipales y del Poder Judicial, con el objetivo de sensibilizarlos en cuanto a cómo deben tratarse los casos de violencia de género.

María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, durante una manifestación feminista en Buenos Aires. Lubertino coordina el proyecto sobre violencia contra mujeres discapacitadas, transgénero y migrantes en Argentina que se extiende desde 2022 a 2025. Imagen: Camilo Flores / ACDH

Menos denuncias

“En la Argentina se ha avanzado muchísimo en los últimos años en leyes y políticas públicas referidas a violencia contra la mujer, pero a pesar de ello todavía muere una mujer por día en femicidios”, dice a IPS la presidenta de la ADCH, María José Lubertino.

“En este caso nos planteamos trabajar con las mujeres olvidadas. Nos llamaba la atención que, en los registros públicos de denuncias de violencias de género, hubiera muy pocas migrantes, trans y discapacitadas. Descubrimos que no sufren menos violencia, sino que denuncian menos”, agrega.

Lubertino, abogada que ha presidido el gubernamental Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), sostiene que se trata de colectivos oprimidos y discriminados sistemáticamente que, por su experiencia, se enfrentan con sus propios temores para denunciar:  “las migrantes tienen miedo a sufrir represalias, las mujeres trans suponen que nadie les va a creer y las discapacitadas muchas veces quieren mantener su privacidad”.

Efectivamente, en la investigación surgió que 70 % de las mujeres trans, migrantes y discapacitadas que sufrieron violencia o discriminación no hicieron la denuncia.  Muchas hablaron de que querían evitar la sensación de “pérdida de tiempo”, ya que consideran que la denuncia no va a tener ninguna consecuencia.

Cada colectivo tiene su situación particular. Así, las mujeres migrantes perciben discriminación especialmente en los hospitales. Las personas transgénero, además de ser las que padecen mayor cantidad de agresiones (a veces por parte de la policía), sufren específicamente el hecho de no ser reconocida por su identidad y su nombre. Las discapacitadas aseguran que son excluidas del mundo laboral.

En este país del Cono Sur americano de 46 millones habitantes, viven más de tres millones de extranjeros, de acuerdo a datos de noviembre pasado de la Dirección Nacional de Población. Casi 90 % de ellos son de otros países sudamericanos y más de la mitad proceden de Paraguay y Bolivia. Perú es el tercer país de origen, con cerca del 10%.

Del total de inmigrantes, 1 568 350 son mujeres y 1 465 430 son varones.

En cuanto a personas con discapacidad, el Registro oficial certificó más de 1,5 millones de personas para 2022, aunque se estima que son muchas más.

Desde 2012, una Ley de Identidad de Género, reconoce el derecho a su cambio en Argentina y para abril de 2022 se habían otorgado 12 665 documentos de identificación  conforme a la identidad autopercibida. De ellas, 62 % optó por la categoría mujer; 35 %, por varón y 3 %, por no binaria.

Las mujeres participantes en una de las capacitaciones sobre violencia de género en Buenos Aires. El proyecto es llevado adelante por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos con apoyo financiero del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Imagen: Camilo Flores / ACDH

Las distintas violencias

Yuli Almirón no tiene movilidad en la pierna izquierda como secuela de la enfermedad de poliomelitis. Es presidenta de la Asociación Polio-Postpolio Argentina (APPA), que reúne a unos 800 “sobrevivientes de polio”, como ellos se llaman. Yuli ha sido una de las tutoras de las capacitaciones.

“A través de las capacitaciones, quienes estuvimos nos enteramos de muchas cosas. Escuchamos, por ejemplo, muchos casos relacionados a situaciones de poder. Las mujeres discapacitadas a veces sufren violencia de parte de sus cuidadores”, relata a IPS.

El dato que más se sorprendió, de todas maneras, tiene que ver con las restricciones para acceder a las políticas públicas de ayuda a las víctimas de violencia de género.

Efectivamente, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad administra el Programa Acompañar, que se propone fortalecer la independencia económica de las mujeres y LGBTI+ en situaciones de violencia de género.

Así, se brinda el equivalente a un salario mínimo durante seis meses consecutivos, pero están excluidas aquellas que reciban un subsidio por discapacidad.

“No sabíamos que esas eran las reglas. Es una injusticia terrible, porque las mujeres víctimas de discapacitadas víctimas de violencia son las que más necesitan cortar con la dependencia económica para poder salir”, dice Almirón.

Otras de las organizaciones aliadas del proyecto es la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en la Argentina (Amumra). Su fundadora es Natividad Obeso, una mujer peruana que en 1994 huyó de la violencia en su país, en la época de la organización guerrillera Sendero Luminoso.

“Entonces Argentina no tenía ninguna política migratoria basada en derechos. Había mucha xenofobia. A mí me detuvo la policía sin ningún motivo, cuando estaba entrando a un supermercado, y me hicieron limpiar toda la comisaría antes de liberarme”, relata.

Natividad cuenta que los hospitales públicos es uno de los principales ámbitos donde las migrantes son discriminadas. “Cuando una va a dar a luz siempre la dejan para el final”, dice.

“Las mujeres migrantes sufren todas las violencias. Si hacen la denuncia las estigmatizan. Por eso no saben cómo defenderse. Hasta a las propias organizaciones nos excluyen. Por eso es central acompañar”, concluye.

ED: EG - Fuente: IPS