Las personas jóvenes reclaman más ambición frente a la crisis climática

El fin de semana del 3 al 5 de noviembre de 2023, 90 jóvenes de todo el territorio español se han reunido en Guadarrama (Madrid) para celebrar la Conferencia de Juventud de Cambio Climático, bajo el paraguas de la LCOY (Local Conference of Youth), con el fin de elaborar una serie de puntos y propuestas que presentar como juventud española ante la próxima COP 28 que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái.

Las cumbres del clima se celebran desde 1992 para hacer frente a las causas y consecuencias de la crisis climática, que con el paso de los años se agrava. Los actores involucrados en la agenda global de acción climática son cada vez más numerosos y se busca tener presente la voz de la juventud.

A nivel internacional, cada año se reúnen jóvenes de todo el mundo a través de YOUNGO, la representación oficial de las personas jóvenes en la COP: una COY global, RCOY a nivel regional y LCOY a nivel estatal. El objetivo es claro: fomentar espacios de discusión y participación en las negociaciones y decisiones climáticas para la juventud.

Los puntos clave sobre los que se ha discutido engloban los ejes de la agenda de la COP28: adaptación, mitigación, financiación, pérdidas y daños, gobernanza y transición justa. El debate protagonista ha sido la evaluación de los objetivos del Acuerdo de París, conocido como Global Stocktake.

Gobernanza climática:

Para una participación efectiva en los procesos de decisión, las personas jóvenes reclaman acceso a la información, y canales bien estructurados para que su voz sea tenida en cuenta y no solo sirva para poner una cara joven al status quo. Las asambleas ciudadanas se consideran un buen instrumento, pero deben ser vinculantes.

Debe abordarse con contundencia un régimen de incompatibilidades en las próximas negociaciones. Como afirma una de las jóvenes presentes: “no pueden ser las personas con vínculos con los combustibles fósiles quienes dirijan las políticas climáticas”. Para ello se exige un registro de las reuniones de los parlamentarios para poner coto a los lobbies.

Mitigación:

La juventud reunida en la LCOY declara que están “impacientes” por los insuficientes compromisos actuales de mitigación de gases de efecto invernadero. Los compromisos de cada país deberían ser más ambiciosos según su responsabilidad histórica, y deben rendir cuentas. España debe ser líder en la transformación del modelo energético, debe adherirse al Tratado de no proliferación de combustibles fósiles, apostar por su progresiva eliminación, y anticipar el horizonte de 2050 como fecha de su fin. Se acogen con interés las iniciativas de soberanía energética como las comunidades locales de energía, mientras que se rechaza la Taxonomía verde de la UE por incluir el gas o la energía nuclear.

Adaptación:

España es un país amenazado por los embates del cambio climático. Ante el riesgo de subida del nivel del mar, de desertificación, de inundaciones y de incendios forestales, las personas jóvenes reunidas en la LCOY priorizan cuidar los ecosistemas y “ayudarnos con la naturaleza en lugar de ir en contra de ella”: restaurar las zonas naturales en las costas y en las zonas inundables, así como ampliar la red de parques naturales y áreas marinas protegidas. Consideran clave la planificación urbanística como una herramienta de adaptación múltiple, no construyendo en zonas en riesgo de incendios, adaptando y rehabilitando viviendas, o creando refugios climáticos. También se propone una gestión democrática del agua como bien común, y apostando por el agua regenerada. Se pone hincapié en los efectos del cambio climático sobre la salud de las personas, ante lo cual hay que adaptar la prevención como la vigilancia de enfermedades o la formación de la población sobre primeros auxilios climáticos como golpes de calor.

Financiación climática:

La COP 28 debe formular de una vez una definición de qué es la financiación climática y un marco de implementación bajo “principios de justicia climática, género, interseccional y respeto a los derechos humanos”. Se muestra preocupación por el excesivo peso de los instrumentos de deuda en la financiación de proyectos de adaptación y mitigación hacia los países en desarrollo. Anular la deuda externa del Sur Global se considera un primer paso imprescindible, que debe ir asociado a un incremento de las ayudas en forma de subvención. España debe incrementar su capacidad de aportación financiera mediante instrumentos de fiscalidad sobre los beneficios de la industria de los combustibles fósiles.

Pérdidas y daños:

Los países menos desarrollados son los que están sufriendo ya los peores efectos del cambio climático: en vidas humanas, infraestructuras, ecosistemas... Se debe cuantificar los efectos para llenar de forma realista el fondo de pérdidas y daños, que debe contar con los países en desarrollo para su gestión. España debe contribuir como país desarrollado, y aprovechar la presidencia rotatoria de la UE para que los 27 llenen ese fondo. Se debe incluir el apoyo en pérdidas y daños a las migraciones forzadas por el cambio climático; también exigiendo al gobierno de España que promueva el estatus de refugiado climático en el derecho internacional y establezca canales de acogida.

Transición justa:

Situar una transición justa como eje del debate brinda una oportunidad para resituar la conversación climática en términos de justicia social y de transformación del sistema económico. Se apuesta por el decrecimiento de los sectores altamente contaminantes y hacer crecer sectores económicos sostenibles que permitan generar trabajo verde decente, estable y de calidad. Una transición justa debe ampliar el escudo social, adaptar el sistema educativo a las nuevas realidades, y procurar la solidaridad intergeneracional. También debe ser participada por los diferentes actores sociales, tanto el diálogo social tripartito (instituciones, empresas y sindicatos) como mecanismos nuevos que vehiculen la participación de colectivos sociales en general.