El jefe de la misión de observación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, informa al Consejo de Seguridad de la organización mundial. Se reconocen los avances en el proceso y la política de diálogo del gobierno, pero se piden más medidas en favor de las comunidades afectadas por la violencia. Imagen: Eskinde Debebe / ONU

NACIONES UNIDAS – Colombia ha llegado a una “coyuntura importante” en el avance de la paz después de décadas de guerra, pero se deben redoblar los esfuerzos para mantener el impulso actual,  según ha dicho esta semana al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el jefe de la misión de la ONU en ese país.

“Por difícil y que requiera paciencia, la decisión de Colombia de priorizar el diálogo como medio principal para resolver el conflicto distingue al país como un modelo que es más relevante que nunca en el mundo de hoy”, dijo Carlos Ruiz Massieu.

El también representante especial del secretario general de la ONU recordó que una delegación del Consejo de Seguridad pudo constatar los avances al visitar Colombia entre los días 7 y 11 del pasado febrero.

Los miembros del Consejo “pudieron observar de primera mano el profundo deseo de paz de los niveles más altos del gobierno y las instituciones estatales a través de la sociedad civil y las comunidades vulnerables, en las regiones aún afectadas por el conflicto”.

El Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) firmaron en 2016, al cabo de más de 40 años de insurgencia, un acuerdo de paz que se tradujo en la desmovilización de más de 10 000 combatientes, aunque un pequeño sector disidente decidió mantenerse en armas.

Desde entonces han sido asesinados 416 excombatientes -todavía 10 en el primer trimestre de 2024-, entre ellos 11 mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos, y 87 mientras se encontraban bajo medidas de protección o a la espera de recibirlas.

La dirección de la Farc reconvirtió el movimiento en partido político, pero persisten en armas al menos dos formaciones de antiguos integrantes de la guerrilla.

La más beligerante, “Estado Mayor Central de las Farc”, ha atacado recientemente a comunidades indígenas y ha chocado con unidades del ejército, que les combaten.

Otra insurgencia que también data de la década de 1960, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tendría entre 1500 y 2000 combatientes según fuentes castrenses, continúa en armas aunque mantiene desde hace meses un cese del fuego mientras negocia la paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ruiz Massieu indicó en su informe que líderes sociales y comunidades enteras aún sufren el impacto total de la violencia actual y la presencia limitada de instituciones estatales en varias regiones.

La misión de la ONU recogió 42 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales durante el período entre el 27 de diciembre de 2023 y el 24 de marzo de 2024, de los cuales dos fueron verificados, tres no concluyentes y 37 en proceso de verificación.

“Todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar los ambiciosos objetivos de los acuerdos de paz”, aseveró Ruiz Massieu.

Recomendó un mejor uso de las herramientas existentes para implementar el acuerdo de paz, llamó al gobierno a finalizar instrumentos legales y programas de reintegración para excombatientes, “para brindarles certeza a estos hombres y mujeres y consolidar su transición a la vida civil”.

Por su parte, Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Colombia Diversa, informó al Consejo sobre el impacto del conflicto en las personas LGBTIQ y tareas pendientes para garantizar una paz inclusiva.

“Vengo de un país marcado por la guerra, pero con esperanzas de paz. Lo que alguna vez fue impensable ahora es posible: iniciativas de paz que reconozcan a todos los colombianos, un cambio social hacia un mundo sin discriminación y un marco legal arraigado en el principio fundamental de igualdad”, dijo Sánchez.

Sin embargo, los desafíos persisten, recalcó la activista, ya que las personas LGBTIQ han sido atacadas durante mucho tiempo por lo que son, debido a normas patriarcales arraigadas y a la discriminación, y Colombia “sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores de los derechos humanos”.

“Cada ataque contra una persona LGBTQ, cada defensor de derechos humanos asesinado y cada asesinato que no se investiga envía el mensaje de que nuestras vidas son prescindibles”, advirtió.

Según sus informes, al menos 6000 crímenes se cometieron contra miembros de esa colectividad durante el conflicto armado.

En la presentación del informe también hablaron los embajadores ante la ONU de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Japón, Corea del Sur y Ecuador.

Estos miembros del Consejo de Seguridad coincidieron en expresar preocupación por la violencia armada que sigue siendo elevada en zonas occidentales del país como Antioquia, Cauca y Nariño, y en pedir a las autoridades colombianas la obtención de nuevos avances en el proceso de paz.

A-E/HM - Fuente: IPS