El gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo es señalado como responsable de un incremento de la represión en Nicaragua, en donde permanecen más de 130 personas bajo detención arbitraria. Asimismo, de asfixiar a la sociedad civil cancelando miles de organizaciones. Imagen. Artículo 66

GINEBRA – La situación en Nicaragua se ha deteriorado gravemente, con un aumento de las detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra pueblos indígenas, según se indica en un informe publicado esta semana por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Desde el año pasado “la persecución de los opositores al Gobierno o de aquellos percibidos como voces disidentes se ha ampliado e intensificado progresivamente”, expresó el alto comisionado, Volker Türk, en el informe divulgado por su oficina, Acnudh, en esta ciudad suiza.

El Gobierno, dirigido por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, “sigue persiguiendo no solo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”, según el informe.

“Esto incluye a los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes, las organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad que abogue por el cambio social o político sin supervisión del Gobierno”, agregó el texto.

Las autoridades también propusieron un proyecto de ley para permitir el procesamiento de personas en el extranjero por presuntos delitos, incluido el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento, así como los delitos cibernéticos.

Eso generó nuevas preocupaciones en Acnudh, en el sentido de que leyes tan amplias se utilicen para presionar e intimidar aún más a los ciudadanos exiliados y extranjeros por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y otros derechos.

El informe se basa en 120 entrevistas, principalmente con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, reuniones con representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional, así como en el análisis de documentos gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales.

Abarca un período de 12 meses a partir del 15 de junio de 2023, y ofrece descripciones detalladas de casos de detención arbitraria, al menos dos desapariciones forzadas documentadas, así como violaciones de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Señala que, en mayo de este año, 131 personas opositoras estaban bajo detención arbitraria, un marcado aumento en comparación con las 54 que así se encontraban en junio de 2023, según informes de la sociedad civil. En junio y julio de 2024 se produjeron otras 10 detenciones arbitrarias.

En la central ciudad de Matagalpa, en octubre de 2023 las autoridades arrestaron a un hombre de 70 años por criticar al Gobierno en conversaciones casuales. Su paradero permaneció oculto durante un mes, antes de ser condenado a siete años de prisión por tráfico de armas, en un proceso carente de garantías judiciales, señala el informe.

Indica que el paradero de un académico permanece desconocido desde el 20 de noviembre de 2023, cuando fue detenido en la capital, Managua, tras una publicación en las redes sociales en la que criticaba al Gobierno.

El informe también documenta 12 casos de tortura y malos tratos durante la detención. En particular, siete detenidos denunciaron haber sido sometidos a violación, abuso sexual y descargas eléctricas.

Tres de ellos denunciaron haber sido estrangulados en los testículos, mientras que todos mostraban signos de trastorno de estrés postraumático, señala el informe.

Acnudh también siguió recibiendo informes sobre violencia cometida contra pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas de la Costa Caribe, con al menos dos asesinatos, documentados, por colonos que no pertenecen a esas comunidades y buscan controlar sus tierras.

“Los asesinatos y otros ataques violentos, incluida la violencia de género, la quema deliberada de viviendas y la apropiación ilegal de tierras y propiedades indígenas se llevaron a cabo en un contexto de impunidad generalizada”, dice el informe.

El informe expone que en Nicaragua las libertades religiosas siguen estando sujetas a restricciones indebidas: 27 sacerdotes y seminaristas católicos fueron detenidos arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024, y 31 clérigos fueron expulsados del país tras permanecer detenidos durante varios períodos.

Las autoridades también han revocado el estatus legal de muchas organizaciones religiosas, como parte de una tendencia de cancelaciones arbitrarias de oenegés.

Durante el período del informe, se revocó el estatus a más de 300 organizaciones, incluidas las que defendían los derechos de las mujeres.

En agosto de 2024 se cerraron otras 1700 organizaciones, lo que supuso el golpe más duro infligido a la sociedad civil, con lo que el número total de organizaciones disueltas asciende a más de 5000 desde 2018.

Türk dijo que la “crisis multifacética que afecta a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo del Gobierno”.

“Las elecciones de 2026 ofrecen una nueva oportunidad. Es crucial que se respete plenamente el derecho a la participación política para que los nicaragüenses puedan decidir con seguridad y libertad el futuro de su país”, agregó el alto comisionado.

A-E/HM - Fuente: IPS