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​Temerario y contraindicado

Domingo Martínez Madrid, Burgos
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sábado, 25 de enero de 2025, 10:51 h (CET)

La presidenta del CGPJ recordaba, no hace muchos días, que entre los valores que caracterizan la cultura jurídico-política de la Unión Europea destaca la independencia de jueces y tribunales. Sobre este principio descansa el Estado de Derecho, el equilibrio entre poderes y la garantía de no intromisión. De otro modo no podría garantizarse la primacía del imperio de la ley al que todos, también los poderes públicos, están sometidos.


El Estado democrático y de derecho es un sistema que garantiza la igualdad de todos ante la ley y evita la arbitrariedad del poder político. Este sistema merece un respeto. Los errores, déficits y casos de mala praxis deben ser denunciados, pero acusar a los jueces de servir a intereses políticos de parte es una falsedad, además de un atentado contra el sistema y una temeridad. Desgraciadamente ahora se está dando esta situación.

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Fomentar la participación de diferentes actores políticos y garantizar la igualdad de oportunidades para todos, implica impulsar la formación y capacitación política, ya que las instituciones democráticas deben ser sólidas y deben erradicar cualquier sesgo de señoritismo para garantizar poderes imparciales que protejan los derechos de todos los ciudadanos y contribuyan al desarrollo de municipios y ciudades.

El mayor bien que le pueden quitar a una persona, a un pueblo, a una cultura, es el de la voluntad. Sin ella todas las virtudes de las que se disponga son endebles, precarias, seguramente efímeras. Sus sujetos pueden ser fuertes temporalmente, pero si caen, es fácilmente esperable que no se levanten, bastante tenían con estar en pie.

El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un problema estructural, que trasciende lo político y afecta directamente a millones de ciudadanos en España. Las recientes tensiones parlamentarias y el bloqueo al decreto ley que incluía medidas sociales vitales, como la subida de las pensiones, las ayudas a los afectados por la DANA en Valencia y la subvención al transporte público, han puesto de manifiesto la urgencia de replantear la estrategia legislativa.

 
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