Rajoy y el Tribunal de cuentas también deben dimitir, aunque esa no sea la Esperanza

Rajoy debe dimitir, como lo ha hecho Esperanza Aguirre. Aunque no sea culpable de nada. Por omisión, por negligencia, por no enterarse de lo que uno debe enterarse, también se debe dimitir

Daniel Laseca

Daniel Laseca

jueves, 27 de abril de 2017, 00:00 h (CET)

Es triste ver a diario todos los casos de corrupción que aparecen en los medios. Pero todavía mucho más preocupante es creer que ese es el principal problema de España. Que quitando al PP, todo se soluciona. Y precisamente quienes suelen creerlo son los que omiten, silencian, o consienten, incluso cometen, todos los casos de corrupción anónimos, micros o macros, pero que deambulan invisibles por nuestra sociedad desde hace siglos y que permanecen impunes.

Es importante que la prensa señale cualquier irregularidad, y más si es por parte de organismos o personas de la administración pública. Pero como decía Huxley, “la mejor forma de limpiarse no es revolcarse en la mierda”. Estaría bien que algunos de los medios de comunicación que parecen regodearse con cada caso de corrupción del PP, en vez de ensañarse aportaran alguna vez alguna iniciativa para poder solucionarlos.

Creo firmemente que Rajoy debe dimitir. Incluso nunca debió ser Presidente alguien que perdió en las urnas dos veces contra el peor dirigente desde la transición, el que dejó una deuda y unas cifras macroeconómicas desoladoras. Es una cuestión de dignidad, de amor propio, y de imagen. Pero también creo que esa no es la solución a ninguno de los problemas de corrupción, ni a los visibles ni a los invisibles, que revolotean por España como zopilotes.

Porque el problema de la corrupción en España no es el PP, ni mucho menos. Quien crea eso, ni conoce España, ni conoce a las personas. La corrupción es algo personal, depende de los individuos, no de las entidades. Una entidad, por sí misma, no tiene comportamiento moral. Cuando España se dilapidó todo el oro extraído, o sustraído-como se prefiera- de América no había ningún miembro del PP cerca, cuando se retrató la España del Lazarillo, del Buscón, del Guzmán de Alfarache, no se describía al Partido Popular. Los Eres y los cursos de formación en Andalucía no son cosa del PP. El mismo ejemplo de las tarjetas black, que implicaba a personas de todos las ideologías, del PP, sí, pero de IU, de los sindicatos, etc. Que Junts Pel Sí siga diciendo que se sienten robados por el Gobierno Central cuando están dirigidos por los herederos políticos de Pujol es cuanto menos un insulto. Y ahí está Podemos, que antes de empezar, ya ha tenido casos de corrupción, de irregularidades administrativas como lo llaman ellos, además de una más que cuestionable financiación. Y qué decir de ese 20%, estimado, casi 200.000 mil millones de euros anuales, de economía sumergida que arrastra este país. ¿Son acaso todos del PP?

Criticar, ejercer el rol censurador y oponerse a todo, es extremadamente sencillo. Acusar, mientras una gran parte de la sociedad, de la cual también los políticos son parte, impide que las arcas públicas se llenen, es muy preocupante. Porque muestra el alto grado de auto desconocimiento de una sociedad que parece no haber cambiado desde el Siglo XVI. El poco grado de autor responsabilidad que está dispuesta a asumir y que siempre buscará excusas, culpables ajenos para auto justificarse.

La alternativa no está en quitar a unos, para poner a otros que serán iguales o peores. La solución debe pasar antes que nada, por formar en los centros educativos primero personas, y luego profesionales, que tengan conciencia de su responsabilidad. Y segundo, despolitizar totalmente el Tribunal de Cuentas. Es irrisorio que el Congreso y el Senado elijan a quienes van a controlar las cuentas públicas. Se ha señalado hasta la saciedad la corrupción del PP, pero apenas se ha mencionado la absoluta negligencia en cada uno de esos casos de Tribunal de Cuentas. Todos sus miembros deberían dimitir inexorablemente y rendir explicaciones de su actividad, o más bien de la ausencia de la misma. El control de las actividades económicas de los órganos de Poder Público, debe recaer o en la oposición, o en entidades ajenas externas.

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