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Santander y CatalunyaCaixa se adhieren al Código de Buenas Prácticas | |||
Si la familia hipotecada no puede pagar su deuda con las medidas proyectadas se podrá solicitar una quita de la deuda | |||
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La efigie de las entidades bancarias ha sufrido una devaluación debido a las arriesgadas operaciones especulativas que practicaron y que tuvieron un efecto pernicioso para gran parte de sus persuadidos clientes y para el conjunto de la economía global. La reforma financiera presentada por el Gobierno y ratificada en el Congreso con el apoyo de 303 diputados, provenientes del PP, PSOE, CiU y la abstención de PNV, ha vislumbrado el ingente stock inmobiliario que posee la banca. Los analistas prevén que no será fácil que las entidades puedan deshacerse de dichos activos. En esta línea, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, presentó hace unas semanas una medida que el anterior gobierno socialista no se atrevió a plantear acusado por las fuertes presiones financieras que soportaba. El Gobierno, avalado por las élites económicas de nuestro país, que califican como “esperanzadoras” las reformas emprendidas por los conservadores en materia presupuestaria, ha decido ensalzar una medida que pretende apoyar tanto a los bancos como a las familias hipotecadas que no pueden hacer frente al vencimiento de su deuda. La medida, puesta en marcha por el Ejecutivo, tiene el objetivo de paliar el problema de los desahucios en familias en riesgo de exclusión social. Según el Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), las entidades financieras podrán comunicar su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. El Código incluye medidas destinadas a familias con una única vivienda, todos sus miembros en paro y sin rentas del trabajo. Antes de que se haya iniciado la ejecución de la propiedad, los hipotecados podrán pedir a su banco una carencia de cuatro años en los que sólo pagarán intereses, la ampliación de la hipoteca a 40 años y la reducción del interés aplicable a Euríbor más 0,25 puntos. Si a pesar de la refinanciación, la familia es incapaz de pagar su hipoteca porque con ella se van más del 60% de sus ingresos, podrá solicitar una quita en la deuda pendiente. Las primeras dos grandes entidades financieras que han anunciado su adhesión al Código de Buenas Prácticas proyectado por la Administración central son el Banco Santander y CataluyaCaixa, el banco perteneciente a la caja catalana, La Caixa. La aceptación del Código se mantiene dentro de una libre elección, pero con penalización judicial para aquellas cajas y bancas que incumplan el código expuesto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez que sea aceptado. El grupo que preside Emilio Botín ha remitido un comunicado en el que explica que mantendrá la medida de moratoria hipotecaria que anunció el pasado verano. Defienden que esa política ha permitido dar soluciones a 9820 familias con hipotecas. Por su parte, CataluyaCaixa ha comunicado que ofrecerá a sus clientes hipotecados un alquiler social de dos años tras la dación en pago. La única condición es que los clientes deben demostrar que se encuentran en una situación límite. Otras entidades de menor calibre también han decidido sumarse a la iniciativa del gobierno en materia de desahucios que no acaba de convencer a la plataforma Stop a los desahucios que la considera “insuficiente”. Ayer lo anunció Ruralcaja, la matriz de la red de 15 cajas rurales españolas, y anteriormente lo había hecho Cajamar, vinculada a estas. El resto de bancos y cajas del sector todavía no se han pronunciado. Según los datos del Gobierno, desde que empezó la crisis ha habido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias en España y en estos momentos existe un millón y medio de familias con todos sus miembros en paro |
Una nueva fiscalidad para los alimentos y el impulso a los incentivos económicos para la descarbonización destacan entre las líneas de acción marcadas en el informe de un grupo internacional de expertos, creado para ejercer una influencia real en las estrategias y legislación alimentaria a largo plazo.
España se sitúa entre los países de la UE con mayor índice de escolarización de 0 a 3 años, superando el objetivo comunitario del 45% marcado para 2030 y muy por encima de la media de los 27, que se sitúa en el 37,5%, tal y como indica el informe ‘Educación y atención a la primera infancia’ publicado por la red Eurydice, perteneciente a la Comisión Europea.
“Es indecente que la sociedad española acepte que 1 de cada 3 niños viva en situación de pobreza”, ha asegurado el Presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, durante una jornada de debate en torno al Informe sobre derechos, calidad de vida y atención a la infancia. Ha alertado de que el 33% de los niños se enfrenta a un riesgo de pobreza o exclusión y de que 1 de cada 10 sufre una carencia material absoluta.
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