El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión.

Tras el escándalo internacional ocasionado por el fallido indulto del TC, el mismo que fue revertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo mínimo que se podía esperar es un debate acerca de la naturaleza de dicho organismo (o si este debiera seguir existiendo, o ser electo directamente por el pueblo o en base a claros criterios de imparcialidad).

El castigo como solución, en política, es cortedad, es desconocimiento, es un atajo social para ocultar la auténtica realidad humana. Siempre hemos oído decir a los “pedagogos profesionales”, que el castigo nunca era la solución… Los problemas se arreglan con “conocimiento objetivo” de sus causas y con los “remedios personales y sociales”.

El Tribunal Constitucional es el órgano constitucional, independiente al resto, que vela por la defensa de la Norma Fundamental española en su dimensión jurídica y por métodos jurisdiccionales. Además, tiene autoridad para dictar sus reglamentos en relación a su funcionamiento y organización. Y, en consecuencia, tiene autoridad para aprobar su protocolo.

Después de que el Tribunal Constitucional anulara el sistema para calcular la base imponible del impuesto de la plusvalía, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley que adapta el tributo a la sentencia y que permitirá al contribuyente elegir la forma de pago que más le beneficie entre dos opciones.

Dicen que los andaluces estamos “curados de espanto” por los comportamientos de ciertos personajes que han gobernado malamente Andalucía durante casi cuarenta años. Sin embargo, yo no creo que estemos “tan curados”, porque cada vez que ha surgido algún episodio de mala gestión o prevaricación, se han criticado en todos los ambientes, aún a sabiendas de que no iban a cambiar de política, los Chaves, Griñan, Díaz, y sus millares de adláteres.

El 26 de mayo de 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Gobierno español a pagar a María Luisa, “La Nena”, la pensión de viudedad que le correspondía y que la Seguridad Social le negaba porque, según ellos, la “boda gitana” no es un verdadero matrimonio. Ese juicio lo ganamos a pesar de que los tribunales españoles se empeñaron en darle la razón al Gobierno de España.

Si analizamos “la cosa”, aunque sea someramente, a cada paso que damos, el IVA nos persigue: al comprar el billete del autobús, al desayunar en el bar o cafetería, al comprar la prensa, al fumar el primer cigarrillo, al repostar el coche, al pagar la cuenta de supermercado, al comprar un libro, en la visita al dentista o a la farmacia.

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión.

Un Estado de Derecho avanzado, debidamente representado por un Gobierno íntegro, de todos y para todos, ante el título de este artículo solo debería, como ejemplo para la sociedad civil, guardar un respetuoso acatamiento y manifestar la intencionalidad de ajustar la sentencia del Tribunal Constitucional a los derechos individuales.

Impedir la libre circulación de personas por espacios de uso público, salvo para actividades esenciales, como adquisición de alimentos, el desplazamiento al puesto de trabajo o a un centro sanitario, tal como lo hizo el gobierno en marzo de 2020, no se ajusta al espíritu de la Constitución. Tampoco son constitucionales impedir la circulación de vehículos y cortar las carreteras a tal efecto. De esta manera se han expresado los magistrados del Tribunal Supremo.

Dicen haber triunfado esos bastardos por la sentencia del TC al considerar inconstitucionales los confinamientos durante el estado de alarma de la primera ola de la pandemia, considerándolos ilegales. A pesar de que la Ley que regula el estado de alarma cita textualmente que está prevista para «epidemias».

“El Estado de derecho debe ser reconocido por todos los partidos políticos. Ellos no deben aconsejar a otros violar la ley, ni alentar a otros a hacerlo, incluso cuando están en total desacuerdo con la legislación presentada por el gobierno de turno” James Callaghan.