Impuestos

Siempre he tenido la idea de que, en este país existe un síndrome que afecta a todos los responsables de Hacienda por el que consideran a los españoles como unos defraudadores natos y culpables de que el país no ingrese, en impuestos, las cantidades que deberían recaudar si todos pagasen lo que, según las leyes fiscales españolas, los impuestos pertinente a las arcas del Estado. Sin embargo, no parece que, como se argumentaba en épocas pretéritas, sea este país el que menos impuestos tiene implantados, ni que la carga fiscal conjunta que pesa sobre los ciudadanos sea inferior a la del resto de países de nuestro entorno europeo. Siempre hemos pensado que, si las leyes fiscales en lugar de ser tan complicadas, tan enrevesadas, tan cambiantes y, por qué no decirlo, en ocasiones de características tan draconianas y confiscatorias; los ciudadanos nos equivocaríamos menos en nuestras declaraciones y, con toda seguridad, seríamos capaces de cumplir mejor con nuestras obligaciones fiscales o, incluso, quizás tendríamos que pagar menos.

Es evidente que los ministro de Hacienda que han pasado por los últimos gobiernos de España, han estado obsesionados en recaudar más y más, por todos los medios que tienen a su alcance que, por cierto, son muchos, variados y, todos ellos con efectos letales para los contribuyentes; lo que, a la vez, les ha llevado a desconfiar de todos aquellos sobre los que pesa la pesada carga de deducir parte, una parte muy importante, de los beneficios obtenidos, para evitar que el Estado se cebe con ellos mediante multas, pago de atrasos con recargo o intereses de demora que, cuanto todos ellos se juntan, son capaces de arruinar a aquella pobre persona o sociedad que, por error, ignorancia, descuido o, simplemente, por no disponer del dinero preciso para poder hacerse cargo del pago, incurre en alguna de las causas que la Hacienda atesora para poner tiesos a quienes tienen la fatalidad de dejar de cumplir, a rajatabla, con sus obligaciones fiscales.

Y una de las peores cosas que a uno le puede suceder es no estar lo suficientemente avezado para manejar las modernas técnicas que han ido irrumpiendo, a velocidades de vértigo, en nuestra vida; como es el caso de la digitalización de las declaraciones, los medios de pago, los contactos con la Administración y la necesidad de convertirse en un experto en todas estas nuevas técnicas si uno no quiere exponerse a lo que le pasó, a este modesto opinante, con unas declaraciones que, al principio, las hacia a mano y las llevaba directamente a la entidad bancaria para efectuar el preceptivo ingreso y conseguir el sello que acreditaba que se había cumplido con Hacienda. Cuando, de pronto, sin pensar que había muchos contribuyentes a los que todo esto de Internet y de utilizar los medios digitales IVA era poco menos que pedirles la Luna debido, en parte, a la rapidez con la que tomaron la decisión de implantar el nuevo método recaudatorio, cambiándolo y modernizándolo, sin dar tiempo para adaptarse a él, la Hacienda pública pensó que se iba a conseguir mucho ahorro si les obligaba a los contribuyentes a que presentaran sus declaraciones y correspondientes pagos, a través de las redes digitales.

No pensaron o, si lo hicieron, les tuvo sin cuidado, en el problema que supondría para muchos de aquellos que, con anterioridad rellenaban los correspondientes impresos a mano o a máquina; cuando, a partir de una fecha determinada se les exigió tener unos conocimientos que, aunque para nuestros jóvenes avezados en ello, no les representaba dificultad insalvable, no ocurría lo mismo con los millones de personas mayores que se han visto obligadas a intentar adaptarse a las nuevas técnicas, sin que muchas de ellas hayan podido adquirir la facilidad y destreza necesarias para solucionar correctamente, a través de las redes, lo que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la Hacienda les requería. Este comentarista intentó enviar las sucesivas declaraciones por Internet a la Agencia Tributaria, sin percatarse de que, en el proceso, cometía un error que impedía que llegasen a su destino. No a los tres meses, ni a los seis ni a los nueve sino un par de años después recibió el requerimiento de que se presentasen aquellas declaraciones que no habían recibido y, para abreviar, a pesar de intentar explicar a los funcionarios de Hacienda el verdadero motivo de aquel error, las explicaciones no sirvieron de nada y se hubo de pagar multa, intereses y recargos, simplemente porque Hacienda no tiene interés en distinguir cuando hay una simple culpa de cuando hay dolo.

Lo que es evidente es que, empezando por el impuesto de Sucesiones, un impuesto que según el lugar del país en el que uno resida, no se paga nada o sólo una pequeña cantidad y sin embargo, si usted reside en Barcelona, es muy posible, como está sucediendo en muchas ocasiones sucede que al heredero le resulte más práctico renunciar a la herencia o recibirla a beneficio de inventario, en lugar de aceptarla porque, en este caso, se puede ver obligado a tener que venderlo todo para pagar el impuesto que recae sobre dicha herencia o, en ocasiones, cuando las deudas superen al valor de lo heredado, incluso se puede ver obligado a tener que pagar de su propio bolsillo. Resulta incomprensible y solamente se puede entender si se explica desde la necesidad de las administraciones públicas de recaudar dinero, cueste lo que cueste, que una persona que intenta ahorrar durante toda su vida, sacrificándose para lograr un patrimonio para dejar a sus descendientes, sobre el cual ya ha debido pagar sus respectivos impuestos, cuando se muera y lo hereden sus descendientes deberán volver a pagar sobre los mismos bienes, que ya fueron objeto de liquidación de impuestos, por el impuesto de Sucesiones. Es evidente que castigar el ahorro, fomentando que la gente prefiera gastarse el dinero en lugar de guardarlo en cuyo caso, como no hay herencia, es Estado no tiene ocasión de “castigar” con impuestos a quienes no reciben nada. Cuesta entender que situaciones semejantes puedan tener lugar y, por añadidura, tampoco se entiende, si la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante las leyes, en una autonomías, como la catalana, el impuesto roza la incautación y en otras, por el concepto de herencia, no se pague nada.

Ahora se considera que, en España, existen demasiados impuestos, no solamente en el sentido del número de ellos que, juntamente con arbitrios, tasas, etc. recaen sobre los ciudadanos, sino en cuanto a la cuantía de ellos y el intrincado número de leyes, normas, circulares, jurisprudencia e interpretaciones que alrededor de todas ellas existen, de manera que, volviendo a lo dicho en cuanto a la obligación de desenvolverse a través de las nuevas técnicas, la mayoría de ciudadanos obligados a presentar liquidaciones por motivos de operaciones que implican el pago de impuestos, se ven precisados a acudir a gestorías, abogados y demás expertos para que les preparen las correspondientes declaraciones, de manera que estén seguros de que no incurren en ningún ilícito que, posteriormente, pudiera crearles graves dificultades con la Agencia Tributaria. Ello implica el tener que pagar honorarios a los gestores, algo que supone un gravamen añadido para el cuitado sujeto tributario. No es entendible que, entre los funcionarios de la Hacienda Pública, no exista alguien que sea capaz de desentrañar semejante anomalía, simplificando y dejando clara la obligación tributaria que cualquier operación mercantil pueda comportar para el ciudadano sin que sea necesario que el declarante tenga la carrera de ciencias económicas para poder pagar lo que le corresponde en virtud de la operación de que se trate.

Pensamos que puede que, en todo este fárrago de leyes fiscales, interpretaciones, presunciones, recargos, intereses, multas y demás zarandajas, no haya más que un propósito y es que, a mayor complicación y dificultad en la aplicación de una norma, más se puede conseguir recaudar y más beneficio sacan los recaudadores, sean locales, autonómicos o nacionales que, todos ellos, a la hora de abusar de los infelices que se ven obligados a aceptar todo lo que la Administración decida, están de acuerdo en que lo importante es ir engordando las arcas públicas aunque, el destino que se les dé a estos tributos recaudados, en ocasiones, resulta muy difícil de averiguar debido a los sinuosos caminos por los que se los obliga a discurrir para que, finalmente, vayan aparar a lugares imprevistos, como es el caso de Cataluña dónde, vayan ustedes a saber por qué clase de milagroso procedimiento, lo que debería ir a carreteras, sanidad, beneficencia, ancianos etc. acaba por ir a parar a las manos del señor Puigdemont y su palacete en la localidad de Waterloo, Bélgica.

Sólo sabemos que, en la época en la que gobernaba el PP del señor Aznar, se pagaban menos impuestos, se recaudaba más, se vivía mejor y había más libertad y menos gente en paro. Cuando llegó el señor Rodriguez Zapatero y, con él, un sujeto gafe, llegó la maldita crisis de Leman Brothers, que significó el comienzo de una época de recortes, de privaciones, de paro y de cierre de cientos de miles de empresas y de ruina de miles de autónomos que, juntamente con el irresponsable gobierno del señor Zapatero, contribuyeron a que el país quedara abocado a la ruina cuando el Presidente decidió convocar elecciones para dejarle el marrón a un PP con mayoría absoluta. Tampoco estos nuevos administrados, si bien emprendieron una política de saneamiento y contención del gasto y evitaron que España cayera en las manos de los “hombres de negro” se han caracterizado por disminuir los impuestos aunque, cuando se promocionaron ante los votantes, prometieron bajarlos. Ahora, de nuevo, han vuelto los socialistas que, con el señor Pedro Sánchez al frente, ya anuncian una serie de mejoras sociales y subvenciones que, como es evidente, van a comportar endeudarse más o recurrir a los impuestos. Como Europa no va a consentir que nos salgamos de lo que ella tiene previsto respecto a la Deuda Pública o el Déficit público, sus posibilidades de ir aumentando el endeudamiento del país serán muy limitadas, lo que significa que, como hicieron sus antecesores, van a tener que seguir aumentando la carga fiscal sobre los ciudadanos que ya están saturados de ella.

Quienes hayan favorecido la llegada de los Socialistas al poder y piensen que, situar al país en manos de las izquierdas del PSOE, con sujetos como Pablo Iglesias o el líder de IU señor Garzón como compañeros de viaje; pronto van a tener ocasión de lamentarse de ello cuando se den cuenta de que, nada de lo que han venido ofreciendo quienes se han empeñado en descabalgar al PP del poder, van a sufrir sobre su propia economía los efectos de un gobierno empeñado en despilfarrar el gasto público que los populares, con sus políticas moderadas, habían conseguido estabilizar, en beneficio de España y de los españoles.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos evitar tener la premonición de que, una vez más, volvemos a estar en el mismo punto de salida, a modo de un deja vu, cuando en noviembre del 2011 España estuvo a punto de caer en default.