¿Hasta cuándo monopolios amparados por concesiones administrativas?

La evidencia de la sinrazón que acompaña a los monopolios en naciones que se consideran democráticas, puede llegar a estadios del más puro absurdo cuando una situación de monopolio estatal comporta tener que imprimir en los envases de un producto monopolizado frases como “El tabaco mata” o “El tabaco es perjudicial para la salud” como sucede en esta absurda y contradictoria circunstancia por la cual, el tabaco, una antigua fuente de ingresos para el Tesoro público, siempre reservada en exclusiva a la tutela estatal que es la que, por concesión administrativa, permite la venta de un producto que desde hace años ha sido proscrito por la ciencia y la medicina como un producto que produce graves consecuencias en la salud de las personas que están dominadas por el vicio de fumarlo.

Si una cosa cualquiera no puede ser blanca y negra a la vez, algo que literariamente se conoce como un oxímoron ( dos palabras opuestas como: la negrura de la blancura) y que, tomándonos la licencia de aplicarlo al tema que nos ocupa, se podría entender que, el Estado, considera bueno el tabaco ( por el beneficio que le proporcionan los impuestos, sobre dicho artículo) y contribuye a su venta pero, al mismo tiempo, hace campañas contra los fumadores, prohíbe fumar en determinados lugares públicos y se queja del coste que tiene, para la asistencia sanitaria pública, el gran número de fumadores que contraen enfermedades graves e incurables por el uso continuado del tabaco. Es evidente que aquí nos encontramos ante una incongruencia de nuestros gobernantes que, si están convencidos de que el tabaco mata o causa graves dolencias debieran de haber tomado medidas para que esta droga (que en realidad se puede considerar como tal), gravemente perjudicial para la salud, es la culpable de un aumento de la mortalidad, debiera de haber prohibido ya su consumo y no seguir, como hace, lucrándose de los beneficios que le proporciona la venta, en los estancos, de cantidades ingentes de este producto nocivo. No vale la pena intentar encontrar una explicación razonable a esta cuestión, así como también lo es el buscar alguna justificación para que, el señor P.Sánchez, que formuló una moción de censura al gobierno del señor Rajoy, prometiendo a los españoles que inmediatamente convocaría elecciones legislativas y, aunque ya ha pasado un tiempo razonable desde que la ganó, sigue escurriendo el bulto cada vez que se le recuerda su promesa, sin que tenga la menos intención de cumplirla por ahora.

Y cuando, en otros comentarios, dijimos que, este gobierno que nos dirige, no nos gobierna y escurre el bulto cuando se ve obligado a tomar alguna decisión que pudiera ponerle en el brete de tener que enfrentarse a alguno de los socios que apoyaron la moción de censura y que, precisamente, por su exigua representación en el Congreso de Diputados ( 84 escaños), se ve en la necesidad de evitar cualquier enfrentamiento que pusiera en cuestión la mayoría parlamentaria que le proporcionan sus socios; algo que le ha causado algún pequeño contratiempo y que, es muy posible que, en lo sucesivo, pueda seguir encontrándose con más deserciones, si intenta seguir gobernando por medio de decretos, eludiendo presentar sus propuestas en donde debería hacerlo, en el Parlamento, lugar en el que deben discutirse todas aquellas cuestiones legales o proyectos de Ley, que deban afectar a la ciudadanía española.

Y hablando de monopolios no podemos dejar de referirnos a un tema que está de máxima actualidad, precisamente por afectar a un sector que, hasta ahora, ha gozado del monopolio del trasporte de pasajeros en las ciudades españolas. El sector del Taxi. Puede que hubiera algún momento en la historia del trasporte, en y entre las pueblos y capitales de la geografía española, en el que se hubiera estimado regular en régimen de monopolio, mediante la concesión de licencias por cada ayuntamiento con lo que, seguramente, se pretendía que los que prestaran un servicio público de transporte de pasajeros estuvieran controlados por las autoridades municipales, para asegurarse de que los conductores de los vehículos, dedicados a esta modalidad de traslado de personas por el interior de los municipios o en trayectos por carreteras, estuvieran dotados de todos los permisos y acreditaciones que les calificaran como aptos para su trabajo y que reunieran todos los requisitos de permisos de circulación, de condiciones exigidas para cada vehículo y del preceptivo seguro para el caso de accidentes, que pudieran producir daños en los usuarios del vehículo en cuestión.

Lo que ha sucedido durante las pasadas semanas en relación a un conflicto, mal llevado, peormente solucionado y pésimamente cerrado en falso, no solamente pone en cuestión la actitud, evidentemente pasiva y llamativamente incongruente, de las autoridades encargadas de mantener el orden público y garantizar la movilidad de los ciudadanos por las ciudades, sino que denotan una de las particularidades más negativas de este ejecutivo que nos gobierna, formado por miembros del PSOE que, por lo visto, se las han querido pasar de listos para no afrontar directamente el conflicto surgido entre los taxistas de Barcelona y Madrid, con las VTC. Un enfrentamiento que se ha ido enquistando debido a que ninguna administración, ni Central ni la autonómica, han querido afrontar en serio semejante “marrón”, pero que es evidente que no puede tener diversas soluciones, según sea la localidad en la que se resuelva el problema propio de ambos sectores, según unos criterios distintos; de forma que se acabarían produciendo serias distorsiones en toda la península. El hecho de que el señor ministro de Fomento, señor Ábalos, se quisiera librar de tomar una medida que se aplicara en toda España, por miedo a indisponerse con sus “amigos” los separatistas catalanes (en la actualidad en fase de chantajear al señor P.Sánchez para conseguir exprimir el Tesoro todo lo posible, antes de proseguir exigiendo aquello que ya han anunciado que nunca van a renunciar, consistente en conseguir la independencia de la patria española; sin duda no se puede entender, si lo que ha hecho ha sido transferir la responsabilidad de decidir sobre la disputa entre taxistas y VTC, de modo que la responsabilidad del acuerdo final recayera sobre las autoridades autonómicas y municipales y nunca sobre el ministerio de Fomento que era el que, por sentido común, debiera de haberse hecho cargo de la resolución del conflicto.

Por mucho que el gremio del taxi pretenda ponerle puertas a los avances tecnológicos y a la supresión de monopolios, la tendencia del mundo y de la UE no va por poner limitaciones a la libre competencia y es obvio que, el hecho de que ya tenemos a punto de aparecer sistemas como el de vehículos de transporte sin conductores, como la posibilidad de que, como ya se están ensayando, aparezcan los primeros vehículos capaces de volar por las calles o la proliferación de sistemas individuales de transporte, cada vez más simples e individualizados, van a obligar a los gobiernos, tanto centrales como locales, a cambiar su visión sobre el transporte para adaptarse a los adelantos modernos y entonces, ni taxis ni VTC, como no se hayan adaptado a las necesidades que el progreso les va a exigir, van a tener posibilidades de quejarse y tendrán que reconocer que, los enfrentamientos actuales, no han sido más que una verdadera pérdida de tiempo y unas pérdidas económicas que, con toda seguridad, superan las pérdidas que les hubieran producido la competencia de los VTC.

Pero hay un punto que es la consecuencia de una cuestión que, la Constitución de 1978, dejó sin concretar encargando al legislador la misión de crear una nueva normativa que la regulara. Se trata de la Ley de Huelga y, si procediera, del cierre patronal o lockout; algo específicamente citado en nuestra Carta Magna como un derecho de los trabajadores, pero pendiente de que en leyes orgánicas posteriores se hubiera establecido y reglamentado. Ningún gobierno que haya estado al frente del país se ha atrevido a enfrentarse a este reto y, si ha tenido la iniciativa de hacerlo, seguramente se ha encontrado ante la oposición de aquellos que no desean que se les pudieran limitar (huelgas nulas o abusivas etc.) los derechos que ellos mismos se han tomado, sin que ningún tribunal se haya atrevido a discutirles a los sindicatos el abuso indudable que se hace del derecho de huelga ni, tampoco, sancionar los casos evidentes de huelgas politizadas, amenazas con piquetes coactivos a los que quieran seguir trabajando o causando destrozos en el mobiliario urbano o centros de trabajo o lesionando a quienes no compartan los métodos o las reclamaciones de aquellos, que se atribuyen para sí el derecho a imponer, por las buenas o por las malas, sus criterios y demandas.

Tampoco las instituciones se muestran lo decididas y ágiles como debieran, en resolver sobre temas que llevan pendientes de estudiarse durante años a pesar de que existen algunos que, este retardo, viene permitiendo que la vida de seres humanos siga sin la debida protección en manos de aquellas personas, mujeres, a las que las leyes promulgadas por las izquierdas, con el apoyo de algunas derechas, las vienen autorizando para que puedan librarse de sus fetos con perfecta indemnidad y sin peligro alguno de que, esta decisión u otras similares, les pudieran representar enfrentamientos con la Justicia. Y, todo ello, a pesar de que las estadísticas atribuyen a esta facultad de las féminas respecto a la destrucción anual de más de cien mil fetos, a cargo de los carniceros de las clínicas abortistas, que se lucran de estas madres descastadas que, por comodidad o por no haber tomado las medidas adecuadas para no quedar embarazadas, se quedan en estado, que debiera de ser “de buena esperanza”, a pesar de lo cursi de esta frase, y sin embargo, las mujeres que se encuentran en semejante situación, en una gran mayoría, deciden deshacerse de una situación que consideran incómoda y no deseable, empleando medios tan radicales como son acudir a que les produzcan un aborto.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, denunciamos que los gobiernos que han tomado el mando de nuestra nación, especialmente los de izquierdas (aunque tampoco se puede dejar de acusar a las derechas que, teniendo la oportunidad de remediar semejantes dislates, se han puesto de perfil, por no tener que enfrentarse a una oposición completamente refractaria, por parte de las izquierdas partidarias decididas de la liberalización de la matanza de fetos). Por desgracia, hoy en día, lo que menos les preocupa a los que nos gobiernan es gobernar. Sí se enfrentan unos a otros, gobierno y oposición, por quién está en el poder y quienes se lo quieren arrebatar; por echar basura sobre el adversario, tanta como sea posible y prescindiendo de toda ética o moral porque, en realidad, lo que importa es causar tanto daño como se pueda a los oponentes y si, para ello, hay que colaborar con separatistas, se colabora, aunque ello pudiera poner en peligro la unidad de la patria. Las consecuencias ya nos la encontraremos, como es el caso del aumento de más de 7% del coste de las pensiones desde que, el señor P.Sánchez, decidió que había que despilfarrar el Tesoro pensando, seguramente, en que cuando llegasen las vacas flacas, se las volverían a dejar al PP, como sucedió en noviembre del 2011, cuando los socialistas tuvieron que marcharse, tirando la toalla, ante una situación en la que el hundimiento de España era evidente. Vino el PP y, a pesar de todo, logró sacarla del abismo, pero nadie se lo ha agradecido.