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Desde que Catalunya celebró el Referéndum del 1-O las altas instancias del Estado parecen estar dedicadas full time a buscar, incluso forzando interpretaciones de la legislación, la manera de cobrarse la revancha contra todos los que hicieron posible que aquella consulta se llevara a cabo, contra todos, contra los que votaron y contra los que trabajaron para que las urnas llegaran puntualmente a los colegios electorales. El Estado, con Felipe VI al frente, no ha olvidado el grito de “a por ellos” con el que una parte de la población española azuzó a la policía y guardia civil contra los catalanes que querían expresar su opinión ante las urnas.
Han pasado casi tres años desde que dos millones y medio de catalanes votaron en las urnas, la mayoría a favor de la independencia y por la República como forma de Gobierno, pero el Estado español no ha olvidado lo que para ellos fue una afrenta. La Guardia Civil pasó semanas buscando las urnas sin encontrarlas, la Brigada Aranzadi con sus togas adornadas de puñetas en la bocamanga había comenzado a extender la estrategia del miedo enviando a la cárcel a los dos líderes sociales, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart no pudieron votar por estar secuestrados en prisión por ese Estado que temía verse desbordado por un tsunami independentista. Cuando a primeras horas de la mañana comenzaron en los colegios electorales a aparecer las urnas a la estrategia del miedo el Gobierno de Rajoy, una parte de ese Estado represor, añadió la estrategia de la violencia. Una violencia vestida con los colores verde y azul oscuro de los guardia civiles y la policía nacional que se emplearon a fondo y que llevaron a que más de mil votantes tuvieran que pasar por los servicios médicos, uno de ellos con el resultado de pérdida de un ojo por un disparo de una bala de goma, elemento que está prohibido utilizar en Catalunya.
Y la venganza y la revancha estatal siguieron. Con la aquiescencia del PSOE, no lo olvidemos, el “a por ellos” fue envuelto en el papel de regalo de la Constitución con la aplicación del art. 155 que conllevó la disolución del Govern, legítimamente elegido, y la prisión o exilio de sus miembros. Después vendría un juicio en el que, en algunos momentos, las garantías brillaron por su ausencia, incluso su señoría Marchena impidió que durante la prueba testifical se comprobara cómo guardia civiles y policías mentían, las grabaciones de sus actuaciones, que el presidente de la Sala impidió ver al tiempo de los testimonios, así lo demostraban, como demostraban que diversos testigos de las fuerzas del orden mentían descaradamente incurriendo en el supuesto penal del falso testimonio.
Y la venganza del Estado quedó plasmada en una sentencia en la que se condena a los procesados a muchos años de cárcel. Sentencia que, con el tiempo, se estudiará en las Facultades de Derecho como muestra de mala praxis jurídica. Pero el Estado no ha quedado satisfecho y los gritos de “A por ellos” siguen resonando por los pasillos del Tribunal Supremo consiguiendo que, en aplicación de la venganza y la revancha en lugar de la Justicia parezca se que aplica la justicia del vencedor. Una vez más aparece el nombre de Marchena, que retorciendo las interpretaciones de la legislación, acaba de convertir el Tribunal Supremo en un tribunal penitenciario con una interlocutoria contra la aplicación del artículo 100.2 a Carme Forcadell, Presidenta del Parlament de Catalunya, Interlocutoria que abre la puerta a dejar sin efecto las resoluciones que afectan al resto de presos políticos, y de rebote a los comunes. Hace un par de meses el Tribunal Supremo amenazó a los funcionarios de las prisiones catalanes si se les ocurría dar como buena la aplicación del art. 100.2 de la legislación penitenciaria a los presos políticos, ahora ya ha abierto la puerta a que la Fiscalía se ponga en marcha para que ni este artículo ni el tercer grado, en una interpretación torticera, sean de aplicación a los presos políticos. El Estado utiliza todas las armas a su alcance, sean legales o no lo sean. Y si es preciso las cambia, como ha hecho Marchena en este caso.
Lo más grave de esta interlocutoria del Supremo es que el razonamiento para denegar los beneficios penitenciarios a Carme Forcadell, y por ende al resto, es que no está suficientemente rehabilitada. Y yo me pregunto si el pensamiento y las ansias de independencia son un delito. Querer rehabilitar el pensamiento nos hace retroceder a las épocas más oscuras de España, aquellos años del franquismo en los que el pensamiento no oficial estaba prohibido y castigado con largos años de prisión, e incluso la muerte. Que en pleno siglo XXI la cúpula judicial en lugar de justicia implante la revancha contra quien disiente pacíficamente del Estado demuestra que la tan halagada Transición del 78 fue un fraude y se dejaron muchas cabos sueltos para que el Estado los aprovechara a su libre albedrio cuando se sintiera amenazado. Flaco servicio a la democracia están haciendo unos jueces que el mismo día que su señoría Marchena abre la puerta a interpretaciones torticeras de la legislación penitenciaria , y desde el mismo Tribunal, el Supremo, rebajan los más de cuatro años de pena que habían impuesto a un grupúsculo fascista a poco más de dos años. Todo ello con la aquiescencia del Constitucional que obligó a repetir el juicio a petición de los “mamporreros del miedo” que el 11 de Setiembre de 2013 habían atacado con violencia el centro Blanquera en Madrid. El mismo Tribunal Supremo, que tenía que dar ejemplo de imparcialidad, en un solo día nos dice que la Justicia no es igual para todos, y que porqué el icono que la representa lleva los ojos vendados, no para no ver a quien juzga , tapa sus ojos para no ver lo que hacen algunos jueces.
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