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Se cumple un año desde que el Gobierno de España decretó el estado de alarma debido a la pandemia de COVID-19. Aunque aún no éramos del todo conscientes, comenzaba entonces una de las etapas más duras para las personas en la historia reciente, no solo de España, sino de la humanidad, con todo el mundo, literalmente, encerrado en casa.
Con motivo de este primer año desde el inicio de las restricciones por el COVID-19, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA lanza, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación ONCE, la campaña ‘Salud mental y COVID-19. Un año de pandemia’. Con ella pretende, por un lado, visibilizar cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de las españolas y los españoles, y por otro, reivindicar y proponer medidas que ayuden a la mejora de la salud mental y, con ello, a la reconstrucción social y económica.
Nel González Zapico, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, alerta de la precarización y la falta de recursos en la atención a la salud mental en España, acrecentada durante la pandemia. “La salud mental de la población española ha caído en picado durante la pandemia y debajo no hay red”, sentencia.
La campaña que lanza la Confederación incluye, además de una serie de infografías para difundir en redes sociales, un documento, que recopila resultados de varias investigaciones sobre salud mental en pandemia, las distintas acciones llevadas a cabo por la entidad para ayudar y apoyar a la población y algunos sectores profesionales en la gestión emocional, y sus principales demandas, dirigidas a las administraciones públicas. Asimismo, la Confederación ha elaborado un manifiesto en el que recoge sus principales reivindicaciones y propuestas.
En estos doce meses la incertidumbre, el miedo, los fallecimientos, las pérdidas de empleos, el propio confinamiento y la convivencia ininterrumpida, o la soledad, son algunas de las situaciones que han hecho merma en la salud mental de la población, especialmente en las personas con menos recursos económicos.
Así lo desvelan los datos publicados recientemente por el Centro Superior Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): el porcentaje de personas de clase baja que se han sentido decaídas, deprimidas o sin esperanza durante la pandemia, casi duplica al de aquellas que se identifican con la clase alta (32,7% frente a 17,1%). Destaca igualmente la prescripción de consumo de psicofármacos, de un 3,6% en la clase alta, frente a un 9,8% de la clase baja.
Grupos de población más afectados
Jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, y en especial con discapacidad psicosocial, son algunos de los grupos de población que han visto más afectada su salud mental durante este año.
Las personas de 18 a 34 años son las que han frecuentado más los servicios de salud mental, han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación. En esta línea, el CIS también señala que más del doble de las personas que han acudido a los servicios de salud mental son mujeres.
Las desigualdades y discriminaciones en el ámbito profesional, la carga de responsabilidades familiares y de cuidado o la violencia de género, han sido algunos de los principales factores que ha provocado o agravado los problemas de salud mental en la población femenina.
De hecho, un estudio realizado en varios centros hospitalarios indica que, en los meses de la pandemia, la prevalencia de la ansiedad en las mujeres ha sido del 33% y la de la depresión, del 28%, y destaca que uno de los principales factores de riesgo de sufrir ansiedad y depresión es ser mujer.
En cuanto a las personas con discapacidad, un estudio de Fundación ONCE, reveló que un 50% de las personas con discapacidad señala que su estado de ánimo ha emporado desde que empezó el estado de alarma. Un 34% de las personas con discapacidad ha consumido ansiolíticos y/o antidepresivos durante el confinamiento. En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, la cifra se eleva al 62,4%.
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