Se puede confiar

Más de 150.000 personas se manifestaron recientemente en la madrileña plaza de Colón contra los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez proyecta conceder a los golpistas del 1-O. Unos delincuentes que no sólo no se han arrepentido de los graves delitos cometidos, sino que han reiterado su intención de volverlo a hacer.

Unos indultos injustificados según el preceptivo informe del Tribunal Supremo, ya que los condenados no han contribuido a justificar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia por parte del Rey, y en el que el alto tribunal no puede hacer constar "la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento".

Por su parte la Fiscalía también ha rechazado conceder los indultos a los 12 golpistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O, prevaricación, malversación de fondos públicos, etc., sino que además, en su informe, advierte al Gobierno que: "No se trata de una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales".

Pedro Sánchez, tras la estrepitosa derrota sufrida por su partido en las elecciones del 4 de mayo, políticamente, ha quedado herido gravemente. No hay nada más peligroso que alguien que sabe que se acerca su fin, porque en su desahuciada huida hacia delante, dispuesto a morir matando, puede causar un daño irreparable.

Tras la fatídica gestión de la pandemia con más de 140.000 muertos no reconocidos a las espaldas: los oscuros escándalos surgidos con la compra y distribución de material sanitario; la sectaria utilización política de los estados de alarma; las sucias maniobras realizadas para arrebatar el poder al adversario; el ignominioso clima en el que se desarrolló la campaña electoral de la comunidad de Madrid, y los peajes pagados y por pagar para que los mayores enemigos de España le sigan manteniendo en la Moncloa, a Sánchez no le queda otro recurso, que renunciar a todo lo que ha supuesto su Gobierno Frankenstein, o seguir cediendo al chantaje de sus socios separatistas y comunistas, ocultando, mintiendo, falseando, engañando, contradiciéndose, traicionándose así mismo, mientras para un futuro que muchos no verán, promete el paraíso perdido para poder seguir sintiéndose un poco más, el rey de la Moncloa.

Sin embargo, el común de los españoles que no disponen de Phalcon a costa del contribuyente, que son los curritos que se levantan cuando aún no ha salido el sol y pagan la luz un cuarenta y tantos por ciento más cara, y la gasolina al precio más alto de los últimos siete años, han dejado de creer en los cuentos de la lechera, y mucho menos, en las ínsulas baratarias prometidas a treinta años vista.

No hay mayor estafa que la que les hacen siempre a los crédulos de buena fe, a esos pobres a los que dicen defender, a los que con una mano les das dos y con la otra les quitas cinco.

¿De verdad hay alguien que pueda creer, que al que es verdaderamente rico, le preocupa la subida de la luz, los carburantes o los refrescos? Le traen al fresco, porque mientras en su economía hacen el mismo efecto que el de una gota de agua al caer sobre una piedra, en la del común de los mortales que solo tienen como fuente de ingresos una modesta nómina —el que la tiene— hacen el efecto de una tromba de agua cayendo sobre el débil techo de paja de su precario medio de subsistencia, pudiendo llegar a ser destructivas.

Esta demagógica política fiscal, lo que hace es abrir cada vez más la brecha entre pobres y ricos. Mientras al rico apenas le afecta, al pobre le hace mucho más pobre, y si es más pobre, consumirá menos, y si la mayoría de la población, que es la que labora y lucha por levantar el país con su esfuerzo, consume menos, decrecerán las ventas de las empresas —esas especies de vampiros chupasangres que esclavizan a sus trabajadores, mientras arriesgan sus pequeños patrimonios para crear riqueza—, y si decrecen las ventas, disminuyen los puestos de trabajo y aumenta el paro—que ya es estructural en España—, y si aumenta el paro, disminuyen los ingresos del Estado y aumentan los subsidios de desempleo.

Pero, si disminuyen los ingresos, ¿Cómo pagamos los subsidios? Emitimos deuda. Es decir, pedimos dinero a los prestamistas, con lo cual, España toda se hace más débil, más vulnerable, tiene menos crédito cada vez, y consecuentemente, aumentan los intereses que hemos de pagar. En definitiva, somos más pobres, tenemos menos peso en el concierto internacional y somos más irrelevantes.

En el concierto internacional, la evaluación de España, se ha podido constatar en el micro encuentro sideral de 29 segundos que el Presidente de EE. UU., tuvo en un pasillo —estancia propia de una película de espías— con el presidente del Ejecutivo español.

Guste o no, la realidad es que EE. UU., la nación más poderosa de Occidente, políticamente, ha sido para España el primo de Zumosol, desde que su entonces presidente, Dwight D. Eisenhower, efectuara su histórica visita a Madrid en diciembre de 1959.

El segundo presidente norteamericano que vino a España, fue Richard Nixon. A partir de ese momento, todos los presidentes en ejercicio de EE. UU., han viajado a España, hasta que Rodríguez Zapatero ofendió al pueblo norteamericano al sentarse al paso de su bandera, y retiró las tropas españolas de Irak, de forma no acostumbrada entre aliados.

A partir de entonces, para los EE. UU., España dejó de ser un aliado fiable, circunstancia que se apresuró a aprovechar en nuestro perjuicio, nuestro fluctuante vecino Marruecos.

Con un —no me atrevo a llamarle Gobierno— asentado sobre la base de la mentira, el engaño y la propaganda. No se puede esperar un futuro prometedor, sobre todo cuando no se mantiene sin el apoyo externo de otros partidos, cuya existencia y objetivo es la destrucción del Estado a cuyo Gobierno apoyan.

Hay que pagar un altísimo peaje.

En el caso de Cataluña, el precio es el apoyo al “proces”. Un asunto viciado desde el principio, en el que por acción u omisión, han participado todos los Gobiernos en los últimos 40 años. No hay fundamento alguno para el mismo. Solamente el delirio racial y económico de unas clases históricamente dominantes en Cataluña, que falseando dolosamente la historia, tergiversándola y distorsionándola, pretenden destruirla con el único propósito de mantener el poder en sus manos, y utilizarlo para robar, someter y cometer toda clase de fechorías contra su propio pueblo.

En contra de estas prácticas, sentencias dictó la justicia. Sin embargo nunca se hizo justicia ni con las víctimas, ni los culpables, porque nunca se cumplieron, ni ningún poder del Estado, hizo que se ejecutarán.

Ante la pasividad, y a veces colaboración de quienes debían y podían haber evitado tan injusta deriva, en el uso responsable de sus atribuciones constitucionales, solo una voz se alzó en defensa de la unidad de España: la del Rey, y jefe del estado español.

No es justo ignorar los hechos que tuvieron lugar, ni ignorar la acción de la justicia. Hay que respetar el imperio de la Ley y no rehuir la realidad en aras de ilegítimos intereses políticos. Ahora, una vez más se ha pronunciado la justicia en contra de unos ilegítimos indultos, que los beneficiados rechazan, pero que el Ejecutivo español, está dispuesto a proponer al Rey, a cambio del apoyo en el parlamento español, de los partidos favorecidos.

Que no caiga esa mancha sobre las conciencias de quienes están llamados a respetar y defender la integridad de España y el orden constitucional que juraron o prometieron al tomar posesión de sus cargos.

Todos, absolutamente todos los poderes del Estado, están obligados a abrazar el principio supremo para el cual se escribió, el pueblo soberano aprobó, y el Rey sancionó, que es la Constitución. La situación a la que los partidos —no el pueblo— han llevado a nuestra Patria común, el suelo en el que nacimos, jugamos, nos educaron y fundamos nuestro hogar, está en riesgo de desaparición por la caprichosa ambición de unos pocos. No nos dejemos llevar por las embaucadoras palabras de quienes están vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas.

Las decisiones que hay que tomar, no son para hacerlo a la ligera.

La extensa trayectoria del proceso independentista, nos muestra como pretexto, una clara y permanente exhortación racista contra el resto de España, escondiendo el verdadero objetivo que es la ostentación de un dominio desmedido sobre la población, sin poder ante el que rendir cuentas.

Por ello, permitir que se ignoren condenas que castigan delitos tan graves como los cometidos, supone una violación de la Constitución, tan abyecta, como los delitos por los que los acusados fueron juzgados y condenados.

No obstante, como decía William Faulkner: "Se puede confiar en las malas personas. No cambian jamás".