​¿No es delito de odio el acoso a los castellano-parlantes?

El tener políticos de medio pelo como ministros tiene, como es evidente, sus inconvenientes. Pero, si además carecen de sentido común, están menguados de inteligencia y, para colmo, son sectarios de ideologías comunistas, podríamos decir que se trata de lo peor que le pudiera suceder a una democracia. Y unas de las funestas consecuencias de que España esté en manos de socialistas y comunistas que, por añadidura, no están a la altura que requieren sus cargos, que es la de anteponer ante todo lo que les conviene a los españoles, ante los intereses económicos y sociales del país, ante las advertencias de la oposición y los avisos que, desde Europa, les van llegando, su cerrilismo totalitario y su egoísmo partidista, que los lleva a desoír las voces del sentido común y prescindir de aquel compromiso, que aceptaron cumplir, de llevar a los españoles por el camino del bienestar y de la convivencia que debiera reinar entre todos ellos.

Estamos, desgraciadamente, ante lo que se pudiera calificar de acoso y derribo del Estado de derecho y, lo peor de todo, es que es el mismo gobierno de la nación española el quien colabora activamente en que, los que lo intentan, tengan grandes posibilidades de salirse con la suya.

Cataluña ya es evidente que ha decidido excluirse del resto de España no, obviamente, en cuanto se refiere a seguir pidiendo financiación especial, en insistir en que se invierta en infraestructuras en la región ni en que se les permita asumir todas las funciones de un estado soberano; pero sí en cuanto a atribuciones sobre la vida, el trabajo, los derechos individuales, los impuestos, las leyes y todo lo que forma parte de las atribuciones de una nación independiente y soberana. Todo ello, antes de que se cumpla su hoja de ruta hacia lo que es su fin preferente: la independencia de Cataluña de España.

Y no podemos menos de maravillarnos ante la abulia, la dejadez, la indiferencia culpable, la permisividad criminal y la traición palpable de aquellas instituciones que contemplan con pasividad como, paso a paso, en esta autonomía catalana que forma parte de la nación española se incumplen, se reniega, se contra actúa y se prescinde de la Constitución de una forma deleznable, de modo que son las propias autoridades autónomas las que incitan, provocan, inducen y jalean a aquellos ciudadanos que, de una forma u otra, se oponen al cumplimiento de las leyes del Estado y de la normativa constitucional. ¿Qué es lo que piensa el Ejército de todo ello? ¿Qué le pasa a Felipe V que no se deja oír en un tema tan candente como es el que, en una parte de España, esté proscrito el castellano? ¿Qué les ocurre a los fiscales que son incapaces de protestar ante la forma indigna de comportarse y actuar de la fiscal general del Estado, señora Dolores Delgado, militante activa y exministra socialista, que los tiene sujetos, impidiendo que puedan actuar con libertad en casos en los que se requeriría su intervención en pro de los derechos constitucionales de los ciudadanos españoles, a los que se deben? 

Y, finalmente, ¿dónde están aquellos patriotas españoles que se enfrentaron a los mamelucos de Napoleón a pecho descubierto dando su sangre por la libertad de España? Nadie reacciona, nadie actúa, nadie protesta con valentía, aunque en las camarillas, las tertulias, los círculos y las trastiendas, cundan los murmullos clandestinos en contra de la situación política de España. El país se ha convertido en un rebaño de rumiantes que aceptan todo con mansedumbre y resignación de cobardes.

El desbarajuste autonómico y el desmadre político de la mano, amenazan con acabar con nuestra nación. En una Europa que da muestras de que cada país va a su aire, que son incapaces de ver lo que se está maquinando en España, que aceptan unos presupuestos presentados por el Gobierno que deberían llamarlos a la reflexión, por lo inadaptados a la realidad de la nación española y los planes de gasto que tiene el Gobierno. Tampoco entendemos la presencia de la señora Díaz visitando al Papa y haciéndose la beata, cuando su gobierno ha emprendido una de las campañas más directas en contra de la Iglesia católica. ¿Qué es lo que se supone que le dijo al Papa y qué le contestó el sumo pontífice? ¿Acaso se trata de un secreto de Estado que no lo podamos conocer?

Sentimos vergüenza ajena cuando escuchamos decir, en la reciente cumbre llamada “de la democracia”, al presidente Sánchez que “la democracia es el mejor antídoto contra la deriva totalitaria”, cuando él y su gobierno están dando signos evidentes de una forma de gobernar totalitaria, prescindiendo de las cámaras de representación popular para la discusión de las leyes, limitándose al empleo abusivo del decreto-ley y, por otra parte, manteniendo a la oposición apartada de toda consulta, informe o participación en la redacción de la leyes, aplicando el “cinturón sanitario” a todos los partidos de centro derecha o derecha.

Y es que, mientras VW descarta Cataluña para su proyecto de una nueva plante para fabricar baterías, un aviso de la falta de confianza de la empresa en la seguridad jurídica y en la política aplicada por los sectores izquierdistas y nacionalistas que dominan el país y de las consecuencias para la economía catalana de llevar a cabo, como sucede con la señora Colau, en Barcelona, políticas intervencionistas y de incremento de impuestos que, evidentemente, no van a contribuir a que aquellas sociedades que abandonaron Cataluña por su intento independentista, vuelvan y, a la vez, las empresas importantes que pudieran pensar en instalarse en ella, desistan de hacerlo; ahora, señores, se ha confirmado que en este región catalana existe un desprecio absoluto por la lengua castellana a la que han convertido en ariete en contra de la nación Española pretendiendo que, bajo ninguna razón, se imparta en la enseñanza ni, tan siquiera, en un mísero 25% que es lo que el Tribunal Supremo les ha obligado a que implanten que, en realidad, afectaría a una sola disciplina.

La reacción de las autoridades de la Generalitat, de los colectivos catalanistas, de una gran parte del profesorado y de numerosos ciudadanos de la localidad de Canet donde residen los pobres ciudadanos que reclamaron enseñanza en castellano en el colegio donde estudia su hijo, es un claro exponente de que, en Cataluña, hace falta mano firme y que los señores de VOX tienen toda la razón cuando piden que la enseñanza sea una cuestión estatal y no una transferencia a las autoridades autonómicas. Estamos a un paso de que lo de Cataluña se convierta en un polvorín que, a menos que se le ponga remedio, puede dar lugar a que, en algunas autonomías del resto de la nación, por mimetismo, decidan tomar ejemplo e inicien su propia guerra particular con relación a los idiomas vernáculos de cada una de ellas.

El hecho imperdonable de que sean las autoridades de la Generalitat y sus “consellers”, los que pidan el incumplimiento de la sentencia, hace que quede evidenciado que la prevaricación y el obstruccionismo a la aplicación de una sentencia de la que el Gobierno, si no dependiera del separatismo catalán, ya debiera de haber exigido su aplicación inmediata acusando, a todos los que la obstaculizaran, de incumplimiento de la sentencia y de prevaricación por tomar una decisión contraria a ley. Funcionarios públicos, dependientes del Gobierno en cuanto a estar supeditados a él, no pueden, en manera alguna, convertirse en negacionistas respeto a las decisiones de uno de los poderes independientes del Estado que, en modo alguno, puede ser intervenido ni obligado a rectificar si no es mediante los procedimientos judiciales dispuestos al efecto.

Las nefastas consecuencias derivadas de este hecho absurdo de negarse a escolarizar en castellano a un niño de cinco años, pone en evidencia la necesidad de modificar la Carta Magna para evitar que el Castellano pueda cuestionarse en ninguna autonomía y que su uso y empleo lectivo sea de obligado cumplimiento, no para un 25% del tiempo escolar, sino que sea del 100%, sin que ello sea obstáculo para que se enseñen en las aulas cuantos más idiomas mejor. Las manifestaciones, las pintadas, las amenazas y el aislamiento de esta familia que ha reclamado su derecho de poder estudiar en castellano y la repugnante actitud de todos estos politicastros del nacionalismo excluyente, sólo merecen que se les aplique, a cada uno de ellos, la correspondiente sanción que les pudiera corresponder por su conducta atípica y delictiva. 

Y, en este contexto, cuando los comunistas utilizan el concepto de “odio” para acusar a la derecha de intransigente,si de lo que se trata es de que se cumplan las leyes, sería muy conveniente que nos dijeran si, esta actitud tan radical del catalanismo en contra de unos ciudadanos españoles, no constituye, y como tal debiera tratarse, un delito evidente de odio.

O así es como, señores, desde la óptica de un simple ciudadano de a pie, vemos que, si no se actúa con urgencia, no se cortan de raíz estos conatos de revolución separatista y, el señor presidente de nuestro gobierno, no se deshace de sus negociaciones y acuerdos secretos con el nacionalismo catalán, puede que acabe siendo acusado por la justicia por una actuación que se puede considerar como una desobediencia grave a sus deberes como presidente del gobierno español, en román paladino: una traición a la nación española.

Hoy escucharemos a Aristóteles en su referencia a aquellos papanatas que son incapaces de defender sus derechos: “Para evitar las críticas no digas nada, no hagas nada, no seas nada”.