​Un gobierno que no haga cumplir la Constitución, prevarica

“Quienes están embriagados de poder son ineptos para percibir que el poder es enceguecedor y que su horizonte interior es cada vez más estrecho. El poder está así asociado con el intelecto y hace uso de él en cualquier circunstancia", Teitaro Suzuki.

El tema es de una sencillez diáfana. Una nación perfectamente estructurada, dotada de las instituciones adecuadas para un funcionamiento democrático, que se proporcionó una Constitución, apoyada mayoritariamente por los españoles; un país libre que está en su perfecto derecho a defender su unidad, sus normas, sus costumbres, su Estado de derecho y su estructura política basada en una monarquía parlamentaria que ha venido funcionando aceptablemente, fruto de una transición pactada por todas las fuerzas políticas que se propusieron olvidar un pasado de enfrentamientos, disensiones, asesinatos y guerras, en pro de una reconciliación nacional que ha durado muchos años y que ha proporcionado a la ciudadanía una época de paz y prosperidad como hacía mucho tiempo que no se conocía.

Como es evidente nos estamos refiriendo a nuestra nación, España, en la que hay algunos que parece que se han olvidado de que los españoles, los que formamos parte de esta nación multi centenaria, hemos ido de la mano durante muchos años, con nuestras diferencias, nuestras individualidades, nuestras propias costumbres y nuestras ideas que podemos defender gracias a nuestras cámaras de representación popular, que es donde deberían discutirse y solucionarse las cuestiones que afectan al pueblo español; con un balance positivo en cuanto a la era de progreso que hemos conseguido para el conjunto de ciudadanos que formamos parte de la población de nuestra patria, España.

Sin embargo, en algunos lugares de la península han surgido elementos perturbadores que pretenden dar una imagen distinta del país; que intentan convertirse en los destructores de esta convivencia de la que hemos venido gozando y que no dudan en inventarse historias, presuntos derechos, identidades opuestas, ofensas inexistentes, veleidades separatistas y cuestiones discriminatorias en las que basan unos supuestos derechos y atribuciones, que sólo existen en sus mentes sectarias, pero que han conseguido, a través del chantaje continuo al Gobierno, que los más absurdos pronunciamientos, las más descabelladas teorías y las más infumables pretensiones territoriales y exigencias soberanistas, hayan cundido y tomado cuerpo en una gran parte del pueblo, especialmente en la comunidad catalana y en la vasca.

El caso es que, si uno lee la prensa catalana, si hace caso de los articulistas, si se deja engañar por la TV3 o por las distintas emisoras locales, llegaríamos a la conclusión de que la Constitución no está vigente; de que las víctimas de una opresión estatal son ellos; de que la defensa de su idioma vernáculo exige la postergación y desaparición de la lengua oficial del Estado; de que la enseñanza debe hacerse íntegramente en catalán, basándose en que esta lengua está en peligro de desaparición, cuando la evidencia demuestra todo lo contrario. 

Cuando el presidente de la Generalitat habla en público, se diría que ellos son el Estado y que el resto de España no es más que una sucursal de Cataluña. Cuando en el Congreso el jefe de filas del PP recrimina al Estado la perturbación de la legalidad en Cataluña y se queja de que el gobierno no actúe para poner fin a semejante desastre, los catalanes elevan el grito hacia el cielo, como si sus pretensiones estuvieran basadas en derechos constitucionales infringidos, sin contemplar que los que llevan incumpliendo, sistemáticamente, las normas constitucionales por las que debemos regirnos, no son más que ellos, su Parlamento y su Generalitat, que siguen en su línea de desencuentro, disparidad, enfrentamiento y rechazo a todo lo español, a sus magistrados y a las leyes que están obligados a cumplir.

Con todo, esta postura de insurrección, de pretensiones separatistas, de insultos y desprecios por todo lo español, de manifiesta oposición a hacerse cargo de sus obligaciones como españoles, de insumisión y obstruccionismo en cuanto a la aplicación de leyes y sentencias del Estado y de los tribunales de justicia de la nación española; no entendemos que sea lo más grave de este contencioso entre Cataluña y el resto de España. Lo peor y de lo que se quejan, con toda la razón, el señor Casado del PP y el señor Abascal de VOX es de que, ante la gran campaña desatada en Cataluña en contra de la enseñanza en castellano, el Gobierno permanezca callado, ausente, como si no fuera un tema importante el que, el idioma oficial de la nación, fuera despreciado y proscrito de la enseñanza en una parte del territorio nacional. Panfletos soberanistas, como La Vanguardia del grupo Godó, se han lanzado como fieras a criticar al señor Casado por denunciar los hechos que están ocurriendo en Cataluña donde, su Gobierno, con el señor Aragonés al frente, han emprendido la gran batalla contra la familia del niño de cinco años que pidió que se aplicase la ley y recibiera el 25% de enseñanza en el idioma estatal.

Pedir que se enseñe un mísero 25% en castellano ya es un absurdo, cuando la Constitución dice que el castellano es el idioma oficial del Estado y que todo ciudadano español tiene “el deber y el derecho” de usarlo. Pero que se critique y califique de “navajero” a Pablo Casado o se hable de que practica “una política de crispación” o que los discursos de la derecha “avanzan hacia el esperpento” o que el líder del PP “inflama la polémica lingüista” no es más que una forma más de demostrar cómo entienden estos descerebrados del separatismo y la izquierda lo que representa la democracia y la función que le corresponde a la oposición en sus actuaciones ante las cámaras de representación popular. Estos señores, que de demócratas no tienen nada, confunden expresar opiniones distintas a las sustentadas por el Gobierno, algo perfectamente legítimo y conveniente para la defensa de los ciudadanos que votaron al PP, con lo que conviene a sus intereses partidistas o secesionistas, como sucede con todo el elenco de periodistas que escriben en La Vanguardia, con pocas excepciones.

Por ejemplo, no sabemos a lo que se estará refiriendo la señora García Pagan cuando habla de que los discursos de la derecha avanzan hacia el esperpento.¿Acaso se refiere a que son un desatino o un absurdo o, puede que a aquel género utilizado por Valle Inclán deformando, sistemáticamente, la realidad? Mucho nos tememos que esta señora no ha medido la forma de expresarse y ha incurrido en una grave contradicción ya que, en el caso que nos ocupamos quienes sueñan con imposibles y están en una posición falsa y antijurídica son los que atacan el castellano y quienes defienden la Constitución y lo que se ordena en su normativa son, precisamente, estos señores del PP que piden que se aplique la Carta Magna, en contra de aquellos que quieren dividir España con fines manifiestamente espurios.

No creo que exista ninguna otra nación, dentro del mundo civilizado, en la que se permita que cualquier personajillo de la política que, por añadidura, ejerce una función que depende de la organización política del Estado, tenga la cara dura, la indecencia, el atrevimiento y la insolencia de, públicamente, desde la propia oficina en la que ejerce su cargo, despotricar, criticar y oponerse descaradamente a que se cumpla la legislación estatal en su propia circunscripción. 

Pues esto mismo, señores periodistas de los insurrectos, es lo que está sucediendo con el señor Aragonés y todos los que se atreven a enfrentarse al Estado español. Es cierto que da la sensación de que muchas autoridades, estamentos, militares y demás fuerzas vivas de la nación parece que se han quedado en la inopia, no sabemos si por miedo a manifestar su oposición a este sistema de gobierno, por comodidad y conformismo o por participar de las ideas de estos comunistas y separatistas que, desgraciadamente para España, son los que tienen en sus manos el poder de llevarla a su propia autodestrucción.

Creo que estamos en momentos críticos para el país. Por muchos que los ministros del gobierno y que el propio Pedro Sánchez nos quieran pintar el futuro de color de rosa, es evidente que hay motivos para dejar el optimismo aparte y ponerse a pensar, seriamente, lo que nos prepara en los meses siguientes a estas fiestas navideñas. Nadie espera que se cumpla la promesa del señor presidente de que la luz vaya a bajar y que nos cueste lo mismo a los ciudadanos (déjense de querer dorar la píldora hablando de los famosos promedios) de lo que les costó en el 2018. Descartado.

Pero es que, lo que está sucediendo durante estos día previos a las celebraciones de las Navidades es que, de nuevo, el Covid 19, transformado en Ómicron, se está demostrando como un virus tan o más peligroso y contagioso como las cepas que lo precedieron, con el peligro de que entremos en una sexta ola que, no solo pueda poner en peligro la salud de los españoles, sino que, a su vez, haga imposible que la cacareada mejora de nuestra economía y la recuperación del desempleo, se conviertan en una de las utopías de este Gobierno, que no acierta ni cuando se equivoca.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,el pesimismo que hemos venido manteniendo desde que el señor Sánchez se hizo con el poder, no sólo se mantiene vivo, sino que sigue aumentando a medida que los ministros se muestran más convencidos y así pretenden que nos lo creamos, de que todo va a ir bien en los meses venideros.