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Cuando se comenzó a hablar de una Ley de Amnistía el expresidente Aznar lanzó un mensaje a los suyos: “quien pueda actuar que actúe”. Inmediatamente una parte de jueces y fiscales se adhirieron a tan sibilina llamada a boicotear la aún nonata ley. Un grupo de fiscales del Supremo se constituyeron en punta de lanza para impedir la aplicación de la amnistía contra la opinión del Fiscal General del Estado. Pero, finalmente y por la mínima, la opinión del dicho Fiscal General del Estado ha ganado a los fiscales encabezados por los cuatro del Supremo, aquellos fiscales del “procés ” que acusaron de rebelión a los políticos catalanes, cuando sabían perfectamente que en ningún momento en las actuaciones de aquel otoño del 2017 nadie cometió el delito que permitió al Estado español tener secuestrados en prisión a los políticos y líderes sociales que, finalmente, fueron condenados por sedición, un delito inexistente en la legislación de los países democráticos de Europa.
En democracia el poder legislativo, es decir, el Parlamento, elegido por el pueblo, hace las leyes y el poder judicial, los jueces, deben aplicarlas, es una parte de la teoría de la división de poderes establecida por Montesquieu. Pero en España la cúpula judicial cuando una ley no les gusta lo que hacen es intentar boicotearla. Y esto ha ocurrido con la ley de la amnistía, incluso, desde antes de su aprobación. En principio doce de los quince fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo tumbaron la ponencia del Fiscal Redondo, que no ve delitos de terrorismo en las acciones del Tsunami, tras la sentencia del proceso, en otoño de 2019. Estos doce fiscales avalan que , tal y como apunta el juez García-Castellón, que el expresidente Puigdemont y otros pueden estar implicados en la organización de estos actos que, para ellos, serían delitos de terrorismo y no entrarían en los hechos amnistiables. Jueces y fiscales, con estas formas de actuar, quieren ser quienes marquen a el Gobierno de Sánchez la política que ellos desean, política que coincide con las ansias del PP y VOX.
Cabe recordar que muchos jueces, vestidos con la toga, se concentraron ante sedes judiciales para manifestarse contra la ley de amnistía cuando aún no se conocía su texto. Todo esto que ocurre con los jueces es el resultado de no haber hecho limpieza en el estamento judicial a la muerte de Franco. Aquí, muerto el perro no acabó la rabia porque una vez muerto el dictador continuaron al frente de la Justicia todos los jueces franquistas, y hoy están sus hijos y nietos y por eso el PP lleva cinco años negándose a renovar el Consell General del Poder Judicial. Para no perder los privilegios de clase que vienen disfrutando desde los tiempos del franquismo.
Los fiscales del proceso, que encabezan la rebelión, han sido apartados del caso y la Fiscalía ha pedido la aplicación de la ley de amnistía a todos los encausados por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 En su escrito pide extinguir la responsabilidad penal del expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de líderes implicados en el referéndum, así como la retirada de la orden de detención contra Puigdemont y los demás investigados que están en el exilio , también para todos los investigados por el caso Tsunami Democrático. También se pide la aplicación de la amnistía para los 46 policías nacionales investigados por las cargas del 1-O. En el caso de los investigados por terrorismo en la causa del Tsunami, que además de Puigdemont y Rovira incluye activistas y manifestantes, el escrito de la teniente fiscal dice que ninguno de los hechos investigados en esta causa han causado "de forma intencionada una grave violación de los derechos humanos" y que, por tanto, son amnistiables, a pesar de que se trata de una acusación de terrorismo. Un terrorismo que solo existe en el deseo del juez García-Castellón.
Ahora la pelota está en el tejado de los Marchena y Llarena de turno. Son los jueces quienes deben aplicar la amnistía, y pueden hacerlo en contra de los informes de los fiscales. Sería muy grave que los jueces quieran ir más allá del espíritu de los legisladores y transformar la ley y su espíritu para favorecer los deseos de la derecha extrema y la extrema derecha. Esto podría ser prevaricar y la prevaricación es un grave delito. Sería dictar una justicia injusta sabiendo que están incumpliendo la ley.
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