Hace décadas surgió un entramado colectivo en Euskadi que se dedicaba a la violencia callejera. A estos grupos se les denominó “kale borroka”, ya que sembraban el pánico por allá donde ejecutaban sus horrendas acciones. Es inevitable, desde 2017, comparar a la “kale borroka” vasca con los CDR (Comités de Defensa de la República) que camparon a sus anchas por territorio catalán cuando el golpista y fugado Puigdemont huyó como un cobarde. 

El pasado Junio y en estas mismas páginas al final de uno de mis artículos afirmaba  que un nuevo partido de extrema derecha ha nacido en España, el Partido Judicial Español. Y los hechos me están dando la razón, una facción mayoritaria de los togados de la cúpula judicial, sin haber pasado por las urnas, se han constituido en juez y parte para ir contra los poderes legislativo y ejecutivo.

Evidentemente, que el Supremo recurra la amnistía por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional es clarificador. En el auto de 49 folios se expresa con poderosos argumentos jurídicos, que el 1-0 fue un golpe de Estado y que la amnistía repugna a la igualdad ante la ley.  El Supremo está convencido de que se vulneran los principios de seguridad jurídica y que se ponen en cuestión la democracia y los valores constitucionales.

Dicen los expertos que lo último que pierde un moribundo es el oido y el tacto. Haciendo traslado de esta opinión profesional al campo social, sí que podríamos afirmar que es así. Cuando un Gobierno va perdiendo el “sentido” original de su mandato se constata que los últimos gritos que oirá serán los gritos de los pobres, los gritos de las injusticias, los gritos contra su indiferencia...

El problema catalán lleva ya demasiado tiempo enquistado, y eso es una pésima noticia. Desde el sector secesionista se quejan de las casi nulas aportaciones del Estado a su utópica e irrisoria República catalana: ¿qué más quieren los estafadores y golpistas independentistas catalanes?

La aprobación por mayoría absoluta del Congreso de la Ley Orgánica de Amnistía, habría encendido todas las alarmas en los despachos del 'establishment' españolista, quienes habrían preparado una trama judicial para retrasar 'in eternis' la entrada en vigor de la Ley de Amnistía e imposibilitar que Puigdemont pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos.

Cuando se comenzó a hablar de una Ley de Amnistía el expresidente Aznar lanzó un mensaje a los suyos: “quien pueda actuar que actúe”. Inmediatamente una parte de jueces y fiscales se adhirieron a tan sibilina llamada a boicotear la aún nonata ley. Un grupo de fiscales del Supremo se constituyeron en punta de lanza para impedir la aplicación de la amnistía contra la opinión del Fiscal General del Estado.

Desde el martes pasado, los jueces y tribunales tienen dos meses para aplicar esa brutal injusticia que llaman Ley de Amnistía. Tal plazo quedará paralizado si se eleva cualquier cuestión prejudicial al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Puedo garantizar, y así lo hago, que cualquier español serio se avergonzará de gran parte del contenido a medida que avance en su lectura.

Ya tenemos en vigor la Ley de Amnistía. No se han atrevido a publicarla en el periodo comprendido entre su aprobación y la fecha de las elecciones europeas. Siempre pasa lo mismo; no hay puntada sin hilo del PSOE: desde que desapareció Felipe González de la escena política, las campañas electorales y las propias elecciones no han dejado de ser enrevesadas. Aquella limpieza de partido, institucional y personal de la transición ha pasado a la historia.

Desde tiempos de Felipe V,  España siempre ha estado intentado mantener callados a los catalanes, y cuando el 1-O más de dos millones de ellos de forma pacífica votaron favorablemente una propuesta de República e independencia, desde Madrid les enviaron la policía española a apalearlos, y a los jueces, la Brigada Aranzadi, para, con unas especiales interpretaciones de la legislación, acallar las voces disidentes del pueblo catalán.

Un sistema de Monarquía Parlamentaria o República Parlamentaria que obligue a lo que, de forma concisa y clara ha manifestado el señor Javier Lambán, presidente de Aragón y secretario general del PSOE regional, terminará siempre en un fracaso social y en una realidad disimulada en la que “ordenan e imponen” los poderosos.

Dicha expresión procede del inglés "filibuster" y fue usada por primera vez en 1851. Inicialmente era "una técnica de obstruccionismo parlamentario encaminada a retrasar o bloquear la aprobación de una Ley o de un acto legislativo mediante discursos de larga duración", descollando en su uso Catón el Joven en la Roma de Julio César.

Algunos de los que ya hace tiempo que peinamos canas estas semanas recordamos aquellas manifestaciones de finales de los años 70 al grito de «llibertat, amnistía i estatut de autonomía». Estábamos saliendo de los siniestros años del franquismo y nos conformábamos con poco. Queríamos una amnistía que liberara de las cárceles a todos aquellos que se habían jugado la libertad y la vida por las libertades comunes.

El revuelo que ha causado el acuerdo entre el Gobierno central y los partidos independentistas, en relación con la ley de amnistía es entendible, porque, en el fondo, supone dinamitar el Estado de Derecho en España. Es el principio de un proceso continuo de cesiones, para mantenerse en el poder a costa de lo que sea.

Antes del 15 de marzo del año 44 a.C., los idus eran considerados como días de buena suerte pero a partir del asesinato de Julio César, la expresión " guardarse de los idus de marzo" adquirió el significado de "advertencia ante una posible fatalidad que conviene sortear". En el caso concreto de Pedro Sánchez, la fatalidad sería la imposibilidad de seguir en el Poder al estar aquejado su Gobierno del escándalo de corrupción conocido como "caso Koldo".

Hoy podremos ver como la inteligencia artificial (Puigdemontera) es capaz de unificar “las conciencias”, gracias a determinados conciertos económicos, que consiguen anular las individualidades, que no matar, sino comprarlas sin mirar costes. 

Cada vez que en España se habla de solucionar algún conflicto periférico, siempre hacen acto de presencia los “salvadores de la patria” para intentar boicotear las posibles soluciones que las partes en conflicto consideran oportunas para rebajar la tensión y llegar a algún tipo de acuerdo satisfactorio.

Este Gobierno está presidido por el mayor ególatra que hayan conocido los tiempos, posiblemente, aunque, si es cierto que la frase que se le atribuye la dijo él, seguramente nos encontremos con dos super-soberbios en la Historia. Me refiero a Luis XIV, cuando dijo aquello de “El estado soy yo”.

Pacto migratorio: Los países de la UE se librarán de acoger inmigrantes si pagan 20.000 euros por persona rechazada. Declara la maltesa Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. “Solidaridad obligatoria pero flexible”. El objetivo es acoger 30.000 refugiados por año, publica el diario 20 minutos. Repugna valorar la vida y muerte de personas: 20.000€ por 30.000 personas al año son 600 millones de euros anuales.

No dejan de mentir. Si hoy planchan huevos, mañana fríen corbatas. A eso lo llaman cambio de opinión. Para el Gobierno socialcomunista no existe la mentira; eso sí, la practican a diario, pero se la achacan al otro. Ellos dicen ser puros, limpios, transparentes y volcados con la ciudadanía; sin embargo, nunca más lejos de la realidad, hasta en eso mienten. ¡Caramba, qué tropa más desleal, indigna y vulgar!