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Durante los años álgidos del Procés, Cataluña se dividió en dos mitades: los que estaban a favor de la independencia y los que estaban en contra. La polarización a la que condujo el escenario vivido esos años supuso la desaparición provisional del amplio espacio intermedio, en el que, con diferentes sensibilidades, se mueve la mayoría de la población catalana. Ahora, el nuevo panorama surgido del flamante gobierno de Salvador Illa, con el voto de ERC y Comuns, confirma no sólo la colaboración entre formaciones que anteriormente se encontraban en bloques opuestos –algo que en los últimos años ya había empezado a suceder–, sino también que el mapa divisorio ya no es por cuestiones ideológicas o visiones diferentes respecto a la cuestión nacional, sino en relación a la propia política y vida institucional.
Hace diez años, Cataluña se dividía entre independentistas y no independentistas. Ahora, la división es entre los que se amoldan al sistema y los que se oponen. Es decir, entre los que aceptan el nuevo panorama y su gobierno, coincidan o no con sus planteamientos, y los que lo consideran indigno, sea por su propia condición o por los pactos que ha sellado para lograr la investidura. Como acostumbra a suceder en estos casos, los extremos, por opuestos que sean, acaban confluyendo.
A falta del aval demoscópico, la sensación generalizada en Cataluña (fruto de los estados de opinión, de los datos de otras encuestas, de los resultados electorales y del posicionamiento de diferentes agentes sociales) es que la constitución del nuevo ejecutivo se ha traducido en un cierto alivio. En primer lugar, por evitar unas nuevas elecciones –que hubiesen sido, más allá de especulaciones partidistas, un desastre para la clase política y para el propio funcionamiento de la Generalitat–, pero al mismo tiempo porque el mensaje transversal que ha transmitido Salvador Illa, así como la composición plural de su gobierno, conectan con el sentimiento amplio de la sociedad catalana y que se resume en tres puntos: un catalanismo gradual que ha de traducirse también en una mejora de la hasta ahora injusta financiación; la recuperación de un tono moderado que debe aportar confianza a amplias capas de la sociedad, y la definitiva liquidación de una época que ha dejado un cúmulo de factores negativos, en unos casos, por la frustración que ha supuesto no avanzar ni un solo centímetro en la supuesta soberanía y, en otros, por la tensión derivada de los excesos de la polarización.
Tras diez largos años, primero de tensión y polarización y últimamente, de relativo desconcierto, Cataluña vuelve a tener un gobierno que sitúa las prioridades en la gestión, pero también en la mejora y ampliación del autogobierno. Hoy en día, pocos son en Cataluña los que echan en falta el Procés. El balance de la apuesta independentista –algo legítimo, al margen que resulte de imposible ejecución en el contexto europeo– no ha dejado contento a nadie y, sobre todo, ha implicado una paralización y ralentización en la proyección de un país, que ha pasado de ser una locomotora ejemplar y envidiada a un vagón marcado por una cierta mediocridad.
El nuevo gobierno de Salvador Illa supone un triunfo de la gente de orden. El PSC ocupa actualmente en solitario el espacio central de la plural sociedad catalana que en otra época lideró CiU. Es el espacio que mejor sabe conectar con los deseos graduales de la heterogénea sociedad catalana. Desde que Artur Mas lanzara por la borda en 2012 la bandera de la moderación, este espacio ha estado desocupado durante todo este tiempo. Cierto es que el pragmatismo de Pere Aragonès intentó priorizar la gestión, sin renunciar a sus legítimas aspiraciones, pero el resultado –como se encargaron de mostrar los resultados electorales– no acabó de resultar suficientemente convincente.
Frente a este espacio central –que a buen seguro cuenta con un apoyo mayor al que representan los votos de la composición del Parlament–, Salvador Illa tiene enfrente, por una parte, a los que se oponen a las medidas de distensión, como lo fueron los indultos y ahora, la amnistía (PP y Vox) y por otra, a los que consideran que el avance en financiación supone una capitulación (Junts, CUP y AC). Una suma de ruidos que navegan en aguas del populismo y que hoy son la cara B de una Cataluña tan plural, que los acaba arrinconando en los extremos.
Aunque gracias a la negociación previa con el Gobierno, el Informe sobre el Estado de Derecho no incide en la cuestión de la Ley de Amnistía, la Comisión Europea no ha aparcado esta cuestión y está estudiando la posibilidad de abrir un procedimiento de infracción contra España, una vez que ha entrado en vigor la ley.
Era a finales de Julio que el presidente del Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, lanzaba una seria advertencia sobre las consecuencias que tendría aceptar la condición de ERC de una financiación singular para Cataluña al margen del resto de las Comunidades Autónomas.
El Tribunal Supremo ha recurrido la Ley Orgánica de Amnistía. Sus argumentos jurídicos ponen en evidencia el daño que la citada ley inflige a la igualdad entre españoles, al tiempo que denuncia que la naturaleza de lo sucedido en octubre de 2017 fue un golpe de Estado en toda regla.
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