La guerra ilegal contra Venezuela de la que no se habla

He sido siempre muy crítico con todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde 1999, cuando Hugo Chávez comenzó a gobernar. Lo fui especialmente en sus últimos años y, muy en particular, con la gestión, a mi juicio nefasta, de Nicolás Maduro. Y he tratado de basar siempre mis críticas en el análisis de los datos que mostraban las luces (indiscutibles) y las sombras (indisimulables) de la llamada «revolución bolivariana». En esta entrada de la web (https://juantorreslopez.com/7687/) hay una relación de los artículos que escribí en su día sobre lo que ocurría en aquel país y en los que se puede comprobar que señalé los errores, la corrupción galopante y la deriva autoritaria, entre otras cosas. Y soy también muy crítico en estos momentos con la forma en que el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a cabo el reciente proceso electoral.

Pero, precisamente porque he sido crítico desde el primer momento con lo que han hecho los gobiernos de Chávez y Maduro, es por lo que creo que tengo también la obligación de denunciar un par de circunstancias de las que apenas se habla:

a) La extraordinaria atención que se presta a Venezuela y la contundencia con la que se critica y ataca a su gobierno no se deben a que antes Chávez y ahora Maduro sean malos gobernantes o ni siquiera dictadores.

b) La gestión desastrosa y los evidentes problemas económicos que se viven en ese país, con su secuela de escasez, enfermedades, hambre y descontento, no son de exclusiva responsabilidad de los dirigentes bolivarianos.

Justifico ambas ideas a continuación y brevemente.

Es una evidencia que nadie puede negar que en el planeta hay dictadores y genocidas mucho más crueles, brutales, corruptos y peores gobernantes que los de Venezuela y que, sin embargo, no sólo no son criticados por Estados Unidos y las demás potencias, sino que incluso reciben su apoyo político, económico y militar en abundancia.

Si Venezuela se ha convertido en una especie de ogro o diablo al que se combate con tanta intensidad desde que Hugo Chávez comenzó a gobernar es, sencillamente, por algo que se oculta: Venezuela tiene las reservas de petróleo y de oro más grandes del planeta y lo que se propuso la revolución bolivariana fue que toda esa riqueza, a diferencia de lo que ocurría hasta 1999, se repartiese de una forma más justa. Un sólo dato creo que muestra mejor que nada lo que ocurría en la Venezuela anterior a Hugo Chávez: todavía en 2003, siete de cada diez venezolanos carecían de cédula de identidad; es decir, ni siquiera eran considerados oficialmente ciudadanos y se encontraban, por tanto, en completa indefensión, pues ni siquiera podían ser identificados como tales.

Por otro lado, es evidente también (yo mismo lo he mostrado en los escritos a los que hecho referencia más arriba) que los gobernantes bolivarianos cometieron multitud de errores tratando de repartir mejor la riqueza y que muchísimos de ellos se corrompieron, aprovechando la ocasión para hacerse multimillonarios, lo mismo que sucedía antes de la revolución. Y es evidente que esos errores han debido resultar muy dañinos para el resto de la población. Pero eso no es todo.

El hambre, la inflación, las carencias y la lamentable situación económica de ese país tienen muchísimo que ver también con una auténtica guerra, ilegal y no declarada oficialmente como tal, con la que se viene tratando de destruir a Venezuela y a su economía, en particular, desde que la gobierna Maduro.

En marzo de 2015, el presidente Obama declaró a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. A partir de ahí y de las sucesivas disposiciones legales de Estados Unidos, bancos internacionales han bloqueados cuentas del Estado venezolano, grandes empresas han dejado de comerciar con ese país y altos funcionarios han sido perseguidos y encarcelados, provocando daños civiles que están expresamente condenados por el derecho internacional. En particular, se produjo un embargo de las exportaciones del crudo venezolano y se prohibió venderle recursos esenciales, lo que privó de miles de millones de dólares a ese país y produjo escasez de combustible en su propio interior, crisis de suministro eléctrico y carencia de materiales básicos para la alimentación y el sistema sanitario. Estados Unidos impidió, además, que Venezuela utilizara sus reservas de oro para pagar alimentos, combustible, medicinas y otras importaciones. Para provocar el colapso de su economía, el presidente Trump declaró en 2017 que “todas las opciones están sobre la mesa”, y Estados Unidos y otros países, entre ellos España, han impedido que Venezuela tenga acceso a dólares para poder comerciar con el exterior y han bloqueado activos de su propiedad por valor de miles de millones de dólares.

Uno de los principales objetivos de la guerra económica contra Venezuela fue atacar y sabotear la labor de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Alimentos (CLAP), que trataban de proporcionar alimentos a bajo coste a la población. En 2016, 2019 y 2020 Estados Unidos estableció sanciones a las empresas que suministraran bienes o recursos a esos Comités. Contra Venezuela se ha ejecutado una auténtica «guerra de hambre».

Los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs calcularon los efectos de esa guerra económica: 40.000 muertes solo entre 2017 y 2018. Y la relatora especial de Naciones Unidas Alena Douhan informó que unos 2,5 millones de venezolanos sufrían de inseguridad alimentaria y 300.000 estaban en peligro de muerte por haber caído las importaciones en un 73%, debido a las sanciones y a pesar de que Venezuela tenía recursos para pagarlas. Según esta relatora, las sanciones provocaron que sólo pudiera funcionar el 20% del equipo hospitalario del país. Incluso se bloqueó el pago de vacunas contra el Covid para que el gobierno de Maduro no pudiera contar con ellas.

Como dijeron Weisbrot y Sachs en su informe, las potencias occidentales han aplicado un «castigo colectivo de la población civil», algo condenado por las convenciones internacionales de Ginebra y de La Haya, contrario a las leyes internacionales y a la propia legislación interna estadounidense.

No quito ninguna responsabilidad a la gestión del régimen de Nicolás Maduro, ni alivio sus errores o, ni mucho menos, su falta de transparencia y sus atentados contra la libertad, el pluralismo y la democracia. Pero, de igual modo, tampoco callo ante lo esencial: lo que buscan quienes hacen la guerra contra Venezuela no es esto último, democracia y libertad, sino apoderarse de nuevo de sus inmensas riquezas naturales.