El secreto sobre todo tipo de actuaciones tributarias, iniciadas por la AEAT a personas individuales o entidades societarias, es obligado por Ley.
Si los expedientes salen a la luz estamos ante actuaciones punitivas de origen en funcionarios irresponsables o en ejecutivos con intereses políticos; cualquiera de las formas son punitivas.
Toda publicidad continuada de informaciones sobre asuntos privados, derivadas de actuaciones de estructuras con responsabilidad reconocida por Ley, debería pasar por el tamiz deontológico y el judicial. En el campo jurídico existe lo conocido como "secreto sumarial", controlado por los jueces; en el entorno de los funcionarios se llama "prohibido las filtraciones".
Hoy, entiendo, se está consintiendo, irresponsablemente o por intereses políticos, la INVASION a todos los ámbitos de la sociedad, torpedeando el derecho a la intimidad personal, INCUMPLIENDO la normativa ya sea del SECRETO SUMARIAL o la que se deriva de la responsabilidad como FUNCIONARIO.
Que los posibles infractores sean personas públicas no anula la obligación jurídica del SECRETO; si por interés público se rompe el derecho a la reserva e intimidad de las personas, es de lógica se señale la fuenteorigen de la información.
Negarse a ello es asumir la posible responsabilidad personal en caso de no ajustarse a la veracidad. Sólo la autoridad judicial es competente para “abrir la información” privada, en base a las motivaciones jurídicas correspondientes.
La intimidad y privacidad en todos los aspectos de la vida personal y social son derechos, no un capricho en manos de interesados medios, profesionales, societarios o políticos. Lo vergonzoso es contemplar cómo estamos convirtiendo la vida social en un constante maniqueísmo informativo, ni controlado ni sancionado.
Hemos convertido la prensa, la televisión, a sus lectores o televidentes en jueces públicos que no respetan el derecho a la PRIVACIDAD, a la vez de no asumir su propia responsabilidad.
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