Objeto de la historia en febrero

El 4 de febrero de 1936, en Asunción, el Ministerio de Defensa del gobierno de Eusebio Ayala hizo público un comunicado sobre la detención de varios militares paraguayos de bien ganado prestigio en el Chaco. La circular fue publicada en el vocero Oficial del régimen. El portavoz del establishment se refirió a varios oficiales, afirmando que existían fundadas presunciones que estos estaban en contacto o connivencia con elementos subversivos, a su vez instigados y apoyados por organizaciones soviéticas.

Dos días antes, había sido detenido el coronel Rafael Franco, uno de los protagonistas más populares de la guerra entre los paraguayos. Junto con Franco fueron detenidos los mayores Antonio González y Basiliano Caballero, bajo la falsa acusación de comunistas.

Rafael Franco había sido el líder más aplaudido en el desfile de la Victoria, cuando los paraguayos salieron en masa a recibir a su ejército en Octubre, encendiendo las alarmas entre los jefes militares simpatizantes del gobierno.

El 26 de enero de 1936 había sido aclamado en un evento de la asociación de excombatientes de Itá, donde hubo fuertes críticas al gobierno de Eusebio Ayala, y afloraron inconformidades por los errores en la conducción de la recientemente concluida guerra del chaco.

Se sumó al problema de desmovilizar al ejército victorioso en la guerra del Chaco, la necesidad de elegir nuevas autoridades para el período 1936 a 1940. Ante ambos desafíos, el gobierno liberal y sus pilares políticos y económicos se comportaron con inoportunas vacilaciones y soluciones simplistas.

En lugar de abrirse a las reformas sustanciales y radicales que exigía la historia, la élite del partido hegemónico se vio superada ideológica y políticamente por las circunstancias, apelando a métodos represivos que derivaron en virulento detonante que terminaría por demoler el orden establecido y sus estructuras políticas.

Alejado de la realidad, el partido de gobierno dejó correr por varios meses un proyecto de reelección inconstitucional.

En los primeros días de enero el dirigente estudiantil Salomón Sirota había sido asesinado en una sede policial, y el hecho se hizo público en varios periódicos, los cuales luego de hacer conocer el tema fueron clausurados.

El Congreso había rechazado una partida para aliviar necesidades urgentes de los excombatientes, se negó dinero para comprar muletas a los lisiados mientras se desviaba sumas siderales de dinero para algunos privilegiados.

La desmovilización de un ejército victorioso había generado una crisis de consecuencias insospechadas. Eran los días finales de un andamiaje político que se había vuelto insostenible.