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Existen precedentes en los que se han redibujado los márgenes de la Constitución para acomodarla a los intereses y alianzas del Gobierno, ahora una de las exigencias Junts es la que atañe al control de la inmigración y las fronteras. Más allá de su viabilidad jurídica, una cesión tan estratégica para el Estado como es la inmigración constituiría un precio inasumible para España. La supervivencia de un Ejecutivo sostenido por una minoría parlamentaria jamás debería comprometer los fundamentos esenciales de la política nacional. En demasiadas ocasiones hemos visto cómo lo que parecía inimaginable se ha acabado materializando. Pero ceder la política migratoria supondría un daño tan definitivo como irreversible para la propia estructura del Estado.
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