La política, fundamento de la democracia

Para que en Catalunya no llegue la sangre al río hay que echar mano de la Política

Mario López

Mario López

viernes, 29 de septiembre de 2017, 08:01 h (CET)

Es obligación del Gobierno garantizar el cumplimiento de la ley (empezando por sí mismo, cosa que en ocasiones se pone en cuestión). También es su obligación ser gentil con sus contribuyentes y en Catalunya hay unos cinco millones y medio de ellos que quieren decidir sobre la forma en la que quieren estar vinculados al Estado español o, en su defecto, independizarse del Reino de España y declararse como nación independiente cuya forma de gobierno sería republicana.

El referéndum convocado para el próximo domingo 1 de octubre es ilegal, de acuerdo. Pero que sea ilegal no significa que su convocatoria y ejecución sean delitos (no existe artículo alguno en nuestro reglamento que lo acredite). Lo que sí sería un delito de rebelión es la declaración unilateral de independencia. Pero nunca es conveniente adelantarse a los acontecimientos.

El Gobierno se precipita, dando una imagen bastante bananera al conjunto del universo orbe, al promover una operación devastadora dirigida a boicotear el referéndum, precintando colegios, incautando urnas, persiguiendo empresas de artes gráficas, amenazando a funcionarios y organizando un manifiesto berenjenal en los cuerpos de seguridad del Estado confrontando lealtades tan contradictorias como inquebrantables. Cierto que no es el Gobierno, en última instancia, el que ha tomado esta deriva sino el Poder Judicial. Pero, claro, éste no actuaría de la forma que lo está haciendo si no hubiera sido a instancias del Gobierno.

Como, además de garantizar el cumplimiento de la ley, el Gobierno ha de mostrarse gentil con el contribuyente (y más de cinco millones quieren votar), lo razonable sería que dejara, e incluso facilitara, la celebración del referéndum, apercibiendo a los votantes de que el resultado del mismo sería irrelevante pues resultaría de una convocatoria ilegal. Y aquí paz y después gloria. Al menos eso es lo que sucedió con Macià y Alcalá Zamora en 1931: a la declaración independentista del primero le sucedió una respuesta mesurada del segundo que culminó en una solución pactada, el Estatut.

Creo que el Gobierno de Mariano Rajoy está perdiendo una oportunidad histórica de restañar muchas seculares heridas en la dignidad del pueblo catalán y, por el contrario, parece dispuesto a agrandarlas. Esperemos que el 1 de octubre no llegue la sangre al río. Y para que ello no ocurra habrá que echar mano de la Política, dejando al margen a jueces y policías.

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